La vacunación irregular de funcionarios, empresarios y otras personalidades realizada en el Ministerio de Salud de la Nación, que se conoció el viernes último a partir del relato del periodista beneficiado Horacio Verbitsky y que derivó en la renuncia del titular de esa cartera, Ginés González García, abrió el debate sobre las sanciones penales (además de las ético-morales) que podrían caberle a quienes permitieron estas prácticas y a quienes aceptaron saltarse el orden de prioridades y aplicarse la vacuna.

Chequeado consultó a especialistas para conocer en qué delitos podrían haber incurrido y qué tipo de sanciones podría caberles a los funcionarios que autorizaron o promovieron que hubiera privilegios en el acceso a las vacunas COVID-19 que, en el contexto de pandemia, son un bien preciado y escaso en la gran mayoría de los países del mundo y no se comercializan sino que las distribuye el Estado de acuerdo con protocolos.

Si bien coincidieron en que no existe una legislación que regule esta situación específica, los expertos indicaron que el hecho podría investigarse bajo el tipo penal de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “negociaciones incompatibles con la función pública” o por la violación del artículo 205 del Código Penal de la Nación, que establece sanciones para quienes violen las medidas dispuesta “para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En tanto, por el hecho que terminó con la gestión de González García se presentaron 2 denuncias penales, y el Procurador de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal Sergio Rodríguez ordenó la apertura de una investigación judicial.

El “VacunaGate”

El director del sitio El Cohete a la Luna y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contó al aire por radio que fue vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud de la Nación luego de pedírselo a González García, quien -según narró el periodista- gestionó la presencia de un equipo de vacunadores del Hospital Posadas en la sede ministerial para cumplir con la tarea. Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, también confirmó que se vacunó en el mismo lugar.

Verbitsky aseguró, además, que mientras recibía la dosis de su vacuna alguien le comentó que también pasaría a vacunarse por el Ministerio el directivo de Clarín, José Aranda, pero el empresario lo desmintió y señaló que se va a inocular “cuando me llegue el turno que solicitaré en la Ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte, en su carta de renuncia, González García confirmó los hechos irregulares, pero sostuvo que ocurrieron por una “confusión de mi secretaria privada en la citación a las personas vacunadas en este Ministerio”. Y, si bien asumió “la responsabilidad por la equivocación”, dijo que “las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente”.

Sin embargo, ello no es claro, porque dependiendo de su lugar de residencia aún no les correspondía necesariamente el turno. De hecho, Horacio Verbitsky tiene 79 años y se domicilia en la Ciudad de Buenos Aires, donde ayer comenzaron a darse los primeros turnos de vacunación para mayores de 80 años.

¿En qué delitos podría haberse incurrido?

El abogado especialista en Derecho Constitucional Andrés Gil Domínguez señaló a este medio que el hecho de que una persona saltee el orden de prioridades para la vacunación “no estuvo contemplado en la legislación” vigente sobre vacunación, pero que debería investigarse si el ex ministro facilitó esta situación y violó alguna ley o resolución a través de la cual se haya establecido un cronograma de vacunación específico.

Al respecto, la Resolución 2.883/20 del Ministerio de Salud de la Nación fijó un orden para la vacunación, en el que aparecen como prioridad el personal de salud, seguido por los mayores de 70 años y personas alojadas en geriátricos, y por adultos de entre 60 y 69 años. Pero se aclara que el listado “puede ser modificado” por la situación epidemiológica y la disponibilidad de dosis.

Por el contrario, el ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y ex diputado, Manuel Garrido, aseguró que la figura de incumplimiento de funcionario público -contemplada en el artículo 248 del Código Penal– tipifica una actuación “en contra de una Constitución o de una ley”, y sostuvo que el cronograma de vacunación no tiene esa fuerza legal. “De acuerdo al texto del Código Penal me parece difícil sostener su tipicidad”, indicó.

No obstante, Garrido consideró que “lo que más se le parece son las ‘negociaciones incompatibles con la función pública’, pero la interpretación doctrinaria y jurisprudencial limitan su aplicación a contratos y otros actos con contenido patrimonial”.

También aseguró que podría evaluarse un incumplimiento del artículo 205 del Código Penal de la Nación, que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

“Si hay medidas que dicen que hay que vacunar primero al personal de salud -que tiene un rol esencial en la prevención y cura de la enfermedad- y se la aplican a ricos, famosos y políticos, están violando esas medidas”, señaló.

Sin legislación específica

Los especialistas coincidieron en señalar que no existe una legislación o tipo penal en particular que contemple esta situación. La Ley N° 27.491 de Control de enfermedades prevenibles por vacunación, que establece sanciones a profesionales de la salud que incumplan con la aplicación del calendario nacional de vacunación, no prevé el caso específico de personas que se salteen el orden de prioridades establecido.

El diputado nacional del Frente de Todos Pablo Yedlin fue uno de los autores de la Ley y explicó a Chequeado que la normativa, aprobada en abril de 2019, “no se pensó en un contexto en el que hubiera un faltante de vacunas”, por lo que no prevé una sanción a la situación narrada por Verbitsky.

De todos modos, apuntó que la ley “tiene un artículo que establece que todas las vacunas deben estar registradas en un sistema digital, que debe ser transparente: todo el mundo que se vacuna debe figurar allí”. Sin embargo, ese artículo no está reglamentado.

Denuncias e investigación

Tras las declaraciones de Verbitsky, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia para que se investigue el accionar de González García y del periodista. Y señaló que los hechos “resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con pena de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que ‘…dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere’”.

El fiscal recordó que la Resolución 2.883/20 del Ministerio de Salud de la Nación dispuso un “orden prioritario” para la vacunación, y que en el hecho denunciado hubo “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en la lista de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.

Por su parte, la Procuración de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, abrió una investigación preliminar para determinar la posible existencia de “un orden paralelo al establecido prioritariamente en razón de grupos de riesgo o interés epidemiológico para suministrar las dosis de vacunas recibidas contra el virus que generó la actual pandemia mundial”.

Finalmente, el vicepresidente de Republicanos Unidos y ex subgerente Operativo de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad, Yamil Santoro, presentó una denuncia contra González García ante la Cámara Federal Criminal y Correccional por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.