La semana que pasó se vio marcada por las repercusiones del caso Leiva-Pedicone. La denuncia de parte del camarista en contra del vocal de la Corte Suprema de Tucumán apenas fue el puntapié inicial de una serie de acontecimientos que fueron evidenciando el entramado de poder que rige en nuestra provincia y la grave crisis institucional en la que está sumida a raíz de la grave acusación de tráfico de influencias.

Un accionar a todas luces delictivo que involucra a los tres poderes que integran una República. Justamente, cada uno de ellos fueron protagonistas durante el transcurso de la semana, pero de diversas maneras, algunos por acción y otros por omisión. En ese sentido, el único poder cuyos integrantes no son elegidos por los votos, es decir, la Justicia, la cual es encarnada por la Corte Suprema, sorprendió por un ensordecedor silencio.

Y es que, paradójicamente, hizo ruido la falta de declaraciones del máximo tribunal siendo que sobre uno de sus integrantes pesa una grave acusación. Desde la presidenta, Dra. Claudia Sbdar, para abajo todos se llamaron a un silencio que no hace más que despertar todavía más suspicacias, ya que da lugar a sospechas de todo tipo. ¿Será que piensan soltarle la mano a Leiva para intentar salir airosos del entuerto?

O, por el contrario, ¿se trata de un silencio que apunta a una defensa corporativa a la espera de que más pronto que tarde pase el temporal? ¿O tan sólo significa que el comportamiento del vocal Daniel Leiva no es ajeno a sus pares y que podría salpicarlos si decidiera hablar? Sea como fuere, la gravedad del hecho ameritaba algún tipo de declaración que hasta el momento no se produjo y que parece que nada cambiará al respecto.

En dónde sí pasó algo, y mucho, fue en el otro actor institucional que está involucrado en el escándalo. Se trata del Poder Legislativo representado por la Cámara de representantes del pueblo, que fue testigo de un hecho vergonzante como lo es la censura de una de las fuerzas políticas que forman parte de este cuerpo parlamentario. Y es que el oficialismo le impidió expresarse al espacio opositor de Fuerza Republicana, el segundo espacio con más legisladores.

Para ello, recurrió a la artimaña de apagar el micrófono de la legisladora Nadima Pecci, sin siquiera inmutarse por el acto de censura en el que estaba incurriendo el cuerpo, desde el bloque opositor. Y es que la representante del pueblo tucumano pedía explicaciones acerca del supuesto involucramiento del titular de la Cámara, Osvaldo Jaldo, en la grave acusación que realizó Enrique Pedicone. Sin embargo, desde el peronismo ni siquiera se hizo mención a lo sucedido.

En el día de ayer se conoció lo manifestado por el colegio de abogados de Tucumán, donde el presidente Marcelo Billone y el vicepresidente Carlos Casal, le contestaron muy duramente al presidente de la legislatura, manifestaron que implicaba una grave afectación a la institucionalidad. En el escrito el colegio de abogados deja aclarado, que la jurisprudencia y doctrina expresan que los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias (principio de independencia), salvo que hubieren cometido el delito de prevaricato. Le dejaron muy bien aclarado al vicegobernador y presidente de la legislatura Osvaldo Jaldo, que había tenido una intromisión en un poder independiente como lo es la justicia, a pesar que las leyes lo prohíben.

De este modo, la actitud de la Cámara legislativa es la de negar la situación o tapar lo que está ocurriendo, aun mas grave considerando que estaría violando la mismísima Constitución. Lo ocurrido trascendió las fronteras provinciales para hacer eco a nivel nacional. Sin embargo, el que parece no haberse enterado de lo ocurrido es el mismísimo gobernador, Juan Manzur, a pesar de estar involucrado en la denuncia, debido a que fue oportunamente nombrado por el vocal Daniel Leiva, según lo relatado por Pedicone.

Hasta el momento, el titular del Poder Ejecutivo local nada dijo sobre este asunto y es que, tal vez, en sintonía con la Corte, piense que es cuestión de que pase el tiempo para que todo se olvide y quede en la nada. Sin embargo, algo como esto no debería suceder teniendo en cuenta la gravedad institucional de comprobarse que el Gobierno utiliza a jueces de la Corte Suprema para acelerar o enfriar causas judiciales de opositores según le sean funcionales o no.

Todo esto deja en claro que durante la semana se potenció el riesgo de que se produzca una ruptura del sistema republicano de gobierno, la base misma del Estado de derecho. Esta situación, ameritaría que se habilite una intervención federal, la cual debería restituir un orden basado en la real independencia de poderes. En ese sentido, desde el oficialismo intentan bajarle el precio a la crisis institucional que sufre Tucumán.

Y es que, tal vez, descansen en el hecho de que en la Nación tienen a un aliado como el kirchnerismo que no tiene mucho empacho en subvertir el orden institucional las veces que crea conveniente. Entonces creerán que Alberto Fernández jamás ordenará una intervención federal a una provincia históricamente peronista y antes de un año en el que las elecciones legislativas serán claves en la conformación del Congreso.

Pero no deberá subestimar el oficialismo el empoderamiento de la gente que, sin dudas, no dejará que la denuncia del juez Enrique Pedicone pase de largo o duerma el sueño de los justos dentro de tribunales. La suerte está echada y la investigación en curso deberá avanzar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga hasta que se conozca toda la verdad. El pueblo debe ser el garante final de que el saneamiento institucional vuelva a Tucumán.