Por diferentes razones, algunas vinculadas directamente a embestidas de la política contra la Justicia, otras a dilaciones jurídicas, al azar o a los tiempos procesales de la Argentina, los más importantes juicios orales que debe enfrentar la vicepresidenta Cristina Fernández acusada por delitos de corrupción se retrasan cada vez más.

Con singularidades particulares a cada proceso, las causas Hotesur, los Sauces, Cuadernos de las Coimas y hasta el caso conocido como Vialidad, ya en desarrollo con la vice en el banquillo que prefiere dejar vacante en cada audiencia, se dilatan y buena parte de ellos no tiene aun fecha de inicio. Esta cronología demorada coincide con la avanzada contra el Poder Judicial que lidera la propia vice. Y que ahora también incluye al nuevo ministro de Justicia, Martin Soria, como vocero y operador formal que trabajará, según declaró él mismo, para que su jefa demuestre su inocencia y se termina una persecución judicial, política y periodística en su contra.

Conviene ir por partes. El juicio oral y público conocido como “Vialidad”, en el que Fernández está acusada de haber beneficiado a su socio Lázaro Báez, con irregularidades administrativas, para que ganase al menos 46 mil millones de pesos en contratos de obra pública en Santa Cruz, es el único de todos los procesos contra la vice que ya se inició y tiene audiencias cada semana.

Lo lleva adelante el Tribunal Oral y Público N° 2, integrado Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, con la actuación del fiscal Diego Luciani. Determinó que las audiencias que eran dos por semana pasen a una cada siete días porque los magistrados debieron también iniciar otro proceso oral en paralelo, como ya les pasa con otros expedientes que tramitan en simultáneo a Vialidad el resto de los días de la semana.

El nuevo juicio que ya se inició con ellos también como magistrados es el que acusa por extorsión al falso espía y falso abogado Marcelo D’Alessio, en el que se lo acusa de haber chantajeado a un empresario aduanero, Gabriel Traficante, quien le habría pedido 600 mil dólares para gestionar en los tribunales para que no se lo investigara en una causa por contrabando.

Traficante denunció a D’Alessio, el juicio llegó a su etapa oral y es el mismo tribunal N° 2, con solo un juez distinto al que juzga a la vicepresidenta, el que debió resignar un día de los dos de la semana en los que se ocupaba de las audiencias de la causa contra la vice para desarrollar este nuevo proceso. Según fuentes del caso, en esta dilación no se involucró la presión de la política ni tendrá finalmente un efecto dilatorio extenso que demorará en exceso a la causa “Vialidad”.

Es solo un ejemplo de cómo trabajan los tribunales orales federales: desbordados y haciendo malabares entre los distintos expedientes que deben resolver a la par, dividiéndose el trabajo en días de la semana diferentes en los que lideran causas complejas y bien diferentes. El juicio de “Vialidad” continúa su curso aunque haya bajado de dos días de audiencia semanales a uno.

Algunas de las fuentes de ese tribunal N° 2 explicaron que la causa D’Alessio es menos compleja que la de Vialidad y que en un puñado de meses podrían dictar sentencia para retomar entonces con el ritmo original del caso que involucra a la vice en funciones, donde los acusados son muchos más y la lista de testigos muy extensa.

La otra causa que preocupa a Cristina Fernández y que si se dilata por acciones concretas desde la política que impulsó ella misma es el juicio oral y público por un tramo importante de la mayor pesquisa por corrupción instruida en los tribunales federales: la causa Cuadernos de las Coimas, con 31 arrepentidos, entre empresarios que admitieron haber pagado sobornos y ex funcionarios que confesaron haberlos cobrado, a los que se suman los imputados colaboradores como el autor de los manuscritos de la ruta del cobro de las coimas, el ex chofer del ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno.

En este caso, el juicio oral y público sobre este expediente, que enerva a la vicepresidenta, no tiene fecha de inicio por diversas variables y presentaciones jurídicas de las defensas K. Pero sobre todo por una medida concreta que tomó el Senado que lidera Fernández. Esa causa, histórica por su volumen de prueba y ex funcionarios y empresarios involucrados envueltos en confesiones de posibles delitos como jamás pasó en otro caso de este estilo, será juzgado por el tribunal oral federal N° 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La fiscal es una de las más respetadas en tribunales, Fabiana León. Los problemas empezaron, entre otras dilaciones producto del accionar del poder político, cuando en septiembre pasado, la mayoría automática K del Senado resolvió que el traslado de dos camaristas federales a sus actuales puestos en ese tribunal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, habían sido generados por una acción irregular del Gobierno de Mauricio Macri.

Lo mismo se determinó de uno de los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 7, Germán Castelli, que debe juzgar a la titular del Senado en el caso Cuadernos. Tras esa acción legislativa, y luego de participaciones del Consejo de la Magistratura y de jueces y hasta de la Corte Suprema que fueron involucradas en estas remociones polémicas, la dirigencia K logró que los camaristas Bruglia y Bertuzzi sean removidos una vez que tengan reemplazantes oficiales elegidos por el Consejo de la Magistratura.

Castelli batalló en paralelo en los tribunales y, tras unas primeras derrotas jurídicas que determinaron que debía dejar el tribunal de Cuadernos, recibió esta última semana otra mala noticia: la Cámara en lo Contensioso Administrativa también falló en su contra y debería entonces volver a un tribunal de San Martin en lugar de juzgar a la vicepresidenta que impulsó legislativamente su remoción.

Castelli apelará ahora el último fallo negativo para su postura de mantenerse como magistrado del caso Cuadernos, y de muchos otros juicios, recurriendo su causa ante la Corte Suprema. Este asedio político-judicial contra Castelli retrasa por obvias razones diferentes medidas que debe tomar el tribunal que aun integra sobre la causa Cuadernos.

¿Quién fue uno de los diputados que celebró las decisiones del Senado, y en su momento de la propia Corte cuando trataron la remoción de los camaristas Bertuzzi y Bruglia? El hoy nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, en aquel momento legislador nacional: “Es muy clara la ilegalidad de esos traslados”, declaró el entonces diputado Soria por decisión tomada en el 2018 que terminó con Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal, y con Castelli en el Tribunal Oral N° 7.

Para el hoy ministro Soria, esos tres jueces son parte de la persecución política contra la vice Fernández. En el caso de Castelli, aun no la juzgó en el caso Cuadernos. Pero las acciones para removerlos son concretas. Ahora se profundizarán. A estas acciones contra el Tribunal que debe actuar en Cuadernos, suman denuncias de los legisladores K contra el fiscal que instruyó la causa y logró el récord de 31 arrepentidos, Carlos Stornelli.

Esas declaraciones de los colaboradores judiciales fueron avalavas por el juez Claudio Bonadio, hoy fallecido. Los abogados de la vicepresidenta y otros procesados K en esa megacausa insisten con que las confesiones fueron avaladas de modo irregular. Ahora apelarán ante la Corte Suprema para insistir en su reclamo. Triple jugada de pinzas para frenar el caso Cuadernos.

Objetivo, por ahora, logrado, aunque nada de lo actuado en ese expediente fue rechazado por irregular por los diferentes tribunales de alzada. Por último, los otros dos juicios orales que tienen procesada como líder de una asociación ilícita a la vicepresidenta Fernández y a sos dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, tampoco tienen fecha de inicio gracias a diferentes presentaciones y recursos que presenta el abogado de la familia investigada, Carlos Beraldi.

El Tribunal Oral N° 5, integrado por Adriana Pallioti, Adrián Geünberg y Daniel Obligado, fue el sorteado para juzgar a estas causas que acumularon pruebas documentales y testigos que indican cómo los Kirchner se favorecieron en negocios privados, alquiler de hoteles y alquileres de sus muchas propiedades a través de su inmobiliaria, llamada “Los Sauces”, al menos a tres clientes que agrandaron su fortuna con contratos multimillonarios con el Estado que ganaron en las gestiones presidenciales K.

El fiscal de los dos casos, que se unificaron para la instancia oral, es Diego Velazco. El juicio no tiene fecha de inicio y sigue retrasándose. Fue elevado a la instancia oral en el 2018. La defensa de los Kirchner solicitó pericias respecto a sus empresas investigadas. Esos análisis suelen demorarse en los tribunales federales de la Argentina. Es lo que está ocurriendo, aunque aun dentro de los tiempos “habituales” para el Poder Judicial K.

Una de las denunciantes primarias de estos casos, Silvina Martínez, advirtió ante el Consejo de la Magistratura por al desempeño de sus funciones al juez del Tribunal Oral que se encarga de esta etapa procesal en las que las partes solicitan pruebas o interponen otras medidas. Este magistrado es Daniel Obligado.

En su denuncia contra el juez, la abogada Martínez enumeró, entre otros argumentos que considera que prueban la “parcialidad” de Obligado con los K: Este juicio oral unificado se posterga con motivo de las maniobras dilatorias: falta de recursos, jueces sobrecargados con otros juicios, cuarentena y pericias interminables son algunas de las excusas de las más variadas que se suceden desde que ambas causas desembarcaron en el Tribunal Oral N° 5.

Cabe destacar que, entre las tres vocalías, la que lleva desde los inicios las causas Hotesur-Los Sauces es la de Daniel Obligado. La abogada enumera aun más actuaciones que considera impropias de parte de Obligado. El juez Daniel Obligado es un viejo conocido de otro ex funcionario K al que benefició con un arresto domiciliario del que aun goza a pesar de tener condena firme en una causa de corrupción relevante.

Es el exvice Amado Boudou. No hay aun ninguna decisión de las autoridades que regulan el trabajo de los jueces que determinen que Obligado tiene preferencias políticas y por eso actúa como actúa. Ni el nuevo ministro de Justicia Soria, ni la dirigencia K, incluyen a este juez dentro de los complots de supuesta persecución a la vicepresidenta, a la que, como se enumeró en esta nota, en los tribunales quizás no le vayan tan mal como sus voceros se quejan.