La Justicia mira para otro lado. Aún sabiendo los nombres de los propietarios de los campos que buscaron un presunto beneficio con los incendios en el Delta de Entre Ríos por el momento el juez Federal de Paraná, Daniel Alonso, no ordenó detenciones ni avances significativos en la causa.

Mientras el fuego sigue creciendo generando un ecocidio que afecta gran parte del medio ambiente local -y cuyas consecuencias son inimaginables- en el expediente sólo fueron indagados diez propietarios, de los cuales siete continúan siendo investigados y a tres se les dictó la falta mérito. En ningún caso, supieron explicar porqué los campos ardieron arrasando con la flora y la fauna local.

"Las medidas judiciales están en marcha. Todo lleva tiempo. Hay que darle el derecho de defensa a los demandados", dijo el juez al ser consultado por un expediente que promete ser escandaloso. Mientras los tiempos de la justicia se dilatan, el Delta sigue ardiendo provocando cada día un daño irreparable.

La principal hipótesis de la investigación indica que varios dueños de campos y productores agropecuarios buscan, con los incendios, extender la superficie ganadera para beneficiarse económicamente.

La quema prohibida les permite desplegar en el terreno una mayor cantidad de cabezas de ganado y de esa manera poder maximizar sus ganancias. “La clave está en el seguimiento de los animales”, cuenta una fuente que conoce el expediente.

En marzo cuando termina la vacunación, los propietarios suelen quemar hectáreas para darle lugar a lo que se llama “un nuevo pastizal”. Con eso alimentan a sus animales desplegando una práctica productiva tan añeja como peligrosa.

Un dato clave: generalmente los incendios no afectan a los campos donde actualmente está el ganado, sino que las llamas arrasan con los territorios contiguos. “Eso explica la hipótesis de que estarían preparando el terreno para poder seguir alimentándolos”, completa una fuente judicial.

A24.com accedió, en forma exclusiva, al listado de propietarios y ganaderos mencionados en el expediente judicial en el marco de los graves incendios. La documentación, que ya forma parte del expediente, incluye más de 300 nombres entre los que se encuentran terratenientes, empresarios, políticos de distintos extracciones partidarias, sindicalistas, dirigentes de clubes de fútbol, sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. La justicia analiza citar a muchos de los mencionados para exigirle explicaciones.

Ese documento fue confeccionado cruzando información de distintos organismos públicos. El diputado nacional por Santa Fe, Marcos Cleri, utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública, le solicitó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) conocer el listado de quiénes son los dueños de las cabezas de ganado de los campos de la juridicción de Victoria, la ciudad más afectada por los incendios.

El organismo tiene esa información georreferenciada ya que debe controlar la sanidad de cada animal y su respectivo traslado hacia la faena.

Esos datos fueron comparados con los obtenidos por el Observatorio de la Universidad de Rosario donde se realizó un puntilloso mapa del ecocidio. Del cotejo de información pueden surgir pruebas valiosas para avanzar hacia el esclarecimiento del desastre ambiental. En el padrón del SENASA surgen nombres conocidos tanto a nivel nacional como local.

En el listado está el ex presidente del Banco Central y ex ministro de economía de Carlos Menem, Roque Fernández, quien figura como propietario de la firma Ganadera Ibicuy SRL ubicada en el establecimiento Don Máximo. El economista aparece como dueño de 554 cabezas de ganado. Consultado por A24.com, el ex funcionario prefirió no hacer declaraciones al respecto.

También aparece el nombre del empresario Aníbal Baggio con más de 1000 hectáreas en la zona de Toroví 12. Se trata de uno de los accionistas de la popular empresa de jugos, una de las principales procesadoras de envasados a base de fruta. La firma Baggio tiene más de 1500 empleados y exporta a 72 países del mundo.

La compañía nació hace más de 60 años en Gualeguaychú y fue fundada por Rufino Baggio y María Cecilia Munilla, un matrimonio que luego tuvo cuatro hijos: Rufino Pablo hijo (conocido en el mundo empresarial como "Pino"), Alejandro, Celia María y propio Aníbal que figura como propietario de 300 cabezas de ganado en la zona.

También aparece Santiago Reggiardo, ex dirigente del Partido Socialista de Entre Ríos, quien registra 645 cabezas desparramadas por el establecimiento Los Manantiales. Este político pertenece a una familia con grandes porciones de tierras en Entre Ríos.

Otro de los mencionados es el ex senador del PJ por Victoria, Carlos Garbelino. El actual titular del Policlínico de Victoria, cuenta con 219 cabezas en el campo llamado La Carambola. En el listado se suman los nombres de varios integrantes de la familia Maiocco. Carlos, Aldo y Raúl, cuentan con 533 cabezas. Esos datos fueron el epicentro de una polémica con el propio intendente de Victoria, Domingo Maiocco.

En las últimas horas, el jefe comunal protagonizó un cruce televisivo con el periodista local Sergio Roulier cuando salió a desmentir su vinculación con los campos en las islas frente a Rosario. “Yo tengo agricultura y ganadería en tierra firme, no en la isla”, explicó Maoicco visiblemente ofuscado por la circulación de su apellido mezclado con el expediente judicial. Maiocco agregó: “Yo puedo responder por mí, no sé quiénes son los que figuran ahí. Mi hermano no tiene actividad ganadera y mis hijos tampoco”.

Sin embargo, el periodista insistió en varias oportunidades que en el “registro de catastro local figura un tal D. Maiocco como propietario de una de las islas”. El intendente sostuvo con vehemencia su inocencia.

También aparece el nombre de una empresa llamada Celestino Spahn S.A. Según la documentación aportada, la firma tendría vinculación con Luis Spahn actual presidente del club de fútbol Unión de Santa Fe quien figura como propietario de más de 2400 hectáreas en la Isla El Canutillo.

En el mismo documento aparece una empresa llamada El Prodigo SRL cuyo titular sería Carlos Marcelo José Aldao Zapiola, ex integrante del Consejo Asesor del Trabajo, que en 2019 asesoró al ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Zapiola fue directivo de la Cámara de Empresas de Estados Unidos.

También surge el nombre del ex juez de instrucción de Victoria Jorge Alberto Brassesco, fallecido en 2019; el del sindicalista Guillermo Mansilla a cargo de la seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza y de los empresarios Andrés y Matías Balestrini vinculados a la firma Rinder SA y al Instituto Rosenbusch relacionado con la Biología Experimental Agropecuaria.

En el Delta ya fueron arrasadas más de 260 mil hectáreas. El daño es incalculable e irreparable. Ahora será la justicia quien deberá establecer responsabilidades penales. El cruce de datos será la clave para conocer la verdad detrás de un ecocidio sin precedentes.