Los objetivos de los ministros de Economía en la Argentina siempre suelen chocar con las necesidades políticas en algún momento de la gestión.

Ese antecedente pone en duda la meta lanzada esta semana por el jefe del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, cuando dijo que se buscará poner "las cuentas fiscales en orden".

Pareció más un mensaje destinado a los mercados y, sobre todo, al FMI, donde el acercamiento que supo tejer con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, es total.

El ministro no solo habló de empezar a reducir un déficit fiscal que rondó los $1,7 billones en el 2020, el año de la pandemia, sino también de hacerlo incluyendo una baja de las necesidades de asistencia al Tesoro por parte del Banco Central.

Una de las claves de la estrategia pasa por empezar a reducir los subsidios a las tarifas de servicios, es decir, autorizar aumentos en electricidad y, sobre todo, gas.

El problema es que el sector ultra kirchnerista -que gana cada vez más espacio en la administración de Alberto Fernández, como quedó otra vez comprobado con el cambio de presidente de YPF-, busca esmerilar cualquier política piantavotos.

La estrategia de ordenar las cuentas requerirá por ello de un fuerte respaldo político de la Casa Rosada, con el que Guzmán parece contar, y también de cierta benevolencia por parte de una pandemia que hasta ahora demostró no tener piedad: provocó casi 47 mil muertes y obligó a erogaciones multimillonarias por parte del Tesoro.

Si no hubiese sido por los fondos que el Estado destinó para pagar subsidios como el IFE y el ATP, el desequilibrio fiscal se habría reducido a la mitad, según proyecciones de consultoras privadas.

Buena parte de esos subsidios no serían necesarios este año si la campaña de vacunación comienza a cobrar ritmo (tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner ya recibieron la primera dosis de la Sputnik V).

El otro sostén en el que se apoya el ambicioso plan de ordenamiento de Guzmán está vinculado con la fuerte reducción de intereses de la deuda que tendrá este año la Argentina, tras los canjes de bonos.

Es que durante 2020, si se incluyen los pagos de intereses de la deuda, el desequilibrio fiscal se disparó a $2,2 billones.

Son unos $500.000 millones más que este año no habrá que afrontar, lo cual mejorará las cuentas públicas.

Otro dato que fortalece la posición optimista de Guzmán es que sobre el final del 2020 una mejora en la recaudación impidió que el déficit se escapara.

Una de las dudas que tienen los agentes económicos es si cuando llegue la hora de negociar el nuevo acuerdo de facilidades extendidas, el FMI no pedirá un ajuste fiscal superior al proyectado por Economía.

Por ahora se ubica en el 4,5% de un Producto Bruto que experimentó una fuerte caída en los últimos años.

Desde Economía mantienen esa proyección y advierten que la situación sanitaria genera todavía un alto nivel de imprevisibilidad.

"Podríamos tener que hacer frente a gastos no previstos en el Presupuesto", admiten.

Esas erogaciones imprevistas podrían incluir una nueva fase del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Pero el eje de la meta de reducción del déficit está vinculado con las tarifas.

La intención de Guzmán es que este año la participación de los subsidios tarifarios a la energía se mantenga en 1,7% del Producto Bruto -1,9% si se incluye el Plan Gas-, y que los del transporte ronden el 0,5%.

Analistas de mercado sostienen que para ello es necesario avanzar con una suba, que se espera desatará tensiones en la coalición gobernante.

En el medio, la fuerte disparada que tuvieron los alimentos el año anterior, muy por encima de los precios promedio de la economía, generan más dudas sobre si se podrá cumplir con el objetivo de poner la inflación por debajo del 30% este año.