La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó el 27 de octubre una carta a 10 años de la muerte de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner.
Allí se refirió a sus 2 mandatos, a la Presidencia de Mauricio Macri y a la suba del dólar, en el contexto de lo que llamó una “economía bimonetaria” de la Argentina.
Gracias a Chequeabot, el sistema de inteligencia artificial en el que trabaja Chequeado y que permite identificar frases chequeables en textos, se pudieron identificar las afirmaciones contrastables con datos y hechos que mencionó la ex presidenta en su carta. A continuación publicamos 4 chequeos a sus frases.
“Cuando terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015 la desocupación era del 5,9%”. Insostenible
No es posible saber con qué porcentaje de desocupación finalizó el segundo mandato de Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque el dato surge del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que en ese momento se encontraba intervenido por el gobierno nacional y sus datos sobre desocupación, además de los de pobreza e inflación, no eran considerados como confiables por fuentes calificadas (tanto oficialistas como opositoras).
En 2007, cuando Fernández de Kirchner juró como presidenta por primera vez, la desocupación llegaba al 8,1%, mientras que en 2015, último año de su gestión, los datos oficiales del INDEC -los que utilizó Fernández de Kirchner- mostraban una tasa de desempleo en todo el país del 5,9% al tercer trimestre de ese año, momento en el que el instituto oficial dejó de publicar información.
Este porcentaje sería el nivel más bajo de desocupación desde 1987 y el dato de desocupación con el que asumió el presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015.
Sin embargo, el 8,1% y el 5,9% no son cifras confiables. El INDEC señaló, en su informe sobre el mercado de trabajo del segundo trimestre de 2016 (el primero de la gestión de Macri), que no incluía “datos de trimestres anteriores dado que, conforme a la emergencia estadística”, el instituto dispuso “que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015 deben ser consideradas con reservas”. El mismo criterio adoptó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en distintos documentos, como por ejemplo en su panorama laboral de 2018.
Incluso, la misma Fernández de Kirchner puso en duda las estadísticas del instituto de estadísticas que dependía de ella y ponderó en su carta la inflación de 2015 “medida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” y no por el INDEC.
“Los datos de desempleo de los últimos años del kirchnerismo, al parecer, tenían un ‘toqueteo quirúrgico’ por medio de una supuesta ‘oficina matadesocupados’, que transformaba a los desocupados (personas que no trabajan y buscan activamente empleo) en inactivos (personas que no trabajan pero no buscan activamente empleo). -explicó en 2017 Daniel Schteingart, doctor en Sociología de la UNSAM y actual director del Centro de Estudios para la Producción (CEP).
Y, además, Schteingart agregó: “Si bien ello no afecta a la cantidad de ocupados, sí introduciría un sesgo a favor de los inactivos y en desmedro de los desocupados”. Esto significa que bajaba el número de desocupados contabilizados.
“La cobertura previsional había superado con creces el 90% de la población”. Verdadero
Según una estimación oficial de la ANSES realizada en agosto de 2015, en dicho año el porcentaje de personas en edad de jubilarse que recibía el beneficio (lo que se entiende como “cobertura previsional”) habría alcanzado el 97%, mientras que en 2003 ese porcentaje era del 66%, como se explica en esta nota.
Rubén Lo Vuolo, director del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), ponderó en este chequeo la alta cobertura previsional alcanzada durante el kirchnerismo, y observó que “esto se logró gracias a las moratorias, es decir un plan especial para incluir a personas que no alcanzaban los requisitos para jubilarse”.
Este tipo de medidas comenzaron en 2004 y provocaron que, entre diciembre de 2003 y el mismo mes de 2014, más de 2 millones de jubilados accedieran a este beneficio (ver datos).
Sin embargo, a partir de 2010 la tasa de cobertura comenzó a disminuir. Esta tendencia a la baja se registró hasta 2014, cuando la cobertura previsional alcanzaba al 93% de la población en edad de recibir el beneficio. Ese año, sin embargo, el Congreso nacional sancionó una nueva ley de moratoria previsional que provocó que la cobertura volviera a incrementarse hasta llegar al 97%, el porcentaje más alto de la serie 2000-2015.
Así, las jubilaciones representan el 34% del presupuesto y son el gasto más importante del gobierno nacional. Pero, además de la inversión que implicó ampliar la cobertura, Rafael Rofman, especialista en Protección Social, dijo en este chequeo que la mitad de los actuales jubilados ingresaron en el sistema por las moratorias y advirtió que esto, sumado a “la aplicación irregular de criterios de indexación (que resultó en el altísimo nivel de judicialidad del sistema)”, generó que la mitad de los beneficiarios cobrara una jubilación mínima.
“Cuando terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015 (…) la inflación, medida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no superaba el 25% anual”. Verdadero, pero…
Los datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestran que a finales de noviembre de 2015, último mes completo de Fernández de Kirchner en el poder, la inflación interanual llegaba al 23,9%, en línea con lo que dijo la ex presidenta.
También mostraba un porcentaje similar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de San Luis, que marcaba a finales de noviembre de 2015 una inflación interanual de 25,4%.
Estas 2 mediciones provinciales fueron las recomendadas por el INDEC en 2016, ya durante la gestión de Cambiemos, para seguir la evolución de los precios durante la normalización del instituto de estadísticas nacional tras su intervención que comenzó en 2007, durante el mandato de Kirchner.
Pero, los especialistas también destacan que al finalizar el gobierno de Fernández de Kirchner las tarifas de distintos servicios públicos -como agua, electricidad y gas- estaban atrasadas, lo cual impacta directamente en el nivel de inflación. Esto se evidencia viendo la inflación de noviembre de 2015: mientras el total de los precios habían aumentado un 23,9% en los anteriores 12 meses, los precios regulados -como las tarifas públicas- habían subido un 9,6%, según las estadísticas de la Ciudad.
Además, si se analizan ambos indicadores, en meses anteriores la inflación interanual era muy superior a la que indicó Fernández de Kirchner para finales de 2015. En 2014, luego de la devaluación de enero de ese año, la inflación subió fuertemente y en septiembre de dicho año alcanzó un máximo de 46,3%, según el índice de San Luis, y un 40,3%, según la medición de la Ciudad.
Igualmente, ambos valores se vieron superados durante la gestión de Cambiemos, ya que la inflación interanual en mayo de 2019 alcanzó un máximo interanual de 60,9%, según la estadística puntana, y un 54,7%, según la medición porteña.
“Macri tuvo que reestablecer el denominado ‘cepo’ cambiario pero con una restricción mucho mayor: sólo podían comprarse para ahorro US$ 200 por mes -menos del 10% de aquellos tan cuestionados US$ 2.500-”. Engañoso
La comparación de Fernández de Kirchner respecto del cepo y el dólar es engañosa. Si bien los números son similares a los señalados por la vicepresidenta, las restricciones fueron distintas no sólo en el monto que se puso como tope.
Las medidas dispuestas por el gobierno de Macri establecieron un cepo que habilitaba la compra de US$ 200, pero todos (cualquier persona) podían acceder a ese monto. Con las medidas dispuestas en la última Presidencia de Fernández de Kirchner, las personas podían comprar hasta US$ 2 mil, pero requerían de una autorización de la AFIP para adquirir moneda extranjera y no todos podían comprar porque el organismo recaudador no autorizaba a todos los que lo solicitaban.
El 31 de octubre de 2011, luego del triunfo electoral del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales, se instalaron restricciones cambiarias que pasaron por estadíos diversos hasta fines de 2015. En un principio, se trató sólo de una autorización requerida a la AFIP para realizar la compra, pero para mediados de 2012 ya se había eliminado el llamado “dólar ahorro” y sólo se permitía comprar moneda extranjera para viajes al exterior.
Es decir que el cepo cambiario del gobierno de Fernández de Kirchner tuvo distintas facetas, incluso una en la que la compra de dólares para atesoramiento directamente estuvo prohibida.
El “dólar ahorro” volvió a habilitarse en enero de 2014, un año y medio después, pero con diversas limitaciones: sólo estaban habilitados a comprar quienes tuvieran un sueldo superior a 2 salarios mínimos, se podía destinar hasta un 20% del sueldo para su compra y el tope era de US$ 2 mil mensuales, cifra menor a la que mencionó ayer la vicepresidenta en su carta.
Este sistema rigió hasta que comenzó la Presidencia de Macri. El 16 de diciembre de 2015, el entonces ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay, anunció el fin del cepo.
En septiembre de 2019, 3 semanas después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que la fórmula del Frente de Todos se impuso por una holgada diferencia sobre el oficialismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció restricciones a la compra de moneda extranjera. En un primer momento, se trató de una medida “light”: se fijó un límite de US$ 10 mil mensuales.
Sin embargo, el 28 de octubre, un día después del triunfo de Alberto Fernández en las elecciones generales, Guido Sandleris, el entonces presidente de la entidad monetaria, anunció un fuerte ajuste del cepo: se podrían comprar sólo US$ 200 mensuales, el tope que rige hasta hoy.
Sin embargo, actualmente esos US$ 200 tienen 2 impuestos: un 30% del llamado impuesto PAIS y un 35% que fijó el Banco Central en septiembre último. Es por eso que la cotización oficial del dólar es de $ 83,5, pero quien adquiere la divisa en el mercado oficial termina pagando a un valor de casi $ 140.
Además, como ocurrió con el cepo entre 2011 y 2015, ya no todos pueden acceder a la moneda extranjera. Por ejemplo, el Banco Central no autoriza la compra de quienes sean beneficiarios de planes sociales o quienes hayan cobrado parte de su sueldo a través del programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).