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Sólo un pragmatismo desesperado explica el súbito ascenso de Boudou al santoral kirchnerista. Lo adorna un relato de cierta épica, cosido con remiendos.
Es el primer vicepresidente condenado en democracia por delitos de corrupción. La solicitada que firmaron dirigentes de todo el arco cristinista en su respaldo describe al lobo feroz como caperucita.
El texto sostiene que es víctima de una “persecución política” por “recuperar los fondos de las AFJP, devolviéndolos a jubilados y trabajadores”.
Dejemos entre paréntesis por un instante la victimización de Boudou. El supuesto merecimiento que la habría motivado es una falacia. El exUcedé no bajó de Sierra Maestra con dinero expropiado a los bancos en las alforjas de su Harley Davidson.
La estatización de las AFJP confiscó ahorros de los trabajadores y los entregó al manejo discrecional de un gobierno que se quedaba sin caja. Había dilapidado los superávits gemelos que heredó, una presión tributaria record y la bonanza de la soja a 600 dólares.
La romantización de las confiscaciones es un subgénero muy frecuentado por la narrativa kirchnerista.
El argumento de fondo es que Boudou, como Cristina y el resto de los exfuncionarios investigados, son víctimas del “lawfare”. Una vasta conspiración que incluiría al Departamento de Estado norteamericano, jueces, políticos, empresarios y medios periodísticos para ahogar a los “movimientos populares”.
El caso Ciccone no entra ni con fórceps en ese molde. Las evidencias fueron corroboradas por 16 jueces, en todas las instancias, incluida la Corte Suprema. El proceso atravesó tres gobiernos, dos de ellos de su propia fuerza política.
El corazón de la solicitada de tres párrafos es el ataque a la Corte Suprema.
Amado Boudou se refirió al fallo de la Corte y cruzó a Alberto Fernández: “La principal perseguida política se llama Cristina”
En particular, por la validación implícita de la ley del arrepentido en el caso Ciccone. Para que Boudou fuera preso resultaron decisivos el testimonio y la documentación que aportó su extestaferro, Alejandro Vandenbroele.
El alegato del kirchnerismo menciona de manera expresa “otras decisiones judiciales” en el mismo sentido. Alude al fallo de la Cámara de Casación Penal que ratificó el valor de las declaraciones y las pruebas que ofrecieron más de 30 empresarios y exfuncionarios en la megacausa de los Cuadernos.
Cristina Kirchner está procesada en ese expediente como presunta jefa de una asociación ilícita para robar fondos públicos. La defensa intentó voltear el caso con el argumento de la inconstitucionalidad de la figura del imputado colaborador. No funcionó.
La condena firme al exvicepresidente reveló que la ofensiva implacable sobre el Poder Judicial, que disloca el orden institucional y el estado de derecho, puede ser insuficiente para asegurar inmunidad.
El repentino ascenso de Boudou al santoral kirchnerista, con un relato de remiendos mal cosidos, encubre una operación mayor que enfoca la mira en la Corte. Y anticipa, tal vez, la madre de todas las batallas.
