Lo mal que estará nuestra provincia que durante la semana que transcurrió fue noticia que el denunciante de la causa contra el ex intendente de Tafi del Valle y actual legislador oficialista Jorge Yapura Astorga tuvo que enviarle una carta documento a la mismísima presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Claudia Sbdar, con el fin de solicitarle que tome cartas en el asunto de una buena vez por todas.

En ese marco, se pidió a la magistrada que arbitre los medios necesarios para que el trámite judicial avance lo más rápido posible a un debate oral y público. Expresamente, se solicitó que se realice el sorteo de fecha y tribunal que juzgará al legislador del oficialismo. Cabe recordar que el ex intendente de Tafí del Valle se encuentra con fallo firme y unánime de elevación a juicio oral por delitos de corrupción, desde hace mas dos meses.

Hacemos notar que, en una provincia normal, no debería caber dilación ni postergación posible, ni vericuetos legales, ni prerrogativas judiciales o argucias que le posibiliten a alguien que, como es el caso de Yapura Astorga, le posibiliten escapar del juicio oral y público. Esto significa que la Justicia de Tucumán pareciera mirar hacia otro lado y dormir el sueño de los justos, cuando se trata de juzgar a políticos corruptos. Algo que la causa Leiva-Pedicone destapó.

Escándalo Leiva-Pedicone

Al respecto, durante la semana se conoció que la fiscal Mariana Rivadeneira invalidó los audios que presentó el juez Enrique Pedicone contra Daniel Leiva. Los audios son fundamentales para el ex camarista, quien se basó en los mismos para acusar al vocal de la Corte Suprema, ya que en las grabaciones consta cómo el vocal Leiva habría pedido el “manejo de la intensidad” de un proceso contra el legislador Ricardo Bussi, por un presunto abuso sexual.

Esto significa que las grabaciones que trascendieron las fronteras de la provincia y fueron escuchadas por toda la Argentina, no podrán ser utilizados en la causa contra el acusado. La gravedad del asunto es que esos archivos son la base sobre la que Pedicone adujo que Leiva lo había presionado. En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) fundamentó su decisión con un argumento a toda vista insólito.

Y es que la fiscal consideró que Pedicone vulneró los derechos humanos fundamentales del vocal de la Corte, como ser la privacidad e intimidad, como así también al principio de la no autoincriminación del denunciado. Esto significa que, para Mariana Rivadeneira, el delito que habría cometido Leiva no importa.

Caso Abigail

Este hecho quedaría en un segundo plano luego de que ese mismo día, un grupo de vecinos hallara y matara a golpes al supuesto asesino de Abigaíl.

De esta manera, quedó en evidencia la completa ausencia del Estado a la hora de, no sólo permitir que alguien con el prontuario de José “Culón” Guaymas estuviera libre. Sino que tampoco pudo juzgarlo, condenarlo y hacer justicia. Los vecinos le aplicaron la pena capital ante los absortos ojos de un par de policías que no pudieron evitar el linchamiento de quien habría sido el asesino de la pequeña que desapareció a plena luz del día durante el pasado domingo.

Paro de Colectivos

Y es que justamente, la ausencia del Estado puede observarse en otro tipo de cuestiones, como es el caso de la crisis del transporte público de pasajeros. En este caso, algunos dirigentes como el intendente capitalino, Germán Alfaro, intentan maquillar la falta de presencia de su administración en este tema. Para ello recurrió a la insólita medida de permitir que transportes escolares y combis hagan las veces de colectivos.

Cabe recordar que esta movida sólo fue posible, luego de que desde este medio se visibilizara su responsabilidad en los más de 60 días en los que un servicio esencial como el transporte público no funcionó. Además, justificó su falta de valentía a la hora de quitarles las concesiones a los ineficientes empresarios en el hecho de que, como sucede en algunas provincias, algunos políticos podrían terminar quedándose con las empresas de colectivos.

La Legislatura de la Provincia

Más allá de Alfaro, no cabe duda acerca de la inescrupulosidad de nuestra clase dirigente, la misma que, en la Legislatura de Tucumán, se moviliza sólo para saber si Pedicone liberaba presos, luego de haber denunciado a Leiva. Sin embargo, los legisladores no se mueven para pedir informes acerca del, hasta ahora, desconocido juez que liberó al presunto asesino de Abigail. ¿Por qué razón el magistrado en cuestión sigue siendo desconocido para la sociedad tucumana?

Pero si de protección hablamos, el ejemplo más representativo de esta actitud facciosa y corporativa lo materializa el caso del legislador oficinista Jorge Yapura Astorga. Y es que la vara de la falsa moralidad que levantan como bandera desde la Cámara legislativa, encubre la hipocresía de contar entre sus filas a un integrante que debe enfrentar a la Justicia, debido a que está acusado de haber cometido actos de corrupción.

Ministro de Seguridad Claudio Maley

Para ser justos, no solo Yapura Astorga es un intocable en esta provincia. Casos como el del ministro de Seguridad, Claudio Maley, no registran antecedentes en el mundo. Y es que, un funcionario sobre el que pesa un frondoso historial de ineficiencia y fracasos en materia de seguridad, como en su caso, no seguiría ocupando su cargo en ningún otro lugar, salvo en esta provincia y bajo la gestión del gobernador Juan Manzur, quien hasta la fecha no ha podido justificar por qué lo protege tanto y mantiene en su cargo a Claudio Maley.

Este es uno de los tantos errores cometidos por el mandatario provincial, pero, la pregunta que cabe hacer es ¿Dónde se encuentra la dignidad del ministro que no da por su propia cuenta un paso al costado? ¿Es que acaso no tiene dignidad para renunciar después de que este año se hayan cometido una cantidad inusitada de homicidios en el marco de la creciente inseguridad? ¿Qué puede atarlo a su cargo a pesar de que nada de lo que hizo sirvió en materia de seguridad?

Lo único más dependiente que Maley para Manzur, lo configura la Justicia en relación con el poder político. Y es que en Tucumán no se movería un expediente sin la orden del Poder Ejecutivo, manejado por Manzur, ni del Poder Legislativo, conducido por Osvaldo Jaldo. Esta crisis institucional es el huevo de la serpiente de un entramado en el que el Poder Judicial, por parte de sus jueces y fiscales, libera delincuentes que luego vuelven a asesinar gente.

Y su máximo representante, la Corte Suprema, se mantiene inactiva pero no neutral en el fango institucional en el que está hundida la provincia. Esto se debe al hecho de que, entre sus integrantes, cuenta con dos vocales muy cuestionados. Y los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, no se quedan atrás. Mientras el primero permanece ausente para las necesidades de la gente, el segundo hace una defensa corporativa para sus propios beneficios.

En definitiva, la crisis que afronta Tucumán es aguda y se profundiza cada día más. Mientras tanto, el hartazgo de la gente ante tanta impunidad y corrupción de parte de sus gobernantes, sumada a la inacción de la Justicia, alcanzó límites insospechados. Y es que si a la clase dirigente no se le mueve un pelo, será la sociedad la encargada de hacerles notar que la situación llegó al límite de tolerancia, por lo que la ciudadanía es la última garante de la institucionalidad.

Terminamos con una frase de nuestro gran libertador, José de San Martín: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”.