Raúl Eugenio Zaffaroni se subió a la tribuna y pidió amnistía para los casos de corrupción K

Los voceros jurídicos de Cristina reclaman, ya de manera abierta, la impunidad de la corrupción en los gobiernos kirchneristas.

Graciana Peñafort, funcionaria del Senado y asesora judicial de la vicepresidenta, le reclamó al Poder Ejecutivo que indulte a Milagro Sala. Un ariete que podría abrir el camino a otros casos.

Zaffaroni, jurista de cabecera de la vicepresidenta, pidió una amnistía general para todos los exfuncionarios K sometidos a la Justicia.

La justificación es siempre la misma: el lawfare, un supuesto complot inspirado por Estados Unidos para derribar o impedir los “gobiernos populares en América latina”. El brazo ejecutor en Argentina habría sido una trama conformada por Macri, el “poder económico” –que estaría de los dos lados del mostrador, si se repara en la causa de los cuadernos–, los medios “hegemónicos” y magistrados serviles.

El indulto es una facultad exclusiva del Presidente de perdonar condenas penales. Peñafort invocó la jurisprudencia de la denostada –con razón– Corte menemista, que validó el indulto a la cúpula de Montoneros. Extendió las atribuciones del Ejecutivo también a causas sin sentencia.

Alberto Fernández ha repetido que no indultaría a nadie porque ese instituto es “una rémora de la monarquía”. Aunque, ya se sabe, sus opiniones nunca son pétreas. Ahora la presión del cristinismo es extrema.

Un proyecto de amnistía no reúne hoy los votos suficientes en la Cámara de Diputados, que ya cajoneó el proyecto de reforma judicial.

En 14 meses de gestión, la vicepresidenta desplegó una ofensiva de alcances y profundidad sorprendentes.

Copó los organismos de control –y los retiró como querellantes en causas de corrupción–, el área de investigación de la AFIP, la conducción de los servicios de inteligencia. Consiguió, mediante pactos controvertidos, la mayoría en el Consejo de la Magistratura, que propone y remueve jueces y fiscales. Designó amigos en los tribunales federales y desplazó a funcionarios judiciales que no aceptaron la sumisión. Hegemonizó la comisión bicameral de seguimiento del Código Procesal Penal que, excediéndose en sus atribuciones, estableció un régimen que difiere las sentencias firmes más allá de los plazos de prescripción.

Consiguió sacar de la cárcel a funcionarios procesados e incluso condenados. Impulsa acciones para desplazar al jefe de los fiscales y limitar la independencia del cargo.

La enumeración es por cierto incompleta, pero ilustrativa.

No alcanzó. Y la búsqueda de una mayoría propia en Diputados en las legislativas de octubre tiene pronóstico incierto. El presidente se alinea en las declaraciones, pero –se le reprocha– no asume compromisos que modifiquen los hechos.

Los reclamos de indultos y amnistías intentan naturalizar en la opinión pública que la impunidad sería un supuesto acto de justicia casi inevitable. Y revelan también cierta desesperación. Los plazos corren.