Ante los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años, muchos argentinos sienten la necesidad de repensar una nueva Ética Pública que concierne a todos los grandes temas contemporáneos. Esto involucra a las políticas públicas no sólo en la salud, sino también en las finanzas, la educación, la justicia, la composición del Congreso Nacional, el ambiente, la migración, el equilibrio geopolítico interno y global, la responsabilidad empresarial, la inteligencia artificial, la bioética, la sostenibilidad, el gasto público y las cuestiones de género entre otras.

La crisis producida por el COVID-19 ha develado un estado de descomposición moral alarmante, fundamentalmente en la clase política y en la sindical. La relación entre ética, política y corrupción, se han vuelto a proponer de una manera cada vez más reiterativa, no sólo en reacción a la creciente difusión mediática y en redes sociales, sino también como una respuesta a los problemas planteados por dinámicas caprichosas en el ejercicio político, frente a las cuales están conectadas a acciones inmediatas de los gobernantes que deben enfrentar la crisis económicas, social, problemas ecológicos, sanitarios y climáticos.

Frente a una crisis generalizada de valores éticos, es necesario creer en el Estado, porque todos somos el Estado. Kant afirmaba que la ética y la política no son dos formas irreconciliables, pero pueden encontrar un punto de acuerdo en el principio y en la práctica, donde es deseable que el jefe de estado y representante del pueblo, se deje guiar por la razón, -o sea el sentido común- en sus decisiones políticas, incluso si estas, al ser dictadas en nombre del imperativo moral, son contrarias a sus intereses particulares.

Reforma del Estado

Nuestro país, si bien en el ideario común funciona dentro un federalismo democrático, internamente se maneja con reglas de juego más bien unitarias. Muchas provincias viven regímenes feudales, cuyos gobernantes perpetrados en el poder durante más de 30 años, buscan alterar las normas electorales en su favor y, desde el poder,  controlar los medios de comunicación, el Poder Judicial y el empleo público, entre otras cosas, para asegurarse una hegemonía. Formosa, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y La Rioja son algunos de los casos, donde la clave para que se sostengan estos modelos es la renta fiscal que reciben de la coparticipación federal y que -en buena medida- aplican a fines populistas. Los gobernadores son los dueños feudales: gobiernan, controlan todo y someten –en muchos casos- su apoyo al Ejecutivo en el Congreso al dinero que reciben. Donde el Estado es económicamente dominante, es difícil que haya democracia.

La corrupción

Todos los expertos coinciden en afirmar que nada la permite y la fomenta tanto como la impunidad: cuando el gobernante, el político, el empresario o el funcionario sabe que las posibilidades de ser enjuiciado y condenado son, en la práctica, mínimas o casi nulas, la tentación de recibir o dar una coima, se vuelve casi irresistible para quienes tienen principios muy frágiles decir NO.

Recuperar lo robado evidentemente no es fácil: entre dilataciones y “carpetazos” en, y a la justicia, paraísos fiscales, vuelos sin registro, empresas “fantasma”, sistemas bancarios poco transparentes, “accidentes” de testigos y firmas de testaferros, las pistas del dinero de la corrupción se esfuman. Pero, siempre existe un ojo que ve, un oído que escucha o alguien que guarda un documento, por las dudas…

El país se ha visto, en las últimas décadas, estremecido por escándalos sobre narcopolítica, corrupción tanto de miembros del Estado como de las empresas privadas, sin que se logre castigar a muchos de los culpables.

El surgimiento de una nueva República debe enfrentar el problema sin contemplaciones. “Robar es un delito pero robar al Estado es Traición a la Patria”.

Algunas sugerencias

Se hace imperioso que, -Constitucionalistas, Jueces, intelectuales, abogados, políticos, profesionales y estudiantes universitarios de todas las áreas- comiencen a debatir y plantear soluciones a este desbalance entre el Estado y una sociedad que depende de ese Estado.

-La Justicia: Debe -como poder independiente- ser la primera en colaborar para confiscar los bienes y dineros obtenidos por medio de la corrupción para ser destinados a mejorar: sueldos de agentes de la salud pública, docentes, fuerzas de seguridad, científicos e investigadores. Dotar de elementos a hospitales y escuelas. Promover emprendimientos privados, investigación agroindustrial, nuevas tecnologías, planificación, distribución y radicación geográfica de polos de desarrollo en distintas provincias, con la consiguiente migración poblacional, descentralizando la superpoblación del AMBA.

-Diputados y Senadores: Deberían cobrar el sueldo de un directivo docente. No tendrán vehículos oficiales, custodia, cuota desarraigo o pasajes aéreos que no sean utilizados en forma personal. Tampoco tendrán asesores. De necesitarlos podrán disponer, por un tiempo determinado, de un grupo de estudiantes universitarios de la especialidad requerida. Reducir su cantidad y burocracia. Su mandato durará dos períodos sin posibilidad de reelección. Igual situación se repetirá para los gobernadores, intendentes y concejales.

-Juicios sumarísimos: Enviar a la cárcel y decomisar todos sus bienes, a funcionarios, narcotraficantes, gerentes, líderes sindicales, empresarios y parientes de los mismos que no puedan justificar su fortuna, al igual que periodistas corruptos que hayan realizado negocios indebidos con entidades estatales. Igual trato a delincuentes y asesinos.

-Los empleados públicos: Deberán rotarse en sus cargos cada cierto tiempo para evitar que se enquisten en las entidades, perpetuándose y corrompiéndolas.

Todo empleado público, antes de tomar su cargo, debe firmar un documento en el que autoriza al Estado a revisar, cada vez que lo requiera, sus cuentas bancarias en el país o el exterior. Y si en algún momento se le encuentra culpable de corrupción, pierde sus derechos, nunca más podrá volver a ocupar un cargo público y cumplirá pena de cárcel efectiva de por vida.

Uno de los aliados más perversos de la corrupción en los organismos gubernamentales es la cantidad de trabas y complicaciones que se les ponen a proveedores y contratistas privados, donde muchas veces esas normas son creadas, precisamente, para facilitar los sobornos.

Esto no ocurrirá de un día para el otro, pero en algún momento es necesario comenzar y sentar las bases para que ello ocurra.

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