La semana que culminó arrancó con el documento, que dio a conocer la Iglesia Católica, solicitando que la Justicia sea verdaderamente independiente en nuestra provincia. La pregunta es ¿Independiente de qué? La respuesta se encuentra en las innumerables notas que publicamos desde este medio. “Siempre el poder político tuvo la tentación de limitar al Poder Judicial, que debe ser independiente para ser más eficaz en su tarea”, sintetizó la institución religiosa.

En ese marco, se hace necesario recordar que el Poder Judicial o bien resultaría cómplice del poder político o es su rehén. Sea como fuere, lo que está claro y en lo que hizo hincapié la Iglesia Católica, fue en el hecho de que la Justicia en Tucumán no es independiente, y no lo es debido a la injerencia que la política tiene en este poder del Estado, a la que muchas veces trata como una extensión y actúa de forma facciosa y parcial con el fin de defender a propios y ajenos.

Esta fue una semana en la que sigue sin sentirse interpelada, ni siquiera por la Iglesia Católica la mismísima titular de la Corte Suprema, Dra. Claudia Sbdar. Sabido es por todos, tal y como quedó reflejado desde este medio, que al menos hasta aquí, la presidenta del máximo tribunal no hizo más que ignorar al pueblo en su reclamo. Al menos durante los cinco días hábiles que transcurrieron, continuó en esta posición de desinterés.

Y si de comprobar se trata, durante la semana se evidenció que queda claro que la administración provincial, no goza de mucha sensibilidad social, ya que el oficialismo local estaba decidido a congraciarse con los dueños de los establecimientos educativos privados, antes que con la sociedad. En este marco, el gobierno de Tucumán autorizó el aumento de la matrícula de los colegios privados, a pesar del congelamiento de los salarios.

Pero claro, los sueldos se mantienen inamovibles, lo contrario de lo que ocurre con la inflación que en el mes de octubre fue la más alta de la región, sólo superada por Venezuela. Además, la misma se irá incrementando luego de que se descongelen muchos precios que se mantiene controlados de forma artificial. Lo que está claro es que muchos padres no podrán seguir enviando a sus hijos a la escuela privada.

Lo otro que quedó claro, es que el mismísimo secretario de Seguridad de la Provincia, Luis Ibáñez, vivió en carne propia lo que a diario tienen que sufrir el resto de los tucumanos. Que un funcionario público del área de Seguridad, con el rango que ostenta Ibáñez, no pueda hacer algo más que intentar “calmar” al delincuente que lo amenaza a él y a una vecina, habla por sí mismo acerca del momento que atraviesa la provincia.

Y es que en Tucumán nadie se salva y ni las autoridades tienen control de la situación, bajo ningún punto de vista. ¿Si no atinan a defenderse los propios hombres que integran el grupo de trabajo en materia de seguridad, qué queda a la hora de defendernos a los ciudadanos de a pie? Esa es la pregunta que quedó flotando en toda la semana en el Ministerio de Seguridad, una pregunta a la que nunca le encontraron respuesta.

Por estas horas, la Legislatura local, intenta una puesta en escena en la que la venta de humo se incrementa, conforme avanza el calendario a su fin. Y es que se aprestan a aprobar una nueva ley que no sirva para nada, pero no apuntando a los grandes negocios del crimen organizado, ni a frenar el asesinato diario que padece Tucumán en una pandemia de inseguridad, tan mortal como la del propio y mal manejado coronavirus.

Luego de que diéramos cuenta desde este medio, hace menos de diez días de lo que fue el robo de una llamada “mechera” a una anciana en pleno microcentro, apenas unas horas estuvo detenida y al salir posteó junto con su banda una burla hacia la sociedad gracias a la liviandad del Poder Judicial. Desde entonces, nuestros legisladores apuntan a estas delincuentes y a “punguistas”, en una nueva muestra de que no le encuentran el agujero al mate.

¿De qué sirve que se planifiquen operativos para atrapar delincuentes de poca monta o asesinos de historial frondoso, si la Justicia decide que deben ser liberados? Amparados en tecnicismos de dudosa legalidad, los jueces y fiscales de Tucumán, encuentran algún resquicio en las leyes para inclinar la balanza en favor de los malhechores. Lo peor del caso, es que sigue ocurriendo a pesar de los últimos acontecimientos que enlutaron a la provincia.

La inacción de los jueces, termina provocando que la inseguridad crezca, que se incremente la cantidad de víctimas de homicidios, todo a causa de la Justicia parece una puerta giratoria por la cual los delincuentes entran y salen como si nada. Pero, además, no sólo que no permanecen detenidos, sino que ni siquiera terminan siendo juzgados. Esto significa que ni siquiera son sometidos a un proceso legal de cara a la sociedad para que sea juzgados por sus delitos.

Y si de inacción de la Justicia hablamos, un caso testigo resulta el del legislador oficialista  y ex intendente de Tafí del Valle Jorge Yapura Astorga, quien por medio de su clan, todavía sigue “activo” y aprovechó el sismo institucional que provocó la confirmación de que el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva contrajo coronavirus. Y es que en su lugar y de forma interina pasaría a desempeñarse en este cargo, la actual presidenta del Concejo Deliberante de Tafí del Valle, Sonia del Carmen Saavedra.

Se trata de nada más ni nada menos que la secretaria de gobierno durante la anterior gestión de Jorge Yapura Astorga durante ocho años. Lo insólito es que se encuentra procesada por delitos de corrupción junto con el actual legislador oficialista, a la espera del juicio oral y público al que deben someterse ambos y otros integrantes del círculo íntimo de Yapura Astorga. Esto sólo es posible debido a la inacción de la Justicia tucumana.

Quien tampoco actúa es la Legislatura de Tucumán, ya que su titular, Osvaldo Jaldo, es poseedor de una doble vara para medir a los integrantes de su partido. Y es que tras el escándalo narco que involucra a la política provincial, luego de la detención de Jesús Busto, el empleado del Siprosa que transportaba 120 kilos de marihuana, el vicegobernador quiso venderle a los medios de comunicación que él no estaba dispuesto a tolerar una situación así.

Es por ello que manifestó que a todas las personas que andan metidas en el narcotráfico les debe caer el peso de la ley. Hasta redobló la apuesta, diciendo que si un fallo judicial confirma que la situación es realmente así, tienen que estar en la cárcel de por vida sean quienes sean y ocupen el cargo que ocupen y hasta incluso sean del partido político que sean. Y es que se olvidó que podría comenzar dando el ejemplo y decir algo de Jorge Yapura Astorga, que sigue protegido en la legislatura que el preside. La crisis institucional que atraviesa la provincia, es alarmante. Los responsables de los poderes del Estado, deberán accionar lo más pronto posible, de lo contrario, la sociedad asoma decidida, para hacerles cumplir con sus obligaciones.