“El totalitarismo no puede renunciar a la violencia. Si lo hiciera, perecería. La eterna, ininterrumpida violencia, directa o enmascarada, es la base del totalitarismo”. Vasili Grossman

Tras la cuarentena de 107 días y los extraños modos de vivir impuestos a la sociedad por un miedo planificado, el Ejecutivo ha demostrado su incapacidad para administrar las simultáneas crisis sanitaria y económica; mientras tanto, desde la trinchera del Instituto Patria, con el cómplice silencio de la Casa Rosada, aparecen trágicas señales que debieran ponernos en alerta máxima ya que preanuncian la renovada irrupción de la violencia como praxis política. También para frenarla, nos veremos el 9 de Julio en las calles de todo el país, como hicimos el 20 de Junio.

Es inevitable que Cristina Fernández la busque, ya que el aumento notable en su imagen negativa y la depreciación de Alberto Fernández, tanto por su dubitativa y contradictoria gestión cuanto por su clara dependencia de aquélla, sumados al desastre socio-económico que, más temprano que tarde, se convertirá en un iceberg asesino, están frustrando las ansias de de impunidad de la familia Kirchner y las cómicas pretensiones de cambiar el mundo que enunció el Presidente conversando con Luiz Inácio Lula da Silva mientras ofendía a todo el continente.

Si, como creo, el desastre económico-social que el confinamiento está produciendo la enfrentan a una alta probabilidad de perder las elecciones legislativas del año próximo, con la consecuente resignación de las mayorías de las que hoy dispone, y aún más las presidenciales de 2023, la Vicepresidente no dudará un segundo en cambiar las reglas vigentes, sea postergándolas ad infinitum con la excusa del virus, sea alterando sus resultados, como hace su amigo Nicolás Maduro. Cristina Fernández, debido a su confeso deseo de ser absuelta por la historia del saqueo al que sometió a la Argentina, no jugará su futuro en un terreno electoral adverso.

Sabe que carece de esa adhesión de las fuerzas armadas de la que sí goza el tirano venezolano (las ha comprado habilitándolas a organizar el tráfico de drogas y el contrabando de oro, además de haberles cedido grandes cajas públicas) y, por ello, necesita recortar su capacidad de intervención al máximo; de allí la derogación de las normas de defensa establecidas durante de la gestión de Mauricio Macri. Eso significa retirarlas de las fronteras, en las que venían colaborando con una Gendarmería a cuyos efectivos se envía a cuidar la seguridad urbana, y limitarlas a la defensa ante eventuales invasiones de ejércitos extranjeros, algo por completo descartable. Al proceder así se beneficia directamente al narcotráfico al cual, ciertamente, incomodaba la presencia del Ejército en las rutas de ingreso a nuestro país; basta recordar los aportes a las campañas electorales de Cristina Fernández, la efedrina y el triple crimen, más la rara intervención al puerto de Vicentín en Rosario, para preguntarnos si, otra vez, hay altísimos funcionarios socios de este siniestro negocio.

Pero sigamos sumando: la propia Vicepresidente encabeza la persecución de los periodistas a los que considera enemigos, y ello ha llevado a algunos con ganas de hacer méritos en su universo a producir agresiones físicas a los mencionados por ella. Y algunos de sus “amigos”, como Luis D’Elía, Hebe de Bonafini o Juan Pablo “Pata” Medina, directamente piden se ahorque o se fusile a Mauricio Macri en Plaza de Mayo sin que ninguna voz oficial lo repudie.

Y la frutilla que corona ese budín se ve todos los días en el campo, donde se saquean o se destruyen silobolsas, se roba grano, maquinaria y animales y se incendian parcelas; y todo eso cuando no se asesina, literalmente, a los propietarios. Tampoco quienes cometen esos delitos son demasiado espontáneos, porque sus autores son incentivados por voceros kirchneristas que, además, son funcionarios, como Fernando ChinoNavarro y Juan Grabois, quienes en público y en nombre de una reforma agraria, han exhortado a la expropiación de los establecimientos.

Esos episodios, siempre impunes, están adquiriendo trascendencia, tanto por su creciente frecuencia cuanto por el daño económico que producen, y recrean aquella “guerra gaucha” que tanto nos costó en 2008. Pero ahora los chacareros son conscientes de su fuerza y están dispuestos a usarla en salvaguarda de sus propiedades; así, en cualquier momento, si estos hechos se repiten, se producirá un enfrentamiento armado.

El Conurbano, como bien sabe el Gobernador Axel Kiciloff, se ha transformado en una olla a presión por la buscada y generalizada pauperización debida a la imposibilidad de realizar trabajos informales y a la pérdida de los formales, que afecta por igual a los pobres y a la clase media. La incapacidad del Gobierno para repartir alimentos y evitar los frecuentes robos para su reventa en el mercado negro, la propagación del virus debida a las inhumanas condiciones de vida y al clima invernal, la corrupción en las compras de insumos sanitarios, la proliferación del narcomenudeo y del delito común, son factores que incentivan la irritación social. En cómo reaccionará ese postergado sector, cuando todo se complique con la ya inevitable y creciente inflación que sobrevendrá cuando nos permitan salir a la calle, está la pregunta que produce insomnio a todos los argentinos.