La situación judicial del Juez Pedro Hooft se ha transformado a todas luces en un caso emblemático del funcionamiento de la justicia y la política en nuestro país. Cuando parecía que la causa había encontrado un punto de inflexión en marzo del año 2018, luego de 12 años de proceso, con el sobreseimiento en primera instancia del magistrado provincial, una reciente resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata le brinda un posible nuevo giro a un caso que parece no tener fin.

Con fecha 12 de diciembre de 2019, dos días después de la asunción del nuevo gobierno kirchnerista, el Tribunal de Alzada decidió “revocar el auto que dispone el sobreseimiento de Pedro Cornelio Federico Hooft”, al igual que siete procesados más, entre ellos Carlos Haller, Jorge García Collins, y Alicia Ramos de Fondeville –conocida por ser la Jueza del caso Monzón-. La presentación ante la Cámara había sido hecha por la Fiscal Laura Mazzaferri, muy allegada a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, y por la Dra. Gloria Del Carmen León, representante de la Secretaría de DDHH de la Nación, denunciante original del magistrado, entre otros. La audiencia fue realizada el 18 de septiembre último, más de un mes después del triunfo de Alberto Fernández en las PASO. La querella, en sus recursos de apelación, adujo “falta de fundamentación del resolutorio”. El 1 de marzo de 2018, el dr. Hooft había sido sobreseído por el Juez Federal de Azul, Martín Bava, sexto magistrado instructor desde el comienzo del caso.

Si bien allegados a Hooft manifestaron que la resolución “no es tan mala”, y que “ahora hay que esperar”, lo cierto es que llama la atención la concordancia de las fechas y la prolongación de una situación que se asemeja cada vez más a una cuestión personal. El argumento principal en el que se apoya la defensa del Juez lo sostiene uno de sus más íntimos allegados: “Lo que pasó es lo menos malo. Si la Cámara no hubiera hecho lugar a la apelación de la querella, habría llegado a Casación. Y allí espera Alejandro Slokar”. El mencionado camarista es un conspicuo integrante de Justicia Legítima, la agrupación judicial K, que se revitalizó a partir del triunfo de la fórmula Fernández-Fernández del pasado octubre y que posee en Mar del Plata un fuerte arraigo. Lo que cuestiona la Cámara de Mar del Plata es la falta de razones del Juez Martín Bava por las cuales arriba al sobreseimiento de su colega provincial, conminándolo “a emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado, con la celeridad que las circunstancias imponen” (en marzo se cumplirán 14 años de tramitación), a la vez que le pide que analice y valore las pruebas. Para dicha resolución, el Tribunal fue integrado por su Presidente, Alejandro Tazza, por el titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, y por el camarista platense, Julio Víctor Reboredo, cuyo hijo es uno de los 20 jugadores de “La Plata Rugby Club” que desaparecieron durante la última dictadura.

El Juez en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata Pedro Federico Hooft fue denunciado por delitos de lesa humanidad el 6 de marzo de 2006 mediante una querella criminal iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo por entonces del fallecido Eduardo Luis Duhalde. Los términos exactos de la denuncia fueron “engranaje funcional y partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad”. Al magistrado se lo acusa por una presunta falta de acción en la tramitación de “Hábeas Corpus” presentados en su Juzgado en 1977, en especial ante detenciones ilegales ocurridas en lo que se llamó “La noche de las corbatas”, donde fue secuestrado un grupo de abogados marplatenses.

Uno de los hechos más recordados ocurrió el lunes 11 de marzo del año 2013 cuando su hijo y abogado, Dr. Federico Hooft, se acercó a la casa del Fiscal Federal Subrogante Claudio Kishimoto, que procuraba la causa. Allí, el representante del Ministerio Público confesó que la causa era “un gran verso”, y que estaba todo armado. El hecho tomó estado público porque el Dr. Hooft grabó toda la conversación con el Dr. Kishimoto, y de allí en más se inició una larga discusión acerca de la valoración de la prueba, a pesar de la gravedad de lo dicho por Kishimoto. César Sivo, uno de los abogados defensores del ex titular de AFIP Ricardo Echegaray y señalado como uno de los grandes “armadores” del proceso contra Hooft, por mantener con éste una fuerte enemistad laboral, producto de un caso de corrupción investigado por el Juez donde Sivo estuvo involucrado en la década del ´90, llamativamente no concurrió a la audiencia llevada a cabo el 18 de septiembre último, por lo que la Cámara desestimó su apelación.

Casi siete años después de radicada la denuncia primigenia, más exactamente el 5 de marzo de 2013, el Dr. Hooft fue suspendido provisoriamente en sus funciones y privado del 40% de su sueldo. El 17 de marzo de 2014, comenzó el debate oral y público ante el Jury de Enjuiciamiento presidido por el Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires Juan Carlos Hitters. El Jury lo integraban, además, cinco conjueces, representantes de distintos Colegios de Abogados bonaerenses, y cinco legisladores nacionales. Finalmente, a fines de abril del mismo año, el Jury absolvió al Juez con un contundente 8 a 2 y decidió restituirle su cargo y su sueldo completo. Justamente, esta resolución fue el principal argumento esgrimido por el magistrado Martín Bava para sobreseer a su colega. La Cámara le ordena al juez que considere las pruebas de dicho Jury y las compare con las de la causa penal, ya que al no haberlo hecho, “esto genera que este Tribunal se vea impedido de efectuar un análisis puntual y razonable de las circusntancias acaecidas en la presenta causa”. Y la propia querella en su presentación desestima el valor jurídico del Jury, aun habiendo sido éste muy categórico en sus fundamentos. Juristas consultados por este medio afirmaron comprender desde el punto de vista estrictamente jurídico la resolución del Tribunal, a la vez que subrayaron la contundencia de los votos del Jury, por lo que dejaron traslucir la disconformidad con la decisión en segunda instancia.

El problema que se presenta es que entre la decisión del Jury y la absolución dictada por Bava transcurrieron casi cuatro años, por lo que los motivos del apresurado fallo del Juez de Azul nunca terminaron de estar demasiado claros, inclusive para la propia defensa de Dr. Hooft, más allá de la justicia de la decisión. “La verdad es que el fallo de Bava fue muy malo”, aceptan cerca del magistrado marplatense. Tal vez las razones haya que buscarlas en la prolongación absurda y sin sustento del proceso. Martín Bava siempre fue sindicado como un protegido del ex camarista Jorge Ferro, quien debió renunciar a su cargo en la Cámara de Mar del Plata cercado por denuncias de trata de personas y lavado de activos. Llamativamente, la dimisión tuvo lugar en marzo de 2018, unos pocos días después del dictamen absolutorio de Bava.

Cabe consignar que en su momento, los abogados del magistrado denunciaron persecución y encarnizamiento personal contra su defendido, basándose en que Bava lo había llamado seis veces a indagatoria. Previo a la realización del Jury, la propia Cámara de Mar del Plata le dijo expresamente a Bava que espere a la resolución del mismo para citarlo. Y pese a que el Jury lo absolvió por amplia mayoría, el Juez lo volvió a citar a indagatoria. Como el Dr. Hooft nunca se presentó, Bava lo declaró rebelde. Y en 2016, dos años después de realizado el Jury, expandió el proceso imputando a más personas que revestían funciones judiciales en 1977, en una decisión que en su momento fue calificada de “desesperada y alocada”, a quienes finalmente también sobreseyó en marzo de 2018, pese a que ninguno de ellos había estado incluido en el Enjuiciamiento de 2014.  Ellos son Gastón L´Homme, Rodolfo Morales Ridecos, Edgardo Bernuzzi, Alicia Morrell, y los mencionados Haller, García Collins, y Ramos de Fondeville. En ese sentido, los camaristas afirman en su resolución que “la decisión del Juez de grado nada dice respecto del modo en que lo allí resuelto influiría en la situación del resto de los imputados”.  

En la causa, cobró suma relevancia el testimonio de la esposa de una de los juristas desaparecidos durante “La noche de las corbatas”, Marta García, cónyuge de Jorge Candeloro, (en los hechos, la única testigo de fuste) quien afirmó haber visto al Juez en la Comisaría Cuarta de la ciudad balnearia, que oficiaba en aquellos años como Centro de Detención, y no haber hecho nada por los detenidos en forma ilegal.

Los votos de los miembros del Jury más contundentes fueron los siguientes: “La señora García, en ninguna de sus deposiciones anteriores reveló la circunstancia del llamado que le hiciera al Dr. Hooft en la ocasión en la que este realizaba sus visitas, como asimismo en ningún momento reveló el dato de que lo pudo ver al enjuiciado a través de una mirilla que estaba en su puerta…… Las expresiones resultan ser muy vagas e imprecisas”. (Juan Carlos Hitters, Presidente del Tribunal).

“Resulta poco creíble que (Marta García) reconociera su voz, cuando jamás había hablado con Hooft. En su declaración ante este jurado el día 26/03/2014 manifestó que estando en la Comisaría Cuarta escuchó decir “Juez Hooft” y que para ella resultó una esperanza de vida, no pensó en que la sacaran, sino que le pudieran decir a su familia que estaba viva. Lo que marca una seria contradicción, ya que en el Juicio por la Verdad la testigo había dicho que un policía que vivía cerca de la casa de sus padres le había avisado a estos que ella estaba ahí, pero con la condición de que no dijeran nada. Pero no puedo dejar de expresar mi perplejidad ante una nueva mutación en la declaración de la testigo, diciendo ahora que cuando escucha decir que viene el Juez Hooft se asoma por la mirilla de su celda y ve al acusado. Asombro porque al comparar los dichos de la testigo con la realidad material que no requiere de prueba, es que las mirillas de las puertas ciegas de las celdas se encuentran del lado de afuera de las mismas, no del lado de adentro, están de ese modo para ser abiertas y cerradas por los carceleros” (Conjuez Héctor Martin)

En otro párrafo del voto del Dr. Hitters, el Presidente del Tribunal afirma que “tengo en cuenta la actitud y compromiso asumido por el Dr. Hooft en relación a las condiciones de alojamiento advertidas en las visitas a Comisarías en la época de mención….Al menos en tres oportunidades los jueces penales redactaron notas dirigidas a la Suprema Corte reclamando por las condiciones de alojamiento de personas detenidas a disposición de la justicia provincial”. 

El 13 de septiembre de 2016 la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ratificó la resolución del Jury. Hasta que la propia Corte de la Nación el 28 de febrero de 2018 confirmó la absolución de Pedro Hooft, por lo que un día después, el 1 de marzo, el juez Martín Bava decidió sobreseer al Juez, alegando que “los dichos de Marta Garcia son inconsistentes y el delito no fue cometido por el imputado. Los hechos que son objetos de investigación en la causa penal eran los mismos que investigaron en el Jury de enjuiciamiento”.

Un posible antecedente de la decisión de la Cámara quizá sean las impugnaciones que sufriera Federico Hooft, actual Secretario Federal del Juzgado 3 de Mar del Plata, quien fuera propuesto por el Gobierno de Mauricio Macri para ocupar el cargo de Juez titular del Juzgado 1 de aquella ciudad, que se encuentra subrogado desde 2015. El hijo del magistrado provincial fue impugnado por organismos de derechos humanos tales como Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), y la agrupación H.I.J.O.S., entre otros. Finalmente, el pliego de Federico Hooft no fue tratado por la Comisión de Acuerdos del Senado en junio del año pasado debido a las ausencias de los senadores kirchneristas Marcelo Fuentes y Anabel Fernández Sagasti, que generaron falta de quórum.

Ahora, las actuaciones vuelven a estar en manos del Juez Martín Bava, quien deberá fundar en detalle los motivos del sobreseimiento de Pedro Hooft. Pese a que en el entorno del magistrado marplatense se muestren optimistas, nadie se anima a arriesgar qué puede ocurrir, habida cuenta de los propios antecedentes de todo el proceso, desde sus comienzos hasta la meneada instrucción del propio Bava, y de la permeabilidad que suele mostrar el poder judicial respecto a los tiempos políticos. El Observador