El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a pocos días de jubilarse, procesó a dos ex ministros de Mauricio Macri por administración fraudulenta en la causa donde se investigan las maniobras espurias con concesiones viales que terminaron favorecieron a empresas de la familia del ex presidente. La decisión fue cuestionada por la oposición. Uno de los procesados, Guillermo Dietrich, calificó de “político” el fallo. Lo cierto es que las sospechas son tan pertinentes como el curro realizado con los peajes. Canicoba Corral tiene un currículum que revela su maleabilidad. Y aquí la paradoja. La posible comisión de delitos realizados por funcionarios y un juez sospechado de parcialidad.

Algo similar ocurrió con el fallecido Claudio Bonadío. Le tocó tramitar, con alguna ayuda en la designación, la llamada causa de los Cuadernos. Uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos. Procesó a empresarios y dirigentes del kirchnerismo. Incluso a la ex presidenta Cristina Fernández. También ordenó una docena de detenciones preventivas arbitrarias que fueron acompañadas por los grandes medios de comunicación. El currículum de Bonadío no era mejor que el de Canicoba Corral. Y otra vez la paradoja: una causa muy importante en manos de un juez sospechado de parcialidad.

Las decisiones de Canicoba Corral fueron celebradas por el kirchnerismo. Con el mismo fervor, los macristas saludaron cada fallo de Bonadío. En ese juego de espejos donde se impuso el vale todo se puede ver nítidamente uno de los principales problemas de la Argentina: la administración de justicia. Los jueces federales se mueven desde hace décadas al ritmo de la política. Solo investigan a los funcionarios cuando dejan el poder y, con la misma lógica, descartan investigar a los grandes empresarios porque ellos representan el poder permanente. Vale recordar, apenas un ejemplo, que en el 2001 los bancos se quedaron con los ahorros de la población y ningún banquero fue preso.

El presidente Alberto Fernández presentó una reforma judicial que prevé transformar el fuero Federal fundiendo el actual con el Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. De doce jueces con poder ilimitado y arbitrario se pasaría a 23 (12 de Comodoro Py más 11 del Penal Económico) que se duplican y llegarán a 46. El proyecto habilita también la creación de cinco nuevos tribunales federales orales (TOF), 23 fiscalías de primera instancia, cinco fiscalías más para los nuevos TOF y ocho defensorías públicas.

El Presidente recordó su mensaje a la Asamblea Legislativa de marzo pasado y su promesa de terminar con las causas que avanzan o se paralizan por motivaciones políticas. “Estamos proponiendo una Justicia independiente que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estamos construyendo una Justicia proba sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos. Si lo logramos habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene con los argentinos y argentinas. Y también habremos saldado una de esas deudas que la democracia tiene con la sociedad”.

Difícil no estar de acuerdo con esa idea. Ahora bien, aunque se esté en el sentido correcto, no alcanza con más jueces, hacen falta mejores jueces, más independientes, honestos y eficaces. Y para eso es necesario un cambio cultural que abarque no solo a los integrantes del Poder Judicial sino también a toda la dirigencia política del país.

Este proyecto tiene como antecedente la reforma que había planteado en el 2004 Gustavo Béliz. El entonces ministro de Justicia de Néstor Kirchner quería modificar el fuero federal para quitarle poder a los jueces venales entronizados por Carlos Menem y, además, romper la relación con los servicios de inteligencia. Sabemos qué pasó. Kichner no lo acompañó y Béliz tuvo que dejar el gobierno primero y, más tarde, irse del país. Desde que Alberto Fernández lo convocó a sumarse a su gabinete, el ex Ministro se preparó para este día.

Una curiosidad: en los meses iniciales del gobierno de Mauricio Macri, su ministro de Justicia, Germán Garavano, también planteó reformar el fuero Federal. Algunos jueces le mandaron a decir que si avanzaba con esa idea “iba a terminar preso”. La advertencia y la falta de entusiasmo de Macri abortaron cualquier cambio. Por entonces, ya le habían armado una “mesa judicial” que lo ayudaría a “arrinconar a Cristina”, su archienemiga.

Se abre ahora una nueva oportunidad. Hay cierto consenso entre oficialistas y opositores para fijar un nuevo piso de calidad institucional. Adecentar el fuero Federal que investiga delitos complejos, narcotráfico y corrupción y, a la vez, romper la relación de los jueces con los servicios de inteligencia. Se deben terminar las paradojas. Un juez debe investigar sin mirar el calendario ni a quien afecta con sus decisiones.

Pero siempre hay un pero. El presidente acompañó la presentación del proyecto de ley que transforma el fuero Federal con la creación, por decreto, de una comisión de juristas que analizarán la implementación de juicio por jurados y del sistema acusatorio en todo el país (solo funciona en Salta y Jujuy), las funciones del Consejo de la Magistratura y de la Procuración. Hasta allí todo bien. Pero en la agenda incorporó la posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Este punto no formaba parte de la idea original de Alberto Fernández –quien explícitamente, en su campaña, dijo que no tenía esa intención–. Está claro que la ampliación de la Corte responde más a una propuesta de su vicepresidenta, quien enfrenta varias causas penales que terminarán en el más alto tribunal.

Los que defienden este cambio cerca de Alberto Fernández, señalan que los eventuales miembros que puedan incorporarse a la Corte, si prosperara un proyecto de ampliación, deberán tener la aprobación de los dos tercios del Senado y eso implica lograr consensos con la oposición ya que el oficialismo no tiene esa mayoría. El pliego trabado del candidato oficialista a la Procuración, el juez Daniel Rafecas, es un ejemplo, dicen. Apuntan que las sugerencias de la Comisión no son vinculantes y rescatan la frase del Presidente dónde aclara que los cambios propuestos no alterarán la competencia del juez natural: “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”. De todos modos, la propuesta de “tocar” la Corte ya cuenta con el rechazo expreso de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. “Buscan impunidad”, aseguraron.

El mayor riesgo de esta concesión del Presidente a su vice, es que naufraguen los acuerdos básicos necesarios para transformar la administración judicial en una herramienta más eficaz, democrática e independiente. No se puede avanzar dando un paso adelante y dos para atrás. “Sin Justicia independiente no hay República”, dijo Alberto Fernández. De eso se trata.