Poco más de 8 años después de que las fuerzas de seguridad y la Justicia interceptaran un cargamento de más de una tonelada de cocaína que había sido exportada desde la Argentina hacia Portugal, camuflada en carbón vegetal, una noticia puso de nuevo en el primer plano una causa que tuvo fuerte vinculación con Santiago del Estero y Chaco.

Fue uno de los decomisos más importantes en la historia de nuestro país y que dio lugar a la megacausa de narcotráfico denominada “Carbón Blanco”.

Derivados de ese proceso con numerosos condenados, vuelve a ser noticia ya que eslabones de la extensa cadena de involucrados, fueron procesados y un juez federal y la fiscal auxiliar recibieron graves amenazas de muerte a sus celulares.

Según revelaron, los mensajes llegaron por texto de WhatsApp el miércoles 23 de diciembre. Los enviaron desde un teléfono celular cargado con un chip prepago y los recibieron el juez federal de Roque Sáenz Peña, Miguel Aranda, y la auxiliar fiscal Pamela Michilg.

En ese contexto, el colega Agustín Ceruse, especializado en investigaciones sobre crimen organizado, revela la trama detrás de la trama. Lo hace en el portal Encripdata.

Si hubiera coronado los 4806 kilos secuestrados en puertos de la Argentina, España y Portugal, Carlos Salvatore habría ganado 156 millones de euros. Al valor de hoy: 15.897 millones de pesos. Pero esos solo fueron seis golpes a su banda entre 2005 y 2012. En el medio consiguió traficar toneladas de cocaína. No por nada vivía en uno de los barrios más lindos de la Ciudad de Buenos Aires. Su casona ahora está en remate por 2 millones de dólares. Salvatore murió en 2018, condena mediante, pero sus testaferros querían salirse con la suya, a cualquier precio, tanto que repartieron amenazas.

«Dejate de joder con ‘Carbón Blanco’, no sabes con quiénes te estás metiendo. Cortala ahora. Si sos tan pelotuda y seguís, te vamos a hacer mierda, pero antes vas a sufrir. Primero vamos a ir por tu familia, tu esposo, tus hijos y te los vamos a ir mandando en trozos y después te vamos a cagar matando hija de mil putas. No te podés esconder de nosotros, donde y cuando se nos ocurra te vamos a hacer pagar. Nunca nos vamos a olvidar. Estás avisada: cortala», le escribieron a la secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Pamela Michlig, del Tribunal Oral Federal de Chaco.

Un mensaje similar le mandaron por WhatsApp al juez federal de Roque Sáenz Peña, Miguel Aranda, que terminó la subrogancia esta semana. También hicieron inteligencia sobre el fiscal de juicio Federico Carniel: sacaron fotos de su casa y su auto.

Las personas que amenazaron al juez, el fiscal y la secretaria no dejaron dudas sobre el motivo: el desarrollo de las causas de «Carbón Blanco». Rápidamente, 155 jueces, fiscales y funcionarios judiciales firmaron una carta de apoyo a sus pares chaqueños.

El fiscal Carniel avanza sobre siete funcionarios de la Aduana que hicieron posible la llegada de tres envíos de cocaína por un total 1057 kilos hasta el depósito fiscal Carbo Félix, Portugal, donde los inspectores descubrieron dos bolsas olvidadas de carbón vegetal con seis kilos de droga cada una. Tal vez no todos, pero algunos de los aduaneros porteños fueron cómplices de Salvatore, al que, como reaseguro, le entregaron una copia del resultado del scaneado del contenedor Caxu-4900236, obviamente contaminado, con la alerta: «imagen dudosa».

Pero los investigadores sospechan que la amenaza partió de alguno a los que el juez Aranda procesó el 6 de diciembre con prisión preventiva y embargo millonario en el segundo tramo del lavado de activos: Sergio Daniel Salomone, su esposa Viviana Tejero, los hermanos Gabriel José Morón y Ariel Morón, Gladys Peregal y Eduardo Antonio Macri. Todos se entregaron menos dos: el primero de los Morón y el escribano Macri.

Encripdata había revelado la historia de Salomone: ante la inminencia del juicio, en el que sería condenado a 21 años de prisión por narco, Salvatore le cedió en 2018 la cuenta que tenía en la Isla de Man: 908.642 dólares. Salomone registró a Tejero y sus hijos como beneficiarios. Tras el exhorto de los investigadores argentinos, las autoridades del paraíso fiscal ubicado entre Inglaterra e Irlanda inmovilizaron la cuenta millonaria. Solo falta que pongan el dinero a disposición del tribunal.

Esa cuenta forma parte de las 115 cuentas bancarias, 81 inmuebles y 25 autos que el tribunal ordenó decomisar al condenar en 2019 a los herederos del narcotraficante por ayudarlo a lavar la plata obtenida del tráfico de cocaína hacia Europa.

Un tercer expediente, que marcará un hito en la cooperación internacional, está bajo siete llaves, según pudo confirmar Encripdata.

Salvatore, cuando se sintió acorralado, también juró matar a la jueza que lo investigaba: Zunilda Niremperger. «Yo pago este homicidio, lo pago, pero ella se muere», vociferó mientras su esposa le advertía que tenía el teléfono intervenido. No solo no pudo sino que terminó sus días en prisión.