El eterno caso del juez de Mar del Plata Pedro Hooft (foto portada) parece llegar a su fin. El pasado 17 de marzo, la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad confirmó el sobreseimiento del magistrado que había dispuesto su colega Martín Bava el 11 de diciembre de 2020.

Con las firmas del presidente del cuerpo, Alejandro Tazza, y de Santiago Martín, titular del juzgado federal 2 marplatense, quien integró el tribunal para esta ocasión, la resolución resulta muy contundente al sostener que para “el debido ejercicio de la función para la que fuimos designados también importa que al verificarse, como en el caso, con prueba solida la ajenidad de determinada persona en una investigación penal, ese sujeto deba ser despojado del reproche que se le hace ni bien su ausencia de responsabilidad quede corroborada de modo indubitable”.

Y agrega: “En ese sentido, entendemos que con el devenir procesal se ha podido reunir prueba suficiente para descartar la participación de los encartados en los hechos que le fueron recriminados”. De esta forma, comienza a llegar a su fin un proceso que fue prolongado absurdamente durante más de 16 años.

El Juez en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata Pedro Federico Hooft fue denunciado por delitos de lesa humanidad el 6 de marzo de 2006 mediante una querella criminal iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo por entonces del fallecido Eduardo Luis Duhalde.

Los términos exactos de la denuncia fueron “engranaje funcional y partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad” contra “…quienes puedan resultar coautores, instigadores, cómplices, participes de cualquier clase y/o encubridores de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos seguidos de muerte, violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad reiterados, prevaricato y denegación de justicia reiterados, y supresión de objetos destinados a servir como prueba”.

Al magistrado se lo acusaba de una presunta falta de acción en la tramitación de habeas corpues presentados en su Juzgado en 1977, en especial ante detenciones ilegales ocurridas en lo que se llamó “La noche de las corbatas”, donde fue secuestrado un grupo de abogados marplatenses.

Sin embargo, luego de 16 años de un derrotero interminable, la Cámara de Apelaciones marplatenses fue tajante a la hora de desacreditar la acusación. Los camaristas señalan que “las declaraciones de varios de los testigos que han sido escuchados son contesten respecto a la actitud asumida por el Dr. Hooft en cuanto a la atención y recepción de las víctimas, familiares u organismos que acudían a expresar su preocupación por los hechos acaecidos, además de la atención y seguimiento personal que el magistrado realizaba de los habeas corpus presentados”.

En otro párrafo de la resolución de 30 páginas, la Alzada concluye: “Estas pautas permiten estimar que el Dr. Hooft habría utilizado los medios a su alcance para dar con la realidad de lo sucedido, ello claro está con las limitaciones lógicas propias de ese tiempo, donde el poder real -en definitiva- lo ostentaban los jefes de los cuerpos militares operativos en las distintas jurisdicciones”. Y para no dejar dudas, los dres. Tazza y Martín afirman que “en muchos de los habeas corpus presentados se verifica que se han realizado las averiguaciones de ley a fin de dar con las personas que estaban desaparecidas”.

El 12 de mayo de 2008, eldr. Francisco Marcelo Razona, abogado en 1977 del padre de uno de los juristas desaparecidos, Jorge Candeloro, le envió una carta al Juez Hooft en todo esclarecedora, de las maniobras urdidas para inculparlo. En ella, el prestigioso letrado afirmaba que el motivo de la misiva obedecía a un “imperativo de conciencia en conocimiento de la inicua campaña desatada en su contra…..Ud daba ejemplo de dedicación, siempre preocupado por el trato a los detenidos, fiscalizaba permanentemente la Instrucción Policial…..inspeccionaba todas las dependencias policiales a cualquier hora y día….”.

Luego, se refiere a lo más importante: “El referido Hábeas Corpus fue tramitado por mí. Yo hice el escrito inicial y acompañé al peticionante, Don Nicolás Candeloro. La acción tenía por objeto ubicar al Dr. Jorge Candeloro y su esposa Martha Haydee García, quienes habían sido detenidos el lunes 13 de junio de 1977 en la ciudad de Neuquén”. Y agrega: “El mismo día de la presentación de la acción ud dispuso el primer despacho requiriendo informes a todas las dependencias locales, para que se informara la detención, motivos y autoridad a cuya disposición se encontraban, con orden de que los informes debían ser presentados a las 8 hs del día siguiente en su Juzgado”.

Como ya se dijera, el 11 de diciembre de 2020, el juez federal Martín Bava, en su carácter del titular del juzgado de Azul, había sobreseído al magistrado, junto a otros colegas, al considerar que “nunca pudo corroborarse en autos que los encausados hubieran emprendido adrede conductas funcionales que pudieran proyectarse de algún modo en un supuesto delito de lesa humanidad -en el sentido de favorecimiento o adhesión con el gobierno militar de facto- en tanto aquellos se limitaron al estricto cumplimiento de la normativa procesal penal provincial (ley 3589), como así también de las disposiciones nacionales de la época”.

Además de Hooft, la Cámara de Apelaciones también confirmó los sobreseimientos de Federico Gastón Amadeo L’home, Rodolfo Bernardino Morales Ridecos, Edgardo Osvaldo Bernuzzi, Carlos Enrique Reinaldo Hallen, Jorge Horacio Gabriel García Collins, Alicia María Teresa Ramos De Fondeville y Alicia Morrell, que habían sido imputados en 2016 por el dr. Bava, en una decisión que fue calificada en su momento de “desesperada y alocada”. Es que Bava, que en 2o21 procesó al ex presidente Mauricio Macri por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes fallecidos del ARA San Juan, alargó la instrucción contra Hooft en forma absurda durante mucho tiempo.

7 años después de radicada la denuncia primigenia, más exactamente el 5 de marzo de 2013, el Dr. Hooft fue suspendido provisoriamente en sus funciones y privado del 40% de su sueldo. El 17 de marzo de 2014, comenzó el debate oral y público ante el Jury de Enjuiciamiento presidido por el entonces Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires Juan Carlos Hitters, que finalmente absolvió al Juez con un contundente 8 a 2 y decidió restituirle su cargo y su sueldo completo.

En la causa, cobró suma relevancia el testimonio de la esposa de una de los juristas desaparecidos durante “La noche de las corbatas”, Marta García, cónyuge de Jorge Candeloro, (en los hechos, la única testigo de fuste) quien afirmó haber visto al Juez en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, que oficiaba en aquellos años como Centro de Detención, y no haber hecho nada por los detenidos en forma ilegal.

Al respecto, uno de los votos de los miembros del Jury más contundentes afirmó que “la señora García, en ninguna de sus deposiciones anteriores reveló la circunstancia del llamado que le hiciera al Dr. Hooft en la ocasión en la que este realizaba sus visitas, como asimismo en ningún momento reveló el dato de que lo pudo ver al enjuiciado a través de una mirilla que estaba en su puerta…… Las expresiones resultan ser muy vagas e imprecisas”.

En rigor de verdad, el magistrado ya había sido sobreseído por Martín Bava, pero su resolución fue tan escueta que la propia Cámara le pidió, al revocar el fallo, que fundamente mejor su decisión. Ello ocurrió el 12 de diciembre de 2019. El primer sobreseímiento de Hooft tuvo lugar el 1 de marzo de 2018, un día después que la Corte Suprema de la Nación confirmara la absolución del juez provincial por parte del Jury mencionado. Cabe recordar que el 13 de septiembre de 2016 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también había ratificado la resolución del tribunal.

Tan cuestionada fue la actuación de Bava en este expediente, que lo que cuestionó la Cámara de Mar del Plata fue la carencia de razones del juez a través de las cuales arribó al sobreseimiento de su colega provincial, conminándolo “a emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado, con la celeridad que las circunstancias imponen”. Para dicha resolución, el Tribunal también estuvo integrado por Alejandro Tazza y Santiago Martín.

En su nuevo fallo, los mismos camaristas afirman que durante los largos 16 años de proceso, “se ha podido reunir prueba suficiente para descartar la participación de los encartados en los hechos que le fueron recriminados, toda vez que los elementos obrantes en autos permiten sopesar la ajenidad de los nombrados en el designio criminoso instituido en el caso”.

La citada resolución fue emitida a partir de un recurso de apelación presentado el 16 de diciembre de 2020 por la Secretaría de DDHH de la Nación, y por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), representada en este acto por el abogado César Sivo. Ahora los mismos actores se presentarán en queja ante Casación.

La defensa del Dr. Hooft nunca dudó en afirmar que el autor intelectual de las denuncias contra el Juez sería, justamente, eldr. Sivo. Según se cree, dicho abogado, como representante de la agrupación H.I.J.O.S., cuya filial local fue fundada por la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quien en su momento formó parte de un escrache contra la familia del magistrado, y en su carácter de abogado ante la APDH, logró que tales organismos no impugnen en 2006 la nominación de Daniel Adler como fiscal federal de Mar del Plata.

Pero además, Sivo fue defensor de Marcelo García Berro, ex fiscal ante el Tribunal Oral Federal marplatense, quien fuera procesado, casualmente, por el dr. Hooft en la causa popularmente conocida como “El loco de la ruta”, donde se investigó la muerte de varias prostitutas y la desaparición de 3 de ellas, ocurridas entre fines de los años 90 y comienzos de 2000. El Procurador de entonces, Nicolás Becerra, apartó a García Berro de sus funciones en el año 2002.

Por último, se afirma que en causas que tramitaban en el Juzgado del dr. Hooft, se comprobaron diversas y graves irregularidades cometidas por el propio Sivo, que le costó el cargo de Secretario Penal de un Juzgado, viendo de este modo interrumpida su anhelada carrera judicial. Por aquellos hechos, la Corte Suprema le abrió el sumario 3001-259/90. 

Además de integrar la defensa del ex titular de AFIP. Ricardo Echegaray, César Sivo es abogado de Alejandro Ferrarello, presunto dueño de un prostíbulo, y de Juan Pablo Offidani, acusado de ser uno de los femicidas de Lucía Pérez, en octubre de 2016.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que representa Sivo, a su vez es amicus curiae en la causa que impulsa la condena a los asesinos de Lucía. Pero él defiende a uno de los presuntos femicidas.