Nuestro país arrastra hace siete décadas una inestabilidad macroeconomía crónica y un Estado cada vez más grande e ineficiente, incapaz de brindar los bienes públicos más elementales. Esto devino en un serio problema reputacional, lo cual da como resultado una fuga de capitales constante. Para retornar a la senda del crecimiento (desde el 2011 que la economía se encuentra estancada) necesitaremos altos niveles de inversión, en particular en los sectores más críticos de la economía (las telecomunicaciones es uno de ellos). Sin embargo, hasta ahora nos hemos empeñado en ahuyentar la inversión con cambios constantes en las reglas de juego. Es en este contexto que deben considerarse los anuncios del viernes. Analicemos el qué, el cómo, el dónde y el porqué de una noticia que a simple vista puede parecer algo menor, pero que tiene efectos muy profundos.

Comencemos viendo qué sucedió. El presidente Alberto Fernández anunció el congelamiento de las tarifas de telefonía, Internet y TV paga hasta diciembre y los declarará servicios públicos esenciales. Todos los estudios internacionales reflejaban que el clima de negocios en la Argentina ya era adverso, esto sin duda lo confirma. El ranking de “Facilidad para hacer Negocios” (Doing Business) elaborado por el Banco Mundial coloca a la Argentina en la posición 126 entre 190 naciones.

Para tomar dimensión de lo que esto significa tengamos en cuenta la posición de otros países: República Dominicana (115), Pakistán (108), Uruguay (101), Guatemala (96), Kuwait (83), Perú (76), Jamaica (71), Colombia (67), Chile (59). Para los inversores internacionales hay 118 países en donde sería más fácil hacer negocios antes que en la Argentina. Por otro lado, en el ranking de competitividad elaborado por la escuela de negocios suiza IMD (Institute for Management Development), Argentina ocupa el puesto 62 sobre 63 países (solamente supera a Venezuela). Esta ya era la realidad hasta el viernes cuando los anuncios del presidente Fernández empeoraron aún más el problema y se ratifican las sospechas de que el país va camino a continuar con su decadencia. Sin inversión no habrá crecimiento, y con más cambios constantes en las reglas de juego no habrá inversión.

Si el qué era preocupante, el cómo torna el anuncio aún peor. El Gobierno decidió hacerlo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sin consultar con la oposición o con las empresas del sector (las compañías se enteraron del decreto por Twitter) ¿Acaso no era este el gobierno del diálogo? Al parecer no, no lo es. La administración del presidente Fernández ya demostró cuál es su método para la toma de decisiones: sin previo aviso, de forma unilateral y sin evaluar bien los efectos adversos (recodemos el “pensé que iban a salir a festejar” luego de las protestas por el intento de expropiar Vicentin). Tampoco se conocen muy bien cuáles son los alcances de lo anunciado y cómo se implementará (quedará en manos del Enacom). Además, es probable que algunas de las empresas vayan a la justicia y la situación se zanje en tribunales. Aquí aparece una pregunta más amplia: ¿el intento de copamiento de la justicia es solo por el interés de Cristina Kirchner, o se trata también de colocar jueces afines que permitan avanzar con medidas de estatismo extremo como esta? La cuestión podría incluso llegar hasta el CIADI y, cabe recordar, el abogado del Estado es Carlos Zannini.

Analicemos ahora el dónde, y este es quizás el punto más importante. El Gobierno eligió profundizar su direccionismo extremo en el área más crítica de la cuarta revolución industrial: las tecnologías de la información y la comunicación (TICS). Si había una industria con la cual había que ser sumamente cuidadoso porque aquí las inversiones son más determinantes, era justamente la de las telecomunicaciones. Incluso en el peor de los casos, uno podría haber consentido con cierta cuota de intervencionismo en otras áreas, siempre y cuando las telecomunicaciones hubiesen quedado aisladas, como una isla de eficiencia en un mar de decadencia. Ya todos sabíamos de la importancia de las TICS en momentos en los que el mundo debate la implementación del 5G y se desarrolla el IoT (Internet de las cosas), pero como si esto fuese poco la pandemia por coronavirus vino a ratificar aún más su trascendencia: hoy tenemos otra percepción respecto a las posibilidades que brinda Internet y las imposibilidades al no tener un acceso de calidad. En este tipo de industrias se juega el presente y el futuro del mundo en general y de la Argentina en particular, por lo que el Gobierno tomó la peor decisión en el peor lugar.

El último de los puntos es el por qué. La pregunta es sencilla: ¿por qué el Gobierno toma una decisión como esta? Si Alberto Fernández pretende controlar la inflación a través del atraso en las tarifas solo conseguirá fomentar la desinversión en estos sectores estratégicos que resultan críticos para el desarrollo de la Argentina, generando terror también en el resto del sector privado. Además, los congelamientos en un contexto de alta inflación luego terminan en ajustes feroces que dañan aún más a la economía (como fue el Rodrigazo). Para controlar la inflación hay que solucionar las causas estructurales que la provocan: el déficit fiscal que se financia con emisión constante y la falta de confianza en nuestra propia moneda. El gobierno de CFK ya intentó utilizar la estrategia de atrasar las tarifas de los servicios públicos como mecanismo para controlar los precios generales de la economía. 

A largo plazo solo logró incrementar el déficit fiscal, generar sufrimiento en los usuarios y nunca consiguió detener el curso imparable de la inflación. Basta con ver el caso de Edesur, y a los vecinos del conurbano bonaerense que deben convivir a diario con cortes de luz que en ocasiones duran días. ¿Pretenden que ocurra lo mismo con el servicio de telefonía móvil?

El qué, el cómo, el dónde y el por qué marcan a las claras que el rumbo que está tomando el Gobierno es preocupante. Si quedaba alguna duda de que la administración de Alberto Fernández sería distinta al pasado kirchnerista, esta noticia lo termina por descartar. Ya no importa lo que decía el Alberto Fernández opositor de Cristina antes del 2018, lo que importa es el rumbo que está tomando el Alberto Fernández presidente, un camino en el que los problemas estructurales no se abordan y en el mientras tanto se toman medidas populistas que ahuyentan la llegada de inversiones y generan temor en el sector privado.

“Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, escribió el jefe de Estado en Twitter. La única forma de garantizar el acceso de un servicio para todos los habitantes de un país es brindarlo gratuitamente. Este mes cuando me llegue la factura del cable, ¿la mando a Balcarce 50?