La semana que pasó estuvo signada por el papel lamentable que nuevamente tuvo la Justicia de Tucumán. Luego, de lo que fue el femicidio de Paola Tacacho, tuvo lugar una marcha clamando justicia por la joven profesora de inglés, ya que la docente fue víctima de una Justicia perversa e ineficiente. Es por ello que en la marcha se apuntó al Poder Judicial de nuestra provincia y a su clara omisión en lo que hace a la defensa de la víctima.

En este marco, sin dudas el personaje excluyente fue el juez Francisco Pisa, quien, a la luz de los acontecimientos, fue contundente que violó sus deberes de funcionario público y, lejos de privilegiar a la víctima, fue garantes de la impunidad de quien terminaría convirtiéndose en el femicida de Paola Tacacho, y es que este magistrado se dio el lujo de sobreseer a Mauricio Parada Parejas, por lo que claramente debería enfrentar un juicio penal y ser destituido.

Y es que el pedido de auxilio que hizo la profesora de inglés en la Justicia llevaba años. En ese tiempo, la joven había ido varias veces a tribunales para ratificar las denuncias por el hostigamiento que sufría de parte de Parada Parejas. En ese sentido, la docente denunció en 13 oportunidades por acoso y amenazas a quien sería su victimario. Sin embargo, la Justicia de Tucumán le dio la espalda una y otra vez.

A poco de comenzada a andar la semana, nos dimos con la noticia acerca de que la titular de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Claudia Sbdar, intentó lanzar una bomba de humo para hacerle creer a la sociedad que se pondría firme a tratar de mejorar la imagen de este poder del Estado. Para ello, ordenó auditar el trabajo del juez Francisco Pisa acerca de las denuncias realizadas por Paola Tacacho, asunto que no fue más que una puesta en escena.

Y es que no constituyó más que un intento por tapar el mal desempeño de la Justicia de Tucumán en torno de otros casos. Pero, además, se trata de una decisión que no se produjo en cualquier momento, sino que se dio justo cuando el polémico juez Francisco Pisa puso en marcha la posibilidad de retirarse con el haber más alto del sistema previsional dos semanas antes del femicidio de Paola Tacacho, crimen por el que afronta abundantes cuestionamientos.

Un magistrado nefasto como Pisa no debería tener el privilegio de gozar de una jubilación privilegiada sin antes rendir cuentas ante la sociedad por medio de un juicio político, y luego tendría que ser destituido como corresponde. Además, se trata de quien decidió que los audios comprometedores de la causa Leiva Pedicone no sean tomados en cuenta a pesar de que se trata de una prueba clave para demostrar la acusación del juez contra el vocal de la Corte.

Pero si de tratar de tapar el sol con las manos se trata, allí aparece en escena con toda su dimensión el acto de omisión cometido por la presidenta del máximo tribunal de Tucumán, Claudia Sbdar. Y es que durante el transcurso de la semana se cumplieron 20 días desde que el denunciante de la causa que llevó al banquillo de los acusados a Jorge Yapura Astorga, carta documento de por medio, solicitó a Sbdar que proceda a cumplir con sus funciones.

Esto significa que debe proceder a realizar el sorteo de la correspondiente fecha y tribunal que juzgará al ex intendente de Tafí del Valle. Cabe recordar que el fallo de la Corte Suprema que estableció que el juicio que debe afrontar Yapura Astorga está firme desde hace ya 90 días, nada menos que acusado de haber cometido él y su familia y allegados delitos de corrupción. Sin embargo, para Claudia Sbdar no parecería ser esto demasiado grave.

Y es que la titular de la Corte, al ignorar a un denunciante que le exige que cumpla con los deberes de su cargo, mientras que realice el procedimiento que marca el Código Penal, pareciera desconocer que la inacción en sus funciones podría interpretarse como complicidad. A menos que considere que es la dueña del Poder Judicial y puede manejarlo a su antojo sin respetar lo que mandan las leyes, como quien se mueve en el patio de su casa.

Tal vez no amerite sorprenderse por el hecho de que en la Justicia se proteja de forma denodada a los amigos del poder. Pero por lo menos es necesario indignarse y actuar en consecuencia. Para muestra basta un botón, tengamos en cuenta casos como el legislador oficialista Jorge Yapura Astorga, la denuncia que pesa sobre el vocal Daniel Leiva, la denuncia por acoso sexual sobre el cortesano Antonio Estofan o el sobreseimiento del juez Pisa al femicida Mauricio Parada Parejas.

En esa línea, se volvió a interponer un nuevo pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que resuelva en torno del caso Leiva. Y es que el plazo transcurrido hasta aquí es notablemente excesivo en consideración de la gravedad institucional que tiene esta cuestión, lo que no puede ser soslayado por la Corte en su función de garante de la efectiva y rápida administración de justicia en beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, Claudia Sbdar parece de teflón porque todo le resbala. No en vano desde este medio nos preguntamos si acaso Jorge Yapura Astora y Daniel Leiva son monedas de intercambio de favores proteccionistas por parte del poder político y la Justicia. Y si del poder político hablamos, el oficialismo de Tucumán encarnado en el gobierno, no quiso ser menos en cuestión de mal manejo y esta semana se volvió a pegar de frente.

Y es que la pandemia de la inseguridad volvió a Tucumán. No porque se haya ido, pero sí debido a la nueva modalidad con la que regresó en la antesala de la vuelta de las flexibilizaciones en medio de más de 700 contagios diarios de coronavirus. En ese marco, el motoarrebato mostró su cara más feroz en el corazón de barrio norte, lugar privilegiado ahora por los delincuentes a la hora de hacerse con celulares o carteras.

Y es que, a sabiendas de que todavía los bares no están habilitados a recibir clientes dentro de sus instalaciones, los ladrones tienen como blanco de sus fechorías a las personas que consumen en las mesas del exterior. Y como la mayoría de este tipo de establecimientos se ubican en las cuadras de Barrio Norte, son los elegidos por las personas que quieren distraerse un poco del miedo al contagio y al estrés del encierro.

Pero es justamente de esta distracción que se valen los motoarrebatadores para hacer de las suyas y captar un botín cada vez más preciado: los celulares de alta gama. Es por ello que los delincuentes están “más jugados” y se atreven a incursionar de modo veloz y violento en Barrio Norte para hacerse de un botín como el que representa un celular. Sin embargo, las autoridades municipales y provinciales no parecen darse cuenta de esto.

Sólo después de que Tucumán Despierta advirtiera que es el periodismo el que, por su capacidad de anticipación, comprende antes que los mismos funcionarios de Seguridad los cambios que se producen en un tema como el del motoarrebato, comenzaron a evidenciarse algunos cambios. En ese sentido, el jefe de la Unidad Regional Capital, Ricardo Fresneda, tuvo que admitir que se observó un incremento delictual en Barrio Norte.

Sólo luego que desde este medio se hiciera notar la nueva modalidad delictual y se marcara el déficit de prevención de parte de las autoridades gubernamentales, es que se implementó una nueva modalidad operativa a fin de contrarrestar los hechos delictivos. Tuvo que ser el periodismo el que lo marcara, y eso molesta al poder. No en vano, el ataque a la página de Facebook de Tucumán Despierta. Las casualidades no existen, sólo las causalidades.