La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, incrementó las alegaciones contra el gobierno venezolano por violaciones de libertades públicas y derechos individuales, en un informe oral que se ventiló este miércoles en Ginebra. El Grupo de Lima, que agrupa a la mayoría de los países latinoamericanos, líderes de las denuncias internacionales en la materia, apoyó la intervención de la Alta Comisionada (Perú, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Ecuador).

La posición del núcleo de estos países se vio hoy reforzada porque Argentina la ratificó no obstante el cambio de Mauricio Macri por Alberto Fernández, al frente del gobierno nacional en Buenos Aires, con el añadido de la preocupación por “el impacto de las sanciones económico-comerciales y financieras sobre la economía venezolana… teniendo efectos concretos sobre la población más vulnerable”. Y porque circuló en las conversaciones que animaron confidencialmente la audiencia de Ginebra que Uruguay se incorporaría a dicho grupo de países, luego que el próximo 1 de marzo, asuman las flamantes autoridades electas, del nuevo presidente Luis Alberto Lacalle Pou.

Bachelet reveló nuevos hechos que agravan la situación en Venezuela, en relación a discursos anteriores de julio y septiembre pasado, que robustecieron los indicios de presuntos crímenes de lesa humanidad, sumados a pruebas en tal sentido presentadas con anterioridad por su predecesor, Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein en 2017 y 2018. Todos estos datos se encuentran a estudio de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, que podría crear una jurisdicción especifica si la justicia venezolana termina demostrando que no va a juzgar las graves violaciones iniciadas en 2014.

Bachelet recordó que firmó hace tres meses una “carta de entendimiento” con el gobierno de Nicolás Maduro para abrir una oficina en Caracas, con dos de sus funcionarios de planta permanente, acuerdo todavía mantenido en secreto. Los enviados realizaron 9 visitas a cárceles, “entrevistando a 70 personas”, pero no pudieron también visitar otros centros de detención “de los servicios de inteligencia civil y militar”. Documentaron “118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres) que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación”, y/o liberación “por cumplimiento de pena”. La Unión Europea exhorto a que se establezca una oficina “permanente” de Bachelet en Caracas, con el suficiente personal para atender los graves problemas que debe enfrentar, en particular “la prevención, investigación, rendición de cuentas, reparaciones y garantías de no repetición”. Bachelet anunció que una evaluación al respecto se llevara a cabo con el gobierno de Nicolás Maduro en marzo 2020.

La Alta Comisionada “destacó la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos políticos” y pidió “a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares”, y que se cumplan las solicitudes en tal sentido del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Instó a que el diputado Juan Requesens, recupere “su libertad plena” y criticó que “en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, se presentaron restricciones”, como además ha sucedido con “otros 14 casos en juicio”, toda vez que “solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de audiencia”. Bachelet requirió “al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y del principio de publicidad”.

Continúan los “actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad”, en el marco de protestas permanentes de la población por la crisis generalizada que no cesa, unas 4.433 movilizaciones, contabilizadas por el duo de Bachelet en el terreno. Prosiguen las “ejecuciones extrajudiciales” de las parapoliciales FAES, pese al llamado de la Alta Comisionada que deben ser disueltas, al tiempo que rebrota el paramilitarismo en el Estado de de Bolivar, “involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero”. Entre el 16 y el 21 de noviembre últimos, desaparecieron 5 personas que se concentraban para manifestar en el Estado de Lara, mientras se mantiene la tasa de “60,3 homicidios violentos por cada 100’000 habitantes, y se produjeron, entre otros, dos asesinatos significativos: el del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada Angulo y el del ex gobernador oficialista Johny Yañez Rangel.

La situación humanitaria sigue agravándose, en virtud de los datos enumerados por la Alta Comisionada. Un sector minoritario de la población tiene “acceso a divisas” para cubrir los “altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización”. El poder adquisitivo de la población ha perdido “el 72,5% desde principios de 2019”, prosiguen “las fallas de los servicios públicos”, y “los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados”. La desnutrición se expande en menores y mujeres embarazadas. Los cálculos de la ONU y la Cruz Roja estiman que la emigración, actualmente de 4,7 millones de personas, alcanzará en 2020 unas 6,5 millones de personas, susceptible de superar la de la guerra en Siria, pese a que los pasaportes para viajar aumentaron “en un 70%” a un precio “equivalente a 54 salarios mínimos”.