A fines de noviembre del 2019, el entonces presidente saliente Mauricio Macri firmó el decreto 795/2019 que modificaba la Ley nº 25.764, sancionada en el año 2003, con el fin de otorgarle mayor autonomía al Programa de Protección a Testigos.

Dicha iniciativa creaba la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados como un ente autárquico, aunque funcionaría bajo el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La proyección en sí refería a la propuesta de un nombre por parte de la Cámara Federal de Casación Penal para el cargo de director nacional de la Agencia, quien luego pasaría a la órbita del Ministerio de Justicia para, por último, ser designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, a mediados de febrero del presente 2020, el presidente Alberto Fernández derogó dicho decreto con otro (168/2020) fundamentando que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior".

Más allá de que resulte cierto que el ex jefe de Estado haya planteado la iniciativa en forma bastante tardía, cuando el actual primer mandatario se refiere a la “finalización del mandato del Gobierno anterior” está haciendo una clara alusión a los intereses políticos, lo cual, echa por tierra todo lo antedicho por la misma persona.

En los considerados de la misma medida se detalla "que ante tales circunstancias, corresponde derogar el Decreto N° 795/19 y restablecer el diseño institucional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados".

En ese sentido, el 19 de marzo del corriente año, se designó al nuevo director del programa, Santiago Eguren, no casualmente uno de los apoderados del Frente de Todos, además de haber trabajado en la exSide durante una parte del segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández.

Como director del mencionado programa, Eguren responderá directamente a la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, es decir a su titular: Juan Martín Mena.

Pero… ¿Quién es este último?

Mena es un camporista con estrecha cercanía a la vicepresidenta Cristina Fernández. Se recibió como abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y llegó a ser el nº2 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el 2015.

No obstante, la mayor parte de su carrera política transcurrió en el Ministerio de Justicia de la Nación. Por caso, en 2005 supo ser asesor de la Subsecretaría de política Criminal, entonces comandada por el doctor Federico Horacio Ramos.

En el año 2009, fue ascendido y puesto al frente de la mencionada subsecretaria, logrando en el año 2010 agregar el cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación.

Un año más tarde, fue ratificado en el mencionado cargo, el cual realizaba actuaciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos. E incluso, llegó a ostentar bajo su órbita dentro de la Cartera de Justicia la Unidad AMIA.

Para diciembre del año 2014 deja su cargo para convertirse en el “señor 8”. Se trata del subsecretario de Inteligencia de la entonces SIDE, allí tuvo un rol superlativamente relevante.

Dicho sea de paso, en una carta de presentación que el medio k El Destape Web hizo en los últimos meses, parece haberse colado un dato de una importancia inusitada para entender quién es este personaje: “El presidente (Alberto Fernández) anunció que derogará el decreto 656 de (el ex presidente) Mauricio Macri, por el cual desarticuló toda la reforma del aparato de inteligencia y le devolvió el oscurantismo del dinero a piacere y sin rendiciones. En toda esta discusión, Mena tuvo un rol clave”.

Mena es un tipo oscuro, como puede notarse, y de hecho, estuvo involucrado en la causa por las escuchas referidas a la Ruta del Dinero K y fue señalado como uno de los que presionaban jueces.

Por caso en febrero del 2017, el fiscal Ramiro González imputó al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli y al otrora subsecretario de inteligencia, Juan Martín Mena, por tráfico de influencias.

La imputación quedó argumentada por las escuchas en las que Parrilli le pide a Mena que se interponga ante el juez federal Sebastián Casanello para que no avance contra el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray en el marco de la causa denominada “La Ruta del Dinero K”.

Según se desprende de estos audios, los primeros en hablar fueron Echegaray y Parrilli, luego, éste último se contactó con Mena para que le peticione al ex secretario de Justicia Julián Álvarez (también camporista) que interceda frente a Casanello.

Una digresión al respecto: Álvarez fue quien más pregonó la “democratización de la justicia” e intentó remover al fiscal José María Campagnoli por sus investigaciones sobre la misma causa.

Incluso puede mencionarse a este último como un denunciante del fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien se encontraba a cargo de la megacausa de corrupción de los cuadernos, aunque lo hizo bajo las órdenes de la hoy vicepresidenta. “Siguiendo expresas instrucciones de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, formulé denuncia por mal desempeño y, en consecuencia, solicité el juicio político del Dr. Claudio Bonadio” habría declarado a mediados del 2018.

En fin, además de lo antedicho, Mena también está bajo la lupa por la causa del memorándum de entendimiento con Irán que, aunque sea una causa que se encuentra muy tirada de los pelos, demuestra la cercanía del secretario de Justicia con CFK.

No obstante, hay ciertos hechos que demuestran el temor que hoy ostentan los testigos protegidos que denunciaron la corrupción del Gobierno kirchnerista. Al finalizar el Gobierno de Macri, de los 15 imputados colaboradores que quedaron bajo la tutela del régimen de protección a testigos, quedaron 12.

Es necesario rememorar que el ex contador de los Kirchner, Victor Manzanares; el empresario Leonardo Fariña y al presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, prefirieron salir del régimen que quedar al cuidado del mismo grupo de personas a las que denunciaron.

El fundamento es elocuente per se ¿Cómo confiar en aquellos a quienes les brindaron un gran dolor de cabeza?

La decisión que tomó Alberto Fernández de derogar el decreto que creaba la Agencia Nación de Protección a Testigos e Imputados, obviamente, no resiste el más mínimo análisis.

¿Qué pasará con estos personajes cuya entrada en el programa está íntegramente relacionada con “buchonear” a quienes hoy se encuentran ocupando la Casa Rosada? No se sabe. Sólo una cosa es segura, en la coyuntura se sienten más desprotegidos que nunca.