Según un informe de la Federación Nacional de Inquilinos, seis de cada diez locatarios del país no están en condiciones de afrontar el pago del alquiler del mes de mayo. La cifra importa una suba de 17 puntos porcentuales en comparación a la encuesta realizada el pasado abril. Desde la Asociación Civil Inquilinos Agrupados denuncian incumplimiento de propietarios e inmobiliarias del DNU que dictó el Ejecutivo, el cual frena el monto de los alquileres y prohíbe los desalojos hasta el 30 de septiembre. “Hubo casos de amenazas, corte de servicios y finalmente violencia”, aseguró a Tribuna de Periodistas Gervasio Muñoz, presidente de la asociación.

El impacto económico de la cuarentena no da tregua. Conforme indica el estudio, el 60% de los inquilinos soporta los gastos, o bien pidiendo créditos bancarios, o bien recibiendo ayuda por parte de amigos y familiares. Ocurre que, siete de cada diez personas perciben menos ingresos desde que inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “La situación es muy preocupante. Muchos inquilinos se están endeudando para abordar los gastos. El problema es que no hay un horizonte claro sobre cómo cancelar esas deudas. Gran cantidad de ellos son trabajadores autónomos o informales. Entonces, con este freno a la actividad no tienen ingresos. Tampoco saben cuándo los tendrán”, señaló a este medio Roberto Díaz, secretario de la Federación Nacional de Inquilinos.

Por el contrario, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en diálogo con este portal negó tal situación de crisis. Señaló que no es verdad que los locatarios no están pudiendo costear los alquileres y que, de ser así, la recaudación del sector hubiera caído en un 40%. “Desde lo habitacional, los inquilinos están cumpliendo con su obligación de pago. Es más, en la mayoría de los casos hasta pudieron pagar el canon mensual incorporando los aumentos previstos en los contratos”, afirmó Bennazar.

El pasado marzo, el gobierno emitió el decreto 320/2020. Aquel tiene efecto, en principio, hasta el próximo 30 de septiembre. Entre otras, suspende la ejecución de sentencias de desalojo y extiende la vigencia de los contratos cuyos vencimientos operarían durante la cuarentena. Además, congela el precio de los alquileres; es decir, el locatario durante la pandemia, puede absorber el incremento acordado con el locador, o bien, puede a partir de octubre, pagar ese aumento en cuotas (entre 3 y 6). “El DNU deja en claro una garantía al inquilino y al propietario, ya que lo que se plantea es una negociación que debe actuar de buena fe entre ambos. Si hay casos que el inquilino puede pagar y entiende que ese pago implica al locador un único sostén, es bueno que pueda hacerlo”, aseguró la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, el anterior 9 de mayo en una ronda de prensa.

El decreto también obliga, tanto al dueño del inmueble como a la inmobiliaria, a brindar los datos bancarios para que el inquilino pueda efectuar el pago de forma virtual. En ese sentido, la misma ministra Bielsa afirmó que un denominador común de los reclamos es que los propietarios no les envían un CBU. Asimismo, Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, declaró a este medio: “Las inmobiliarias y los propietarios no están remitiendo el CBU. Temen que esa información se cruce con AFIP y genere la obligación de tributar. Deben ser un 3% las inmobiliarias que emiten recibos en blanco. Evitan el toque bancario, aunque claro, no quieren reconocerlo”. Según la encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos, el 44% del mercado inmobiliario incumple con la bancarización obligatoria. En tanto, Bennazar sostuvo que el decreto “se respeta a raja tabla” y que, de no ser así, para ello están los colegios públicos de corredores y martilleros, para fiscalizar. “No desconozco que existe un mercado negro inmobiliario, pero nosotros no recibimos denuncias, para eso están las instituciones. No estamos de acuerdo en lo que tiene que ver con la evasión fiscal. Eso no es verdad. Desde el gremio impulsamos la firma digital, el pago y el sistema de boleto electrónico”, sentenció el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Hostigamiento, amenazas de desalojo y enfoque de género

“(Las inmobiliarias y los propietarios) presionan a los inquilinos para que firmen nuevos contratos, cuando en verdad están prorrogados. Les mienten también con el precio, los obligan a pagar los aumentos o incluso piden adelantos. La situación se complica cuando el vínculo es informal, es decir, cuando no hay un acuerdo de partes por escrito. Lo que más preocupa es que las más amenazadas son las mujeres”, afirmó Roberto Díaz. En la misma línea, Gervasio Muñoz señaló a este medio que Prima el abuso de poder, a través de la violencia. “El hostigamiento se da principalmente en inquilinas mujeres”, asintió.

Conforme indica el estudio, seis de cada diez madres solteras afirmaron que no pueden pagar el alquiler. Dentro del universo femenino encuestado, el 30% admitió haber recibido amenazas de desalojo y presiones para cancelar la deuda locativa.

De lo general a lo particular: testimonios

Niurka Breton alquila desde septiembre pasado un departamento en el barrio de Balvanera. En diálogo con TDP afirmó que la locadora estableció que todos los meses firmarían un nuevo contrato de alquiler, pero que no sufriría grandes aumentos en su canon locativo, el cual era de $19.000. En tanto, el Código Civil y Comercial de la Nación determina que el plazo mínimo de un contrato de locación -para una vivienda- es de dos años. “La administradora me subía los alquileres cada mes y medio, pero nunca firmábamos el contrato nuevo. Con la pandemia incrementó el monto a $28.000 y además, me pidió que le pagara dos meses por adelantado. Con la cuarentena dejé de trabajar; soy acompañante terapéutico. Le pagué el mes en curso y le di mis ahorros. No alcanzó. Me amenazó varias veces y al fin, me cambió la cerradura. Me dejó durmiendo en las escaleras. Tuvo que intervenir la policía. Estoy desesperada”, declaró la inquilina a este portal.

Por otro lado, está el caso de Jesica Muñoz. Tiene tres nenes chiquitos. Llevaba cuatro días retrasada con el pago del alquiler de su casa en Río Colorado, Río Negro. No tiene un contrato de locación formal. Según le informó a este medio, el dueño de la casa le cortó los servicios, la amenazó varias veces con romper todas sus pertenencias y hasta le dijo que la prendería fuego. En una oportunidad fue al domicilio. Ella llamó a la policía, la cual le dijo que no podía tomarle la denuncia. Le aconsejaron abandonar la propiedad. Finalmente, intervino una fiscalía, aunque le dijeron que el accionar del propietario no cuadraba en una conducta delictiva. Ella y los niños tuvieron que irse a vivir a la casa de su mamá.