En diciembre de 2019 la fórmula Fernández -Fernández accedía al poder y se organizaba una fiesta popular en Plaza de Mayo. ¿Cuánto nos costó?

El festival incluyó aproximadamente seis horas de música, con Los Pericos, Los Tipitos, Super Ratones, Sudor Marika, Iván Noble, Adriana Varela y David Lebón, entre otros. Después del show de Litto Nebbia e invitados, el presidente Alberto Fernández y la vice electa Cristina Fernández saludaron al público, bajo el agobiante calor de diciembre.

La empresa contratada para hacer el show fue Tiempo Beta SRL, la misma que recientemente cobró notoriedad por brindar servicios para las sesiones de los diputados en el Congreso y obtener jugosas licitaciones – casi – sin competencia. El titular de esta compañía es Ignacio Saavedra, exgerente de Noticias de Canal 7 y exdirector de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y vinculado a la organización La Cámpora.

El sitio 75 octubres, que alojó la “movilización virtual” que conmemoró los 75 años de “lealtad peronista”, fue registrado también por Tiempo Beta.

Antes de estos trabajos, la empresa organizó el recital de asunción presidencial y fue contratada sin licitación por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y sus servicios costaron $9.680.000, registrado en una sola factura. “Eso viola todo procedimiento de contratación administrativa y más si hablamos de casi 10 millones”, argumentó un abogado a Impacto Periodismo, quién accedió de forma exclusiva a la documentación tras un pedido de acceso a la información pública. “A lo sumo si se dan ciertas situaciones excepcionales (que están en el artículo 25 del Decreto 1023/2001) se puede usar un procedimiento abreviado. Se le pide ofertas a no menos de tres proveedores, por ejemplo. O si necesitás un repuesto que sólo fabrica una empresa y no lo podes reemplazar por otra, bueno ahí podés contratar directamente con esa empresa. Pero son situaciones súper excepcionales y tiene un proceso previo. En este caso el estado nunca determino que existía una necesidad y autorizó el gasto”, detalla contundente el letrado sobre las irregularidades en la adquisición de los servicios para la producción integral del espectáculo que dio inicio a la gestión de Alberto.

El documento oficial enumera y detalla todo el costo cotizado, con los componentes técnicos y el personal. Todo se resume en una sola factura “B”, sin más trámites.

Ignacio Saavedra, beneficiado como proveedor del Estado, quedó bajo sospecha durante la presidencia de Cristina Kirchner por el crecimiento de sus bienes. Su patrimonio se multiplicó casi por diez durante su días como empleado público de jerarquía: pasó de $360.000 declarados en 2012 a $3,2 millones a fines de 2015, según los datos que el mismo funcionario informó a la Oficina Anticorrupción. Hoy su emprendimiento, con la nueva llegada del kirchnerismo, pisa fuerte y sigue recaudando.