Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante el 2020 se subejecutó el presupuesto destinado a vivienda y hábitat. Además, el análisis del presupuesto para 2021 reveló que las asignaciones para el sector tendrán un aumento del 130%.

El estudio analizó hasta el mes de septiembre de 2020. Los resultados arrojaron que sólo se gastó poco más del 30% de los $ 38.261 millones destinados al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.  A su vez, ACIJ afirma que se registraron dilaciones en la definición de líneas de acción claras y cambios de estrategias que dificultaron el cumplimiento de legislaciones y recomendaciones nacionales sobre el derecho a la vivienda.

Además, el informe examinó la asignación presupuestaria de la cartera para este año y destacó que se proyecta un aumento más del 135% en relación al año anterior. Sin embargo, la asociación aclara que debido a los cambios en las actividades y la composición de los programas no es posible realizar una comparación interanual desagregada.

De acuerdo al trabajo de ACIJ, más del 55% del presupuesto del Ministerio para 2021 se corresponde principalmente a líneas del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario (PROCREAR) y el Plan Nacional de Suelo, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, cuyo objetivo es implementar acciones de impulso al crédito y asistencia financiera que faciliten el acceso a la vivienda única. La meta del PROCREAR para el 2021 es otorgar 43.501 microcréditos para la adquisición de materiales de construcción, construir 800 viviendas, realizar 21.554 obras de mejoramiento habitacional y 17.000 conexiones domiciliarias de servicios básicos. Sin embargo, se destaca que dada la baja ejecución presupuestaria que tuvo en el 2020, cumplir con estas metas será uno de los principales desafíos en el 2021.

A su vez, el informe recalca que si bien la creación del Ministerio Desarrollo Territorial y Hábitat en diciembre del 2019 fue un gran paso para resolver el grave déficit habitacional, durante el 2020 se realizaron cambios en el organigrama que implicaron la migración de las actividades a otras carteras y complicaron el manejo de una agenda centralizada. Un ejemplo claro es el paso de la Secretaría de Integración Socio Urbana hacia el Ministerio de Desarrollo Social que cobra una especial relevancia para el análisis del trabajo ejecutado en barrios populares.

ACIJ indica que en el presupuesto 2021 el monto asignado a zonas vulnerables es 12 veces mayor que el del año anterior, pero se encuentra repartido en distintos organismos. En 2018 y 2019, las actividades fueron parte del programa del Ministerio de Desarrollo Social. En 2020, tras la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se repartieron en ambos organismos. Pese a que esto dificulta el seguimiento, se afirma que hasta septiembre del 2020 sólo se había ejecutado el 16,7% de los $ 286 millones del presupuesto para barrios populares del Programa de “Infraestructura Urbana” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y el 62,4% de los 122 millones de pesos asignados en el 2020 al Programa de “Integración Socio Urbana” del Ministerio de Desarrollo Social.

Para este año, la Secretaría de Integración Socio Urbana tiene como metas intervenir integralmente en 120 barrios populares, beneficiar a más de 70 mil personas y entregar más de mil lotes con servicios. Para 2021 se le asignaron $6.648 millones, lo que implica un monto histórico aunque represente únicamente el 5,6% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. ACIJ resalta que pese al aumento, las metas y el presupuesto son insuficientes para enfrentar el desafío de regularizar los más de 4000 asentamientos vulnerables que contempla la Ley Nacional 27.453 de “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”. La asociación estima que a un ritmo de intervención de 120 barrios anuales, tendrían que pasar casi 40 años para garantizar el acceso a un hábitat digno a quienes habitan dichos barrios. 

Por último, ACIJ resalta que el presupuesto para barrios populares podría verse afectado por la implementación de la la puesta en práctica de la ley 27.605, de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, dado que su artículo 7 dispone que el 15% de lo recaudado sea destinado a fortalecer su integración urbana. Esto implicaría un aumento de más del 600% en el presupuesto de la Secretaría de Integración Socio Urbana y la intervención en mayor número de zonas. El plazo para el pago del impuesto vence el 30 de marzo y se espera que para entonces los cambios se vean plasmados.

La situación habitacional en Argentina exhibe números alarmantes: según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en el país hay 4.416 asentamientos informales, y 3.5 millones de viviendas de baja calidad, sin servicios esenciales. En la misma línea, el aumento de población en situación de calle es marcado, así como las barreras que persisten para la creciente población inquilina.