La inseguridad mostró su peor cara durante la semana que pasó. Y es que en medio de la pandemia de coronavirus que hace estragos en Tucumán y de la crisis institucional que atraviesa la provincia a partir del caso Leiva-Pedicone, la falta de seguridad y la cantidad de crímenes que se producen dejaron de tener el peso específico de uno de los males con menor eficacia de abordaje por parte de las autoridades políticas.

En ese marco, dos asesinatos conmovieron a la sociedad tucumana. Además, vienen a demostrar una vez más, tal y como lo viene denunciando este medio desde hace tiempo, que la ley anti motochorro no sirvió para absolutamente nada. Se trata de una normativa aprobada por el conjunto de los representantes del pueblo en la Legislatura y había sido anunciada como la clave para erradicar este flagelo.

Sin embargo, no sólo no sirvió para el cometido de impedir que los malhechores se salieran con la suya. Sino que agravó el problema ya que los robos que involucran motocicletas, sea como medio de escape o como objeto de valor, se han vuelto tan violentos que los asesinatos son moneda corriente. Ese fue el caso de un trabajador que trabajaba como delivery de una casa de comidas y de una mujer a la que le robaron la cartera dentro de un vehículo.

El primer caso tuvo lugar en la avenida de Circunvalación y el otro a una cuadra del cruce de las avenidas Mitre, Alem, 24 de Septiembre y Mate de Luna. Esto significa que no existe lugar que esté a salvo de los motoarrebatadores que siguen tiñendo de rojo las calles de Tucumán con la sangre de víctimas inocentes, trabajadores y emprendedores. La sociedad se encierra en sus propias casas, mientras los delincuentes han tomado las calles de la provincia.

En este contexto, las autoridades políticas y los funcionarios públicos no sólo no brindan soluciones en materia de seguridad. Tampoco dan la cara ni siquiera de dos hechos luctuosos para la totalidad de la provincia. Hasta el momento, el titular de la cartera de Seguridad, Claudio Maley, sigue escondido y no emitió declaración alguna luego de los dos últimos crímenes que se registraron en los últimos días en Tucumán.

La ley anti motochorro no sirvió más que para colocar una argolla más en la larga cadena de la burocracia y para perjudicar al ciudadano que se moviliza en estos vehículos para ir a trabajar. Mientras tanto, en nada pudo solucionar que los delincuentes continúen utilizando este medio de transporte como una vía de movilización y escape apenas logran hacerse con algún botín. Con el agravante de que matan sin el más mínimo atisbo de culpa.

La pregunta que cabe hacerse es cuánto más podrá sostener el gobernador Manzur la ineptitud de Claudio Maley al frente del Ministerio de Seguridad. Al mismo tiempo, es necesario interrogarse qué espera la clase política en su conjunto para impedir que los tucumanos sigan muriendo bajo el fuego de las armas de los delincuentes. Ni la Justicia, ni el Gobierno provincial, ni la Legislatura han sido capaces de trabajar en conjunto para frenar la inseguridad.