La administración de los Fernández continúa con su política vacía de contenido y no vacila en abrir nuevos frentes tanto internos como externos.
Así mientras confronta a nivel doméstico con los bancos que al mismo tiempo son acreedores netos del Estado, arremete contra los acreedores externos a quienes exige una quita en la deuda que el mismo Estado generó desde el default de 2002.
En el plano local, tras haber fracasado las negociaciones de buena voluntad con los bancos, el Banco Central decidió unilateralmente, una baja en la tasa de interés que cobran los bancos por la financiación de los saldos en las tarjetas de crédito y les colocó un techo de 55% igualando la inflación de 2019.
Sin perjuicio de ello, el BCRA busca que los bancos absorban gran parte del pasivo que tienen los consumidores con el sistema para que nuevamente se pueda retomar el consumo mediante la utilización de los plásticos, tras haber ahogado a la economía con la enjundia del paquete de aumento de impuestos.
Con los minutos contados y esperando el reclamo de algún sector, el gobierno está apostando decididamente a incrementar el consumo interno frente a lo que evalúan como un masivo reclamo por la reactivación prometida, aún desde sectores afines a la coalición gobernante.
A nivel externo, la situación es más compleja ya que contrariamente a lo que suponen muchos medios y analistas, el FMI le soltó la mano a la Argentina, sin haber hecho un mea culpa, tras su estrepitosa evaluación de la economía argentina durante la gestión de Mauricio Macri.
A poco de leer el documento, se advierte el rápido movimiento de Georgieva y el board del FMI. Con su habitual diplomacia, el organismo publicó un documento que no apoya al país, pero es una “dulce melodía” en los oídos de los Fernández: la deuda es insostenible y los acreedores debieran contribuir a una solución al tema de la deuda.
Sobre la base de estos dos argumentos, el gobierno traduce un apoyo del FMI cuando en realidad, el organismo “virtualmente”, le soltó la mano a la Argentina y lo mandó a negociar con los acreedores privados.
Pero los bonistas ya han fijado su posición: no habrá quita y sólo habrá postergación en el pago del capital siempre y cuando se paguen los intereses en tiempo y forma, un objetivo que el gobierno nacional no alcanza a cumplir, teniendo en cuenta el actual nivel de gastos y el déficit primario.
El gobierno ahora recurre a “la magia” de emitir para reactivar el consumo y tapar la crisis de pagos. Lo que no sabe el gobierno (¿o sí lo sabe y lo hace?) es que emitir dinero es comprar inflación futura y deteriorar el tipo de cambio real, alimentando una nueva devaluación que tornará al país en ingobernable.