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Las historias de las villas en el país son de larga data. Caracterizadas como villas miseria, núcleos habitacionales transitorios, villas de emergencia y los últimos años los llamados asentamientos, se han ido desarrollando y organizando por su propia cuenta mientras el Estado ha dado marchas y contramarchas cada vez que intentó abordar esta problemática y darle una solución.
Aunque no se encuentra totalmente comprobado que el término “villa miseria” surgiera de la novela “Villa miseria también es América” (Buenos Aires, Ed. Paidós, 1957) del escritor Bernardo Verbitsky, muchas fuentes le asignan este origen.
Lo cierto es que dicha designación se convirtió en un estigma y de allí es que comenzaron a utilizarse términos análogos para describir el fenómeno.
Incluso la ocupación de tierras ajenas y construcciones de viviendas precarias como propias en la provincia de Buenos Aires (PBA) fueron denominadas, en un comienzo, “asentamientos” pero luego la definición se la vinculó a la toma de tierras en forma organizada.
En el resto de Latinoamérica se replican estas situaciones y son conocidas como “favelas” (Brasil), “cantegriles” (Uruguay), “barriales” (Perú), “ranchos” (Venezuela), etc.
En nuestro país se tiene registro de la primera villa para el año 1920, ubicada en el bajo Belgrano.
Sin embargo, el crecimiento sostenido comienza a producirse hacia 1929/30 con la gran recesión mundial que también golpeó a nuestro país.
El modelo económico argentino al pretender diversificarse y apelar para ello a la llamada “industrialización sustitutiva de importaciones” (ISI) puso en marcha una creciente migración interna y una inmigración proveniente de países vecinos y una marcada merma de la llegada de extranjeros europeos.
Nuestra tecnología, en aquellos años, era muy pobre respecto de la que se importaba. Por eso, esta primera etapa de la ISI la mano de obra requerida era de baja calificación.
Mientras la población rural caía ostensiblemente, la tasa de crecimiento de habitantes en PBA duplica a la del resto del país.
Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires también aumentaba en razón de que la actividad industrial se potenciaba con la transferencia de recursos que los gobiernos le detraían a la actividad agropecuaria, lo cual multiplicaba empleos en el nuevo sector por sus altos niveles salariales.
Va de suyo que esa enorme cantidad de personas necesitaban techos donde vivir.
Algunos alquilaban, muy pocos accedían a la compra de inmuebles y la mayoría adquirían lotes en el llamado conurbano periférico a la Capital Federal.
La infraestructura de servicios de esos conglomerados siempre fue paupérrima.
Hacia 1962 en la Ciudad ya había 30 villas y si bien, como ya lo explicara, las primeras villas se instalaron antes de 1943 (primera Presidencia del Gral. Perón) entre esta fecha y el final de la década de 1950 el crecimiento exponencial de las villas es un hecho innegable.
Los problemas se acentuaron posteriormente a 1945 cuando Europa comenzó a recuperarse de los efectos de la segunda guerra mundial.
En efecto, la ISI comienza a ser improductiva por el alto costo de la mano de obra (los sindicatos operaban fuertemente) y precios poco competitivos para la exportación, aunque fueran atractivos para el mercado interno permitiéndole al capital nacional vender dentro del país productos de menor calidad a valores exuberantes.
Entonces, empiezan a mermar las políticas de “redistribución” pero las villas y sus habitantes se siguen multiplicando.
En el censo del año 2010 se constata que desde 1962 los asentamientos precarios habían aumentado 50% con dos veces más superficie y entre cuatro y cinco veces más de habitantes en ellas.
A pesar de la drástica reducción de villas que los gobiernos militares llevaron adelante entre 1966 y 1982, la multiplicación de asentamientos volvió con fuerza con los procesos democráticos a partir de 1983.
Raúl Alfonsín, que impulsó la repoblación de las villas, nunca tuvo políticas tendientes a solucionar el problema y toleró tomas de tierras en partidos de la PBA y ocupación ilegal de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires.
La realidad es que desde el advenimiento de la democracia, y para los diferentes gobiernos, las villas han constituido un tentador botín clientelar.
Y a su vez, del otro lado del mostrador, los punteros políticos de las mismas y los referentes de las diferentes organizaciones sociales encontraron un canal muy favorable para enriquecerse sin trabajar.
Por eso mi propuesta va en el sentido de considerar cualquier villa o asentamiento un lugar de vivienda transitorio que no corresponde lotearlo, transferirlo a sus ocupantes y/o urbanizarlo, sino erradicarlo por mandato constitucional.
Erradicación no significa una expulsión sin ninguna alternativa.
En primer lugar, los gobiernos deberían dar por finalizado todo diálogo con dirigentes de organizaciones sociales, punteros, representantes y/o intermediarios para comenzar a tratar directamente con los habitantes de las villas.
Eso lo llevaría adelante un cuerpo especial ad-honorem conformado por profesionales de distintas especialidades, una representación minoritaria de legisladores, uno o dos representantes del Poder Ejecutivo y tres o cuatro representantes de los diferentes asentamientos electos según su número de DNI con elección rotativa anualmente. La Iglesia Católica (no los curas villeros) podrá intermediar entre las partes si surgieran situaciones conflictivas.
La idea dominante sería otorgar tierras fiscales con viviendas, en principio en comodato, en diferentes lugares del país y se les suministrará diferentes semillas para cultivo (y sus insumos) durante el término de 2 años cuya producción será tanto para propio consumo como para comercialización. En las zonas aptas podrán recibir, por el mismo lapso, aves y/o animales u otros para explotación pecuaria y apicultura.
Si esos centros no dispusieran de instituciones educativas y/o de salud, las misma serán desarrolladas por empresas privadas elegidas y controladas por los habitantes del lugar conjuntamente con las autoridades locales y el Estado abonará las obras pertinentes.
La producción del monocultivo, horticultura, reciclado de residuos y las distintas tareas agrícolas serán el modo de sustento familiar ya sea como de consumo propio y/o como comercialización.
Ello implicará la desaparición de los planes asistenciales de cualquier naturaleza que estuvieron percibiendo hasta el momento efectivo del traslado.
Para abordar todo este proyecto resulta importante, como lo he dicho en notas anteriores, abrir totalmente la economía y generar una moneda confiable que permita contratar empresas internacionales que expandan la red ferroviaria en todo el país, tanto para el transporte de cargas como de pasajeros.
Esto permitiría el ingreso de inversiones extranjeras de distintas características que se afincarán en el país habida cuenta de las ventajas comparativas después de finalizada la crisis sanitaria que estamos padeciendo.
Sería trascendente, también, que se impidan nuevas ocupaciones de tierras de manera ilegal aplicando duras penas, desalojos inmediatos y deportaciones dictando también una férrea ley de inmigraciones.
De esta forma se le podrá dar destino cierto a los habitantes de los diferentes núcleos habitacionales del país, posibilidades efectivas de alimentación, un trabajo productivo y condiciones de vida absolutamente dignas.
Tengamos en cuenta que en el año 2017 se verificaron la existencia de alrededor de 4200 villas en todo el territorio nacional de las cuales 1600 se concentran en el ámbito de la PBA. Hoy ese número seguramente es mayor.
Así, le pondremos fin a la precariedad en que se encuentran más de 3.000.000 de habitantes que han venido siendo utilizados por dirigentes de distintos gobiernos, sin darle nunca una solución de fondo.
Las villas, y siempre lo he pensado así, les quitan todas las ambiciones y los sueños a quienes les toca vivir allí, a los cuales se los somete como esclavos conformándolos con migajas, cuando debió haberse entendido y tratado como una etapa transitoria de cualquier ser humano y no condenándolos definitivamente a la indigencia, a la marginalidad o al delito donde caen por acción u omisión, porque son siempre utilizados como objetos clientelares de los diferentes gobiernos.
Ello es exclusiva responsabilidad de la clase política.
Y no es poco.
