Las pruebas del escándalo aparecieron en una computadora añeja que parecía en desuso. La máquina estaba arrumbada en una de las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia. El espía que decidió ponerla en funcionamiento jamás imaginó que entre los archivos alojados en ese disco rígido iba a encontrar miles de mails de políticos, empresarios y periodistas interceptados ilegalmente para hacer espionaje y operaciones clandestinas. La punta del ovillo de una investigación que involucra como nunca antes al círculo rojo del poder argentino.
El martes a primera hora de la mañana, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño va a presentar una denuncia judicial de alto impacto político. Los detalles de la presentación ya fueron acercados al propio presidente Alberto Fernández, quien dio el visto bueno para avanzar en el esclarecimiento de los delitos denunciados.
Fuentes de la Casa Rosada también confirmaron que al finalizar el plazo pautado para la intervención del organismo Caamaño será ratificada en el cargo con el rango de directora.
El cúmulo de pruebas reunidas para la denuncia va a poner al descubierto maniobras de espionaje ilegal que sucedieron en el área de inteligencia durante la gestión de Gustavo Arribas, el jefe de los espías de Mauricio Macri. La presentación será vía mail ante la Cámara Federal cumpliendo el protocolo previsto para los tiempos de pandemia, aunque también podría ser presentada en el juzgado federal de turno que la semana entrante estará a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, acompañada del fiscal Carlos Stornelli. De una u otra manera, la causa deberá ser sorteada en el fuero federal para determinar quienes serán los investigadores de un expediente que promete ser escandaloso.
Al ser consultada por este medio, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño aseguró que “la denuncia existe, pero no vamos a realizar ninguna declaración mediática hasta tanto no se presente la causa judicial”. Y agregó: “Queremos ser serios en esto por la gravedad de las pruebas recolectadas, no queremos mediatizar una causa que muestra el nivel de poca transparencia con la que se manejó el organismo durante tanto tiempo”. Después de la escueta explicación, la funcionaria prefirió cortar amablemente la comunicación con este cronista.
En la AFI, la sorpresa fue mayor cuando descubrieron que las víctimas del espionaje ilegal no sólo eran políticos opositores al macrismo sino que también referentes de la propia alianza que gobernó la Argentina desde 2015 hasta 2019. “Se espiaban a ellos mismos”, reveló una fuente de inteligencia. La lista de los diputados y senadores perseguidos ilegalmente la conformarían unos 80 nombres guardados bajo estricta reserva. A24.com pudo saber, en forma exclusiva, que entre los políticos espíados está Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Emilio Monzó, el ex titular de la Cámara de Diputados y el legislador Nicolás Massot. Los tres integrante de la alianza liderada por Mauricio Macri. Tanto Monzó como Massot, al ser consultados por este medio, prefirieron no hacer declaraciones públicas. En el caso de Laura Alonso solo se limitó a responder: “No conozco la denuncia, no tengo comentarios al respecto”.
Del sector opositor la lista también es escandalosa. La diputada Graciela Camaño encabeza una lista que se completa con varios empleados y colaboradores del Instituto Patria, la usina política liderada por la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. En este último lugar se utilizó tecnología de última generación para tareas de inteligencia.
El listado también incluye a periodistas políticos de buen diálogo con el gobierno anterior, una historiadora cercana al kirchnerismo que desarrolló una destaca investigación sobre el rol de Eva Perón dentro de movimiento peronista y empresarios de los más destacados del país.
Uno de los espiados del sector kirchnerista, según consta en la denuncia judicial, fue el diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, referente de La Cámpora en la provincia de Santa Fe. Al ser consultado por A24.com, Cleri sorprendido respondió: “Me estoy enterando por ustedes de la existencia de la denuncia, pero realmente no me sorprende nada de la gestión anterior; estoy dispuesto a presentarme a la justicia y ponerme a disposición para lo que sea necesario”.
Al mismo tiempo, el legislador confirmó que suele utilizar cuatro cuentas de mail para trabajar: “Dos son las institucionales del Congreso y las otras son de hotmail y yahoo”. Las dos últimas cuentas personales fueron las intervenidas ilegalmente.
El listado del espionaje clandestino fue descubierto en los últimos 30 días y solamente muestra el contacto “pinchado”, es decir la casilla de mail y el nombre de la persona junto al asunto utilizado para redactar cada mensaje. Al no encontrarse el contenido completo de los mails se sospecha que los archivos de la computadora habrían sido adulterados para extraer toda la información e intentar no dejar rastros del delito.
También la denuncia aportaría pruebas sobre seguimientos, filmaciones, fotos y el testimonio de uno de los agentes arrepentidos que ya reveló detalles sustanciales frente a los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia. Allí el espía contó detalles de una trama de espionaje ilegal que amenaza con despertar un nuevo escándalo político.