El gobierno no quiere abrir la discusión económica en los términos que propuso Cristina. Sus voceros señalan que con la oposición debate en el Congreso. Y con los empresarios y sindicalistas, en el seno de Consejo Económico Social, aún en estado embrionario.

El matiz traduce una reacción política. En La Rosada se entiende que un seguidismo automático a la hoja de ruta que la vice marcó en público –que expuso al gobierno– extremaría la debilidad del presidente.

Tampoco tiene poder para definir posturas más rupturistas. Ni lo cree conveniente. Eligió el juego más sutil de diferenciarse sin romper.

Estos malabares suenan frívolos en medio del derrumbe. Pero la política tiene razones que el sentido común no comprende.

¿Cuál es la diferencia de fondo? Sin explicitarlo, Cristina sugiere negociar un plan de estabilización. Buscar consenso para un ajuste fiscal y monetario.

En el Consejo Económico Social tiene otro objeto. Allí se escenifica la puja de los sectores sobre cómo asignar una expansión del gasto, que los funcionarios creen poder direccionar para estimular la actividad económica. Más recursos estatales y menos impuestos, bajo el formato de incentivos al crecimiento y el empleo sólo financiables con emisión.

Argentina necesita un plan de estabilización. Alejar el fantasma de una mega devaluación o de un gran salto inflacionario, con políticas fiscales, monetarias y cambiarias consistentes. Es el corto plazo.

El éxito reclama buen diseño, un equipo técnico sólido y un liderazgo político firme.

El país precisa además reformas que corrijan restricciones estructurales al crecimiento. Es el mediano y el largo plazo. Demanda consensos más amplios entre oficialistas y opositores.

El politólogo Natalio Botana lo llama “constitución económica”. Reglas que obliguen a todos, no revisables ante cada recambio de gobierno. Las primeras, el financiamiento genuino del Estado y la construcción de una moneda sólida.

El Programa de Facilidades Extendidas que el gobierno negocia con el FMI incluye un menú de reformas estructurales, emparentadas con aquellos propósitos: impositiva, previsional y laboral. Persigue el doble objetivo de consolidar el equilibrio fiscal de largo plazo y facilitar la competitividad de la economía.

Las recetas del FMI para abordar esa agenda son controversiales y admiten formatos superadores, ajustados a nuestras propias posibilidades.

Es una discusión sobre la manera más productiva asignar recursos escasos para crear riqueza y trabajo. La dirigencia argentina la esquiva desde hace décadas. Nadie quiere pagar los costos, ni gobernantes ni opositores.

La economista Marina Dal Pogetto, a quien solemos citar, subrayó hace unos días “la falta de consensos para tratar de evitar caer por el precipicio. Uno espera que si las papas queman, la política empiece a alinearse, pero acá se tienen que rostizar”.

El gobierno juega con blancas. Le toca mover primero.