La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe que evaluó el Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte y la Administración de Parques Nacionales, entre enero de 2016 y marzo de 2019, y concluyó que ante tantas modificaciones en la ejecución de la tarea no se pudo precisar el avance y resultado real.

En el año 2012, Argentina firmó un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ¿El propósito? Tener el capital para poder ejecutar el Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos. Lo que se pretendía con este programa era incrementar el gasto turístico, según el informe de la AGN, “mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de las Áreas Protegidas y sus destinos asociados”. 

El plan se dividió en tres componentes: apoyo a la estructuración de productos turísticos, fortalecimiento institucional y gestión ambiental. El costo total era de US$105.000.000. El Banco otorgaba US$80.000.000, con una contrapartida local equivalente de US$25.000.000. Los desembolsos se debían hacer en cinco años, sin embargo se realizaron dos pedidos de prórroga: el primero hasta octubre de 2019 y el segundo hasta octubre de 2021. 

La AGN centró su informe en el tercer componente, la gestión ambiental, para controlar que se estuviesen realizando tareas de manera sustentable a fin de "preservar la calidad ambiental de los corredores y áreas protegidas (APs) designadas como beneficiarios”, indica el informe.

Para la Auditoría este componente "adquiere relevancia ya que incluye acciones tendientes a prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales del programa, además del análisis y monitoreo de la huella ecológica del visitante, cambio climático, establecimiento de indicadores de sostenibilidad, evaluaciones ambientales, revisión y fortalecimiento de planes de manejo y de uso público de las áreas protegidas”, solo por nombrar algunas.

El organismo de control contó como base con los Informes Semestrales de Progreso (ISP), con los cuales no pudieron verificar el avance real del componente ambiental del programa. Según explicaron, en estos “se presenta una matriz de resultados por componente, en la que se establecen los productos programados y los efectivamente desarrollados, metas totales (de fin de proyecto) y anuales”.  

La AGN sostuvo que los ISP obstaculizan el control interno y externo posterior ya que “son elaborados de forma compleja lo que vuelve dificultosa su lectura e interpretación”.  Además, incumplen con el Reglamento Operativo del Programa ya que no incluyen los resultados de la supervisión de obras, del monitoreo de impactos ambientales ni del mantenimiento de obras concluidas y bienes adquiridos incluidos en los informes de auditoría del programa. 

¿Cuál fue la mayor dificultad? “La cantidad de productos como sus unidades de medida y/o metas cambiaron, en algunos casos, respecto a lo presentado en la Propuesta de Préstamo realizada en 2011 y, en otros, a lo largo de la ejecución del Programa”, indicaron desde la AGN. 

Por ejemplo, en 2011 se incluía a 21 municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados, no obstante, de los ISP esta meta se redujo a 15, luego a 12 y finalmente a un valor vigente de 6.

Con los informes de supervisión ambiental final de obras pasó algo similar: primero se iban a realizar 85 y en los ISP aparecen 58. Sumado a esto, “durante el período auditado se realizaron 12 informes de supervisión ambientales de final de obras. Sin embargo, para ese mismo período se tiene que se finalizaron solamente 8 obras”, remarcó la AGN.

Respecto a los proyectos de medición de huella de carbono en la propuesta de préstamo se lo menciona como “Adaptación al cambio climático” y fija una meta de 625 establecimientos calculando su Huella Ecológica. La Auditoría observó que: “en los ISP se observa que la unidad de medida utilizada ya no es el número de establecimientos, sino que, es el número de proyectos de medición de huella de carbono, cuya meta final original era de 60 y durante el transcurso del programa pasó a ser de 40”.

En la evaluación de medio término de 2017, en cuanto a la huella de carbono, se halló que no se realizaron los proyectos y que no existe una identificación precisa del producto requerido. “Posteriormente, en el segundo ISP de 2018, se tomó la decisión de no realizar ninguna actividad relacionada a este producto, debido a que se está trabajando en la elaboración de proyectos de mitigación frente al cambio climático a través de la implementación de Directrices Ambientales”, explica el documento.

Por último, con respecto a los estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredores realizados se detectó, en primera instancia, que la situación de este producto estaba pendiente de ser definida con el entonces Ministerio de Ambiente. “Finalmente, en el segundo ISP 2018, el área Ambiental de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales Especiales, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes, manifestó que no se realizará ningún proyecto, disminuyendo la meta a un valor de cero estudios de riesgos, debido a la existencia de trabajos vinculados a este producto llevados a cabo por el MAyDS”, subrayó la AGN.

Por todo esto, la Auditoría concluyó que “las diferentes modificaciones que se produjeron en la ejecución del Programa en relación al componente ambiental, no permiten precisar el avance y resultado real de éste”. Los cambios explicados en las distintas variables demuestran un cumplimiento parcial, ya que hay una “desafectación de dos productos de los ocho planificados” y además “la modificación constante de las metas establecidas para la mayoría de los productos, generan la finalización anticipada de su ejecución debido a la disminución de los valores en contraposición a lo planificado originalmente”.