1. Una gobernadora, la de Río Negro, Arabela Carreras, acaba de denunciar que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), que se supone que responde al presidente Alberto Fernández, avala y financia las usurpaciones de tierras a manos de supuestos mapuches que invocan supuestos derechos ancestrales. El Inai está presidido por Magdalena Odarda, una ex Carrió que el año pasado se hizo albertista.

2. En Jujuy fueron desalojadas por orden judicial tierras que también estaban usurpadas. Entre los detenidos por la policía está Anastasia García, funcionaria de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, que maneja Miguel Gómez, militante del Movimiento Evita, un aliado sin intermediarios del presidente.

3. En Entre Ríos, sucede algo que todavía no está claro. La familia Etchevehere, del exministro de Agricultura de Macri, Luis Etchevehere, denuncia que un grupo -aprovechando un reclamo de herencia de Dolores, una de las hermanas del exfuncionario- usurpó tierras que todavía serían de la madre, que está viva. El grupo que apoya a Dolores responde al piquetero papal y aliado del gobierno Juan Grabois. Es más: Dolores Etchevehere dice que Grabois es su abogado.

Están contra la propiedad ¿Fernández también?

Las tres cosas sucedieron ayer. Y, juntas, son el hocico, la cola y la lengua babeante de un perro: medio gabinete de Alberto Fernández, y muchas de las fuerzas políticas que lo sostienen, están en contra de la propiedad privada. Lo suficiente para determinar que en Argentina las escrituras y los registros públicos dejen de servir como prueba de la propiedad y como fundamento legal de su tenencia y dominio.

Mientras el perrito K, financiado con plata de los impuestos, juega a la revolución a lo largo y ancho del país, el ministro de Economía de Alberto Fernández busca parar sin suerte la corrida infinita contra el peso. Martín Guzmán pone curitas, reparte pastillitas, administra gotitas y promete, con murmullos y palabras difusas, para no enojar al cristinismo, que va a controlar el desmadre del gasto para limitar el desmadre de la emisión de dinero. Por supuesto, fracasa.

Porque Fernández tiene un error de diagnóstico.

Los millones de argentinos con pesos mojados y dólares encanutados tienen incertidumbres mucho más básicas que la del valor de la moneda. A esta altura, por ejemplo, necesitan saber si los bienes inmuebles por los que pagan fortunas de impuestos siguen siendo de ellos. O si pueden venir bandas violentas avaladas y financiadas por el propio Estado, encabezadas por funcionarios, a quitárselas de prepo.

La anomia de la Argentina es mucho más grave de lo que se cree. Y Fernández tal vez no se haya dado cuenta. O en una de esas está de acuerdo. Es lo único que explica que todavía no haya dicho nada al respecto o que aún no haya echado a la mitad del gabinete que parece conspirar contra él.