La actividad económica ingresó hace algunos meses en zona de recuperación, y la duda es qué ocurrirá con los precios cuando, según espera el Gobierno, el aparato productivo se empiece a reanimar a ritmo más acelerado a partir de marzo o abril, si la pandemia lo permite.

Los interrogantes sobre la siempre escurridiza inflación se potenciaron en el último mes del 2020, cuando el INDEC reportó 4% y elevó el dato anual al 36,1%, por encima de lo proyectado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien había fijado el número en 35%.

Fue una diferencia mínima, pero para curarse en salud tal vez no convendría que el jefe de Economía lanzara proyecciones en firme sin estar seguro.

Las mismas dudas existen sobre el costo de vida apenas por debajo del 30% proyectado en el Presupuesto de este año, cuando todos los consultores observan los precios en la zona del 50%.

Sobre la inflación influyen mucho las expectativas, y Guzmán opera sobre esa variable para tratar de que el costo de vida, que ha sido capaz de complicar ministros y Gobiernos enteros a lo largo de la historia argentina, no se termine yendo de las manos.

Un dato que preocupa a quienes toman decisiones económicas es que la inflación se haya acelerado a pesar de que las tarifas y otros precios clave siguen congelados, mientras alertan sobre el rol en la aceleración del costo de vida jugado por rubros como salud y combustibles.

En el medio, se esperan tensiones entre las necesidades políticas en un año electoral, y un INDEC tratando de hacer un trabajo profesional y sólido, que aún debe resistir algunos intentos de sectores oficialistas por condicionar sus estadísticas.

Por ahora lo hacen en forma solapada, y no como ocurrió en la época de la manipulación sin tapujos encabezada por Guillermo Moreno durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien avaló esas presiones, en lo que fue la etapa más oscura en el organismo en tiempos democráticos.

Esta semana el INDEC difundirá varios datos clave: el costo de la construcción y los precios mayoristas de todo el año anterior, y la canasta básica, que a diciembre habría rozado los $55.000 para una familia tipo.

Los índices de la canasta -que permiten estimar la pobreza y la indigencia- habrá que analizarlos con lupa.

Es que la disparada mostrada por alimentos clave como la carne -el asado subió 28,5% en diciembre según el INDEC- encienden alertas sobre la estrategia contra la inflación.

Economistas advierten que la pobreza -que alcanza niveles récords en la Argentina- está siendo jaqueada por la aceleración que muestran los precios de consumos clave para los sectores más postergados, como alimentos y bebidas.

Afirman que la suba de precios impacta sobre la línea de flotación de la mitad del país, ya que la canasta de consumo del sector más pobre trepó a niveles cercanos al 50% durante el 2020, muy por encima de la inflación.

Este tema es central para el éxito o fracaso de la política económica, y el Gobierno está tratando de hacerle frente con políticas como Precios Máximos y Cuidados, que siempre parecen quedarse cortas.

Un dato pinta de cuerpo entero el problema: el consumo de carne cayó al nivel más bajo de la historia, por su elevado costo, cuando siempre fue un producto muy demandado en la dieta de los argentinos.

La gente busca reemplazarla con pollo, cuyo consumo creció fuerte, pero allí aparece otra variable que explicó en parte el último conflicto con el sector agropecuario.

El precio del maíz, clave para alimentar a la cadena avícola, está en niveles altos en el mundo, y lo mismo ocurre con otros commodities como la soja y el trigo.

Guzmán dijo que es necesario evitar que los precios internacionales de los commodities se trasladen al mercado interno.

Esa intención de desacoplar precios internacionales e internos sobrevoló la estrategia de diversos gobiernos en el país, con suerte dispar, y terminó afectando los niveles de producción agropecuaria.

La principal contradicción es que Argentina está necesitada de las divisas que justamente proporcionarán esos precios internacionales récord, mientras a su vez se presiona a los productores para satisfacer la demanda interna a valores por debajo de los que se reciben a nivel mundial.

Las diferentes lecturas que hacen sobre este tema la Comisión de Enlace de entidades del agro y el Consejo Agroindustrial -de diálogo permanente con el Gobierno-, explican el distanciamiento entre ambos agrupamientos en la última semana.

Guzmán alertó sobre el riesgo de que la suba de precios internacionales, positiva para la economía, termine siendo regresiva porque -dijo- el resto de la sociedad termina enfrentando precios más altos para todo lo que está asociado a esos commodities.

Dice que busca que el sector pueda vender a precio internacional, pero que haya abastecimiento asegurado en el mercado interno a cotizaciones que no reflejen la inflación mundial.

Y asegura que buscan articular esa estrategia sobre la base del "diálogo, no la confrontación" con el campo.

El problema tiene alta densidad, y más cuando el debate se tiñe de ideología.

En los últimos días sectores ultra kirchneristas han llegado a sostener que la Argentina sufre la "maldición" de ser una potencia alimentaria.

Un razonamiento que atrasa un siglo, por lo menos.