Aquel lunes por la noche, un sicario ejecutó a Rodrigo Alexander Naged Ramírez y a su hijo John Naged en la ciudad de Buenos Aires. Todo sucedió entre cuatro paredes del departamento D del piso 10 de la avenida Cabildo 2659. Una mujer de 29 años llamada Julieta Estefanía Bonanno escuchó todo, pero el asesino no le tocó ni un pelo. La dejó viva. Encripdata pudo saber que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOCF) 8 porteño comenzará este martes el juicio, pero no contra el asesino, que ni siquiera fue identificado, sino contra Bonanno, que no era otra que la abogada de las víctimas, considerada coautora de lo que desde aquel 4 de junio de 2018 se conoció como el «doble crimen de Belgrano» ligado a una operación de narcotráfico internacional que había salido mal.

Naged Ramírez fue el jefe de la célula mexicana de «bobinas blancas» que en junio de 2017 intentó contrabandear 2233 kilos de cocaína ocultos en rollos de láminas de acero. El juez federal de Campana Adrián González Charvay se lo impidió: por orden suya, la Policía Federal (PFA) secuestró 1375 kilos de cocaína colocados en ocho bobinas de acero en un galpón de Bahí Blanca y 486 kilos más en Mendoza y la Agencia de Control Fronterizo de Canadá hizo lo propio con 372 kilos escondidos en dos rollos de lámina de acero en el puerto de Montreal.

El magistrado ordenó arrestar de inmediato a cuatro mexicanos. Uno de ellos era justamente Naged Ramírez. Una mujer de tan solo 28 años, recién recibida de abogada, se hizo cargo de su defensa en un caso que enfrentaba a la justicia argentina contra un cártel mexicano. Esa mujer era Bonanno.

Pero durante la instrucción, el jefe de la célula narco sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). El juez, entonces, debió suspender el proceso en su contra y excarcelarlo el 15 de marzo de 2018. Su hijo John Naged se instaló en Buenos Aires para cuidarlo. Poco a poco, Naged Ramírez mejoró. En consecuencia, su letrada necesitaba armar una estrategia de defensa para responsabilizar a los otros mexicanos. De allí que Abraham Gómez Juárez, letrado radicado en Cancún, le propuso: «Sí, nos tenemos que organizar, nosotros solos lo hacemos. Quizás puedas decir que Alex puso otro abogado para él y pones a alquien que sea solo la pantalla, pero lo arreglas tú». Preocupada, ella solo pidió: «Yo no quiero represalias después».

Aquel 4 de junio de 2018, Julieta fue a la casa de los Naged, según ella, para llevarles plata y para trazar la estrategia. Llegó a las 21.43, pero no entró sola. También lo hizo un hombre al que los investigadores no han podido identificar en estos tres años. El sicario se bajó de un Chevrolet Corsa en Cabildo y Roosevelt y caminó hacia la puerta del edificio. Se paró a un metro de Julieta. Luego se fue, pero a los cinco minutos volvió para quedarse a su lado. Cuando los mexicanos le abrieron la puerta a la letrada, el verdugo se metió.

A las 22.35, con las víctimas ya muertas de un disparo en la cabeza, Bonanno llamó al 911. El sicario ya era un fantasma. La abogada declaró que el asesino la encerró una habitación, pero los peritos forenses sostuvieron que «si bien pudo no ser ella la que efectuó los disparos, al menos se encontraba en situación de proximidad con quien sí los hiciera o pudo incluso haber manipulado el arma».

El juez González Charvay, que investigaba a una de las víctimas por las «bobinas blancas», se hizo cargo del doble crimen. Una de las primeras cosas que hizo fue allanar la casa de Bonanno en Ituzaingó. Los detectives de la PFA secuestraron documentos sorprendentes.

En una carta de puño y letra, Naged Ramírez intentó convencer en julio de 2017 a Max Rodríguez Córdoba, alias «Patrón», de hacer una jugada para mejorar su situación: «Señor, por favor, su abogado está cagándolo. Tu esposa está pidiendo que le retires el poder. El tal Darío Graff resultó ser un vividor mentiroso. No conoce al juez». La mujer que hizo de mensajera entre los dos fue Bonanno.

Pero ese papel no fue el más llamativo. Los investigadores también encontraron otra hoja con los nombres y fechas de nacimiento de los principales acusados. Al lado del de Naged Ramírez, Bonanno escribió: «Lo van a matar» y finalmente, «muerto».

Ahora, casi tres años más tarde, el TOCF 8 porteño comenzará este martes el juicio contra la joven abogada como «coautora del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de armas de fuego en dos hechos los cuales concurren de manera real».

Encripdata pudo saber que Leopoldo Murúa y Nicolás Proz, letrados de Bonanno, rechazaron realizar el juicio por videoconferencia: «El control de la prueba es totalmente imposible en esa modalidad. De esta forma es imposible ejercer plenamente la defensa en juicio».

El tribunal no hará lugar al planteo. El juicio debía empezar el 19 de marzo de 2020, pero por el coronavirus y el consiguiente aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) se pospuso hasta ahora. El resto de los juicios, como la «Ruta del dinero K», se hicieron vía Zoom.

Desde la cárcel, la abogada deberá explicar bastantes cosas. Por empezar, por qué en un papel había anotado, aunque mal escrito, el nombre de la por entonces encargada de la Sección Consular de la Embajada de México en la Argentina, Carla Juárez Guraieb, ahora encargada de Asuntos Políticos y Económicos de la misión diplomática.

Por qué había hecho lo mismo con Carlos Cearras, uno de los fiscales de juicio de la Cámara Federal de San Martín, donde inicialmente recayó el expediente por «bobinas blancas», aunque las autoridades finalmente lo enviaron a Bahía Blanca porque la mayor parte de la operación sucedió allí.

La semana pasada, los tres mexicanos y los tres argentinos se sentaron en el banquillo de los acusados virtual para, de manera sorpresiva, reconocer ante el tribunal de Bahía Blanca su participación en el hecho con la esperanza de recibir una condena menor.

Antes del juicio, los tres mexicanos habían intentando un último recurso: Encripdata pudo saber que se presentaron en 2019 ante el por entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para que los aceptara como querellantes en el «D’Alessiogate» al sostener que el falso abogado había colaborado con la Administración de Control de Drogas (DEA de los Estados Unidos) en el informe que se le entregó a la División Operaciones Federales de la PFA. La fiscalía federal de Campana impulsó el 14 de marzo de 2017 la denuncia a partir de ese documento.

Entre las pruebas, Murúa y Proz, que reemplazaron a Bonanno en la defensa, recordaron la existencia de un audio que Marcelo D’Alessio le envió a Pedro Etchebest: «Yo hice las ‘bobinas’, ahora te muestro las fotos». Pero la estrategia rápidamente se cayó.

Pero lo más difícil de explicar para Bonanno será por qué si supuestamente el sicario la encerró en una habitación antes de ejecutar a los Naged, ella tenía, como informaron los peritos forenses, «residuos de disparos sobre la mano izquierda y sobre el pantalón».