Tal y como adelantamos, durante el transcurso de la semana quedó en evidencia cómo el supuesto pacto de impunidad en torno al caso Pedicone-Leiva fue tomando cuerpo. Y es que un verdadero escándalo institucional se produjo cuando la Legislatura rechazó los 6 pedidos de juicio político contra el vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva, mientras que al mismo tiempo, admitió los 7 pedidos contra el juez de impugnación Enrique Pedicone.

La Comisión de Juicio Político pareció moverse con la habilidad propia de quien sabe manejar los hilos cual titiritero. Desde la legislatura manifestaban que había que dejar trabajar a la justicia y que se iban a tomar el tiempo necesario antes de resolver los pedidos de juicios políticos. Está claro que habrían faltado a la verdad, las cartas estaban marcadas y la suerte echada.

Con argumentos increíbles en torno de que Enrique Pedicone habría incumplido con el reglamento de la feria judicial, decidieron colocarlo entre la espada y la pared a la hora de continuar en su función de juez. Al mismo tiempo, sobre los pedidos de juicio político sobre Daniel Leiva, la comisión decidió archivarlos aduciendo que la Justicia debía ser quien dictaminara si el vocal de la Corte Suprema era culpable o inocente.

Esa doble vara con la que ambos fueron medidos, no obedece a una doble moral, sino a un plan perfectamente orquestado que, como adelantamos desde este medio, apunta a salvar a Leiva cueste lo que cueste, aunque implique mayor descrédito de la Justicia en la sociedad. Esto llevó al propio Pedicone a manifestarse ante los micrófonos de Buenos Aires para alertar que Tucumán es una suerte de pequeña Venezuela.

Y es que el magistrado señaló que en nuestra provincia el Estado de derecho está supeditado al poder de turno a la hora de definir qué es legal y que no. En ese marco, tildó a Jaldo de ser el comisario político del control y Leiva como el brazo judicial del propio Jaldo. Además, hizo hincapié en la conformación del máximo tribunal de Tucumán, cuando recordó que todos fueron nombrados por el actual gobernador y su antecesor, es decir, Juan Manzur y José Alperovich.

Sin embargo, Pedicone expresó que la presidenta de la Corte Suprema, Dra. Claudia Sbdar, tenía la oportunidad histórica de aceptar el per saltum con el que el camarista quiere que se defina si el máximo tribunal revisará o no la decisión de la instancia inferior acerca de que la denuncia debe ser investigada con el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, cabe preguntarse si la postura de Pedicone puede tener asidero en un contexto como el actual.

Y es que la conformación del máximo tribunal se encuentra en la mira de la opinión pública. Mientras que Sbdar integra una comisión que asesora al Presidente acerca de cómo modificar la Justicia para poder cooptarla, el propio Leiva fue denunciado por tráfico de influencia a nombre de Manzur y Jaldo. No obstante, eso no es todo ya que en el transcurso de la semana, volvió a activarse una denuncia que involucra a otro vocal, Antonio Estofán.

La mujer que dijo haber sido víctima de un supuesto acoso sexual por parte de Estofán realizó declaraciones televisivas en donde refrendó la denuncia realizada contra el magistrado. Pero además, como si esto fuera poco, hasta la hija de este vocal, María Marta Estofán, fue denunciada por un supuesto acto de corrupción, cuando se descubrió que figura como apoderada jurídica de un empresario local mientras que se desempeña como Relatora en la Corte Suprema de Justicia.

Este acto es ilegal y no hace más que traer al presente el malestar social acerca de los nombramientos sin concurso previo de antecedentes de parte de los hijos del poder. Y es que todos estos hechos no hacen más que evidenciar de una especie de “pandemia de impunidad” que afecta a Tucumán tanto como el coronavirus. Y es que están los tres poderes del Estado que conforman la República metidos hasta el cuello.

Esto se debe a que buscan proteger a aquellos funcionarios políticos, legislativos y judiciales que son serviles entre sí. El poder político bajó línea acerca de que Leiva debe ser salvado a toda costa y que debería ser la Legislatura la que haría las veces de cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones. Ya de por sí, le aseguró fueros y “máxima protección” al legislador y ex Intendentede Tafí del Valle Jorge Yapura Astorga, a pesar de que se halla con fallo firme de juicio oral y público bajo la acusación de haber cometido actos de corrupción.

Entonces, era el lugar perfecto para desactivar los pedidos de juicio político en contra de Leiva, quien cuenta, además, con el Poder Judicial que se sacó la venda de los ojos e inclinó la cancha a favor del vocal. Y es que no es casualidad que a Pedicone se le negara la posibilidad de ser querellante y de que se denuncia se investigue con el transparente y oral sistema nuevo con la implementación del flamante Código Procesal Penal.

En este marco, resulta clave acciones como la tuvo lugar esta semana cuando un grupo de ciudadanos se reunió frente al Palacio de Justicia para exigir independencia judicial. Con consignas y pancartas, los manifestantes repudiaron el manejo de los pedidos de destitución formulados contra Leiva. Mientras que también solicitaron que la Corte Suprema acepte el recurso de “per saltum” presentado por Pedicone.

Acaso este tipo de expresiones civiles sean la luz de esperanza que en Tucumán haga valer el refrán que reza: “que más vale encender una vela, que maldecir la oscuridad”, la misma que se ceñirá sobre el horizonte de Tucumán si la Corte Suprema no ocupa el lugar que debe a la hora de velar por la búsqueda de la verdad. Sólo así podremos hacer propia la consigna de los manifestantes de esta semana: “Será justicia (si todavía existe en Tucumán)”.