Según la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), entre el 12 marzo y el 14 de abril del corriente, la justicia otorgó 314 arrestos domiciliarios para reclusos alojados dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Para el mismo período, pero de 2018, sólo dispuso 21. Por lo tanto, durante la pandemia, se multiplicaron por diez la cantidad de egresos de personas privadas de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El fenómeno encuentra su razón en la emergencia sanitaria declarada por la Covid-19 y en la acordada dictada por la Cámara Federal de Casación Penal; en la cual se les recomienda a los jueces adoptar medidas alternativas al encierro en las cárceles.

El reporte estadístico de la PPN fue elaborado con los datos brindados por el Servicio Penitenciario Federal. Este también indica que, en el mismo plazo temporal, salieron de los establecimientos del SPF al menos 688 personas privadas de la libertad. Dentro de ese universo se encuentran: 314 casos de arrestos domiciliarios, 175 casos en libertad (sin especificar), 83 situaciones de agotamiento de pena, 56 individuos bajo libertad condicional, 30 casos de excarcelación, 24 de libertad asistida, tres expulsiones, dos sobreseimientos y una absolución.

Durante el primer trimestre de 2019, la PPN confirmó que en los penales federales había 13.900 presos. Ello implicaba una superpoblación del 14%, lo que equivalía a un éxodo de más de 1.600 personas. Desde la mencionada emergencia sanitaria ese número se redujo a 12.180, según los datos oficiales actualizados a la fecha.

La citada superpoblación genera condiciones de hacinamiento y, en el marco de la pandemia, el riesgo de las personas privadas de la libertad se incrementa de manera exponencial. Por ello, el máximo tribunal competente en la materia, a través de la acordada 9/20, postuló diversas medidas de alcance general que implican alternativas a la prisión dentro de los establecimientos; siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos (por ejemplo, ser un paciente de riesgo). De todos modos, el cuerpo colegiado advirtió que cada caso concreto deberá ser resuelto por el juez correspondiente. La disposición recoge observaciones realizadas por distintos órganos internacionales, como La Organización de las Naciones Unidas (ONU), La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, Diego Escoda, fiscal general de Dolores, señaló a Tribuna de Periodistas que el arresto domiciliario nació bajo un fundamento humanista y que por ello procede, por ejemplo, ante casos en los que el individuo privado de la libertad padece una enfermedad terminal. “Todos coincidimos en que una cárcel no es el mejor lugar para una persona que está en silla de ruedas. Pero la solución a la superpoblación carcelaria no puede descansar en abusar indiscriminadamente de este instituto. Si bien lo inmediato es atacar la emergencia devenida del Coronavirus, también es necesario entender que se deben mejorar los establecimientos actuales y que se requiere invertir en la construcción de nuevas unidades”, afirmó.

Por otro lado, el Dr. Augusto Carzoglio, abogado penalista, docente de la UBA e integrante del equipo de investigación “Dosis de Derecho”, refirió a este medio que para determinar si los 314 arrestos fueron concedidos en virtud de la emergencia sanitaria, habría que analizar cada causa, con “expediente en mano”. En la misma línea que Escoda, Carzoglio sentenció: “la problemática carcelaria no se reduce a otorgar prisiones domiciliarias. El poder ejecutivo debe construir más unidades penitenciarias. Es su responsabilidad que el virus no ingrese a las cárceles”.

Por último, es oportuno señalar que según el boletín estadístico de la PPN, siete de cada diez arrestos domiciliarios se concedieron a individuos vinculados a delitos con drogas y que el 64 % de estas prisiones fueron otorgadas a varones.