“Muchos piden volver a la normalidad, con esos discursos de la economía, de los problemas… Bueno, quiero decir hoy en Volkswagen que la normalidad no existe más… No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, una fantasía, un suicidio colectivo”. Ese fue el párrafo textual en el que el gobernador bonaerense pronunció su polémica frase: “La normalidad no existe más”. Lo escuchaba el presidente Alberto Fernández, sin barbijo y asintiendo con la cabeza.

En honor a la verdad, Axel Kicillof acababa de remarcar que el 53% de la industria nacional está ubicada en la provincia de Buenos Aires. “Es decir que si la provincia para las máquinas, para el país. Es un lujo que no nos podíamos dar”, aclaró como para dejar conformes a los que en este tiempo enfatizan que no es “salud o economía”, sino que ambas cosas van de la mano. Pero sobre el final insistió Kicillof en que “lo que hay que hacer es mantener al extremo las medidas sanitarias. Mientras tanto reactivar el proceso productivo, pero sin correr riesgos excesivos”.

Mantener “en extremo” las medidas sanitarias remite a una cuarentena estricta que es la que autoridades del gobierno provincial e intendentes insistieron toda la semana en reclamarle a la Ciudad de Buenos Aires. Y ante la procedencia de las voces que se elevaron, no puede desconocerse la influencia de la política en este contexto. ¿Las razones? Esmerilar a Horacio Rodríguez Larreta no deja de ser un “buen plan” en términos electorales, sobre todo para el cristinismo que es el único sector que tiene clara una estrategia de cara a 2021 y 2023; y por otra parte, la previsión de que “como el pico de la pandemia es inevitable, la solución es tener para entonces un culpable”. Es el trasfondo de frases de intendentes responsabilizando a CABA por “contagiarnos”; o más aún, el ministro de Salud tuiteando este texto con un mapa de la Ciudad en rojo: “Queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus”.

Mientras desde Buenos Aires le reclamaban al gobierno porteño retrotraer las medidas de flexibilización, el gobernador anunciaba la reanudación de tareas en una automotriz, una de las industrias que volvieron a arrancar la última semana. Es el reproche con el que desde la Ciudad retrucan las críticas: “Cuestionan que nosotros abramos comercios, pero ellos habilitan industrias”. Kicillof aclaró que en la Provincia “el sector alimentario y el de medicamentos siguieron funcionando, nunca pararon”, dijo, para recordar luego que “ya van 60 días de cuarentena y la Argentina y la Provincia tienen un entrenamiento en funcionar productivamente en una situación tan atípica”. El dato es real y grafica la extensión de una medida que pone a la Argentina en el primer lugar en materia de aislamiento: ningún país del mundo mantuvo durante tanto tiempo semejante cuarentena general. Solo Nueva York -una ciudad, no un país- nos supera con 82 días de confinamiento.

La cuarentena de la que se vanaglorian las autoridades se ha revelado exitosa en términos sanitarios, mas sin dudas tendrá consecuencias ruinosas en términos económicos. Plantearlo es adentrarse en terreno hostil, pues lejos de cerrarse, la grieta se extiende en la Argentina cada vez más y ha encontrado en esta dicotomía terreno fértil. Pero lo cierto es que difícilmente alguien pueda tener la verdad absoluta en esta materia. Es que tan claro como que las consecuencias económicas y sociales del parate serán enormes, es que en caso contrario la cantidad de muertos sería seguramente elevadísima y el impacto económico igualmente no menor.

En el marco de esa grieta están quienes toman las palabras del gobernador como una expresión de deseos. La frase “la normalidad no existe más” alienta a los que se entusiasman en dar por agotada la globalización y abogan por naciones que se cierren al mundo y vivan con lo propio. Son los que se entusiasman en la revalorización del Estado no solo aquí, sino en el Primer Mundo, y celebran la posibilidad de alcanzar un Estado omnipresente. Y se ilusionan ante datos tales como que el gobierno ha pagado los salarios de 275.000 empresas, casi la mitad de las 600 mil que hay en todo el país. Así se abonaron la mitad de los salarios de abril, así se pagarán los de mayo y nada indica que no vaya a suceder lo mismo en junio. A propósito, ¿cuántas empresas estarán en condiciones entonces de abonar el aguinaldo? ¿El Estado se hará cargo?

El tema dio pie a la legisladora K Fernanda Vallejos a plantear la idea de que el Estado se quede con una parte de las empresas auxiliadas en esta crisis. La diputada se entusiasmó cuando el ministro Claudio Moroni se convirtió en el primer integrante del gobierno nacional en “avalar” su iniciativa: el ministro de Trabajo es hombre de Alberto Fernández. Sin plantear distancias, alguien del gobierno aclaró que Moroni solo había expresado la definición de “interesante” cuando le plantearon el tema, y reconoció que se trata de algo “que se está discutiendo a nivel mundial”. Tampoco es que tuviera margen para desacreditarlo en un reportaje.

Tampoco tomó distancia otro ministro proveniente de un sector muy cercano al Presidente, Nicolás Trotta -que reporta a Víctor Santa María-: “Se necesita un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios, no desde el lucro, sino desde la reinversión privada”, dijo.

Aunque lo imaginan impracticable, desde el sector privado plantean por lo bajo sus críticas hacia semejante iniciativa. Y cuando desde el kirchnerismo advierten que en Europa está sucediendo con grandes empresas, aclaran que se trata de salvatajes ante inminentes quiebras, por ejemplo en el terreno de las aerolíneas, jaqueadas de manera casi definitiva por el coronavirus, al punto tal de poner en riesgo toda la actividad. No es el caso de las empresas de aquí, que no reciben una inyección de dinero para repotenciarlas, sino para pagar la mitad de sus salarios, aclaran.

Fernanda Vallejos no es cualquier diputada: preside la estratégica Comisión de Finanzas de la Cámara baja. Y fue primera en la lista de Unidad Ciudadana en 2017, cuando Cristina fue candidata a senadora. La invisibilizaron cuando salió a defender a Amado Boudou, no porque no compartieran desde ese espacio tal pensamiento, sino porque era políticamente incorrecto para la campaña. En la semana avaló esa iniciativa el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, quien cuando las sesiones no eran virtuales se sentaba junto a Vallejos. Antes de que Heller se hiciera cargo, presidió esa comisión clave el neuquino Darío Martínez. Tanto o más kirchnerista que Vallejos. Heller también lo es, en ese bloque que preside el hijo de los Kirchner.

En rigor, salvo la presidencia de la Cámara baja, todos los principales cargos en el Congreso están ocupados por hombres o mujeres que reportan a la vicepresidenta. Cuando al Presidente le hablan de las iniciativas legislativas que se van gestando y levantan olas, suele repetir que ese es otro poder en el que él no tiene injerencia. Habrá que creerle.

Como también hay que creerle cuando insiste en que no quiere que la Argentina caiga en default, aunque técnicamente así sucedió a partir del viernes, al incumplir nuestro país el pago de 500 millones de dólares. Una suma menor: mucho más se perdió en estos meses, en el marco de una negociación que siempre pareció conducir hasta donde estamos. Una posibilidad era entonces evitar el default pagando y seguir negociando. Pero la realidad es que si al final no hay arreglo -como no deja de ser probable que suceda-, tampoco sería razonable haber pagado esa suma.

Alberto Fernández no quiere el default; tampoco su vice, según se desprende de ciertas movidas de los últimos días que se le atribuyen. Gestiones que ella encomendó también en el marco de las negociaciones subterráneas que se espera puedan revertir la condición en la que oficialmente hoy está la Argentina. No es sencillo negociar con los fondos que deberán decidir la suerte de nuestra deuda. Pero a la postre todo es cuestión de dinero y hay muchos que hacen negocios inclusive con el default argentino.

Como este lunes también es feriado en Estados Unidos, la falta de pago recién se activará el martes 26. Más allá de las negociaciones que puedan llegar a buen puerto, la falta de pago existió y la misma activó los seguros anti default, que muchos de los fondos acreedores de Argentina habían comprado, con lo que compensarán pérdidas. Hablamos de unos 1.400 millones de dólares. Razón de más para que a muchos de esos fondos no les conviniera un rápido acuerdo ahora, sino cobrar el seguro y luego alcanzar un acuerdo ventajoso en los próximos días.