“Los violentos tiran piedras, nosotros vacunamos”, decía el Presidente Alberto Fernández en un acto el pasado 15 de marzo. Pero la realidad se empecina en desmentirlo. En casi tres meses de vacunación, apenas se aplicaron 3.305.575 dosis en todo el país. Y a su vez, comenzaron a revelarse los llamados “vacunatorios vip”, es decir aquellos que se inocularon en forma indebida y salteando el orden de prioridades.

Además de los casos conocidos surgidos a partir de la confesión de Horacio Verbitzky, este medio se ocupó de revelar vacunados fuera del sistema en importantes localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Mar Chiquita y Bahía Blanca. En las últimas horas, se sumó el partido de General Alvarado, cuya cabecera es Miramar.

El 23 de marzo, los Concejales Viviana Isabel Farías de Crear-Juntos por el Cambio, y Saúl Trejo, de la Coalición Cívica, realizaron una presentación por ante la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de General Alvarado, donde denuncian presuntas “irregularidades que se producirían en el marco del protocolo para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19” en el distrito.

Según el Censo 2010, la población del Partido de General Alvarado es de casi 40.000 habitantes. Además de Miramar, también allí se encuentran las localidades de Mar del Sud, Nicanor Otamendi, Mechongué, y Centinela del Mar.

Un mes atrás, exactamente el 23 de febrero, el interbloque opositor presentó ante el Gobierno Municipal del Intendente Sebastián Lanantuony, del Frente Renovador, aliado al kirchnerismo, un pedido de informes debido “a los hechos de público conocimiento respecto a la alteración del Plan de Vacunación por COVID-19 «que también involucraría a General Alvarado», de acuerdo al comunicado que en su oportunidad emitieron los ediles.

“En este sentido, muchos vecinos que solicitaron la protección de su identidad, han manifestado que en Miramar hay personas vinculadas al gobierno municipal que se habrían vacunado sin respetar ningún tipo de orden de prioridades”, remataba el parte. En el mismo, se solicitaba informar la “cantidad de dosis que han llegado al Distrito con la documentación que avala la entrega”, como así también el “listado de personal municipal que ha sido vacunado y concepto por el cual se lo consideró para la aplicación”.

En la respuesta del Ejecutivo Municipal del 26 de febrero radican las razones de la denuncia recientemente presentada por los concejales Farías y Trejo, aunque fuera solo firmada por la primera, debido a lo que dispone la ley. Luego de detallar las dosis de las vacunas Sputnik V y Covidshield recibidas por la Comuna desde el 29 de diciembre, y de negarse a brindar la lista de personas vacunadas, invocando la prohibición de dar datos personales que implicaría violar la Ley 25326, la administración local afirma que “en la etapa inicial de la campaña un porcentaje importante del personal de salud”, priorizados por el Gobierno Nacional, “no tenía decidido inocularse, por lo cual la Región Sanitaria VIII, envía la recomendación de comenzar a vacunar por turno previo y demanda espontánea a personal estratégico”. Este último concepto es la ventana por la cual muchos se “colaron en la fila”.

En el “Plan Estratégico contra la COVID-19 en la República Argentina”, diseñado por el Ministerio de Salud por entonces a cargo de Ginés González García a través de la Resolución 2883, se determina que “la población priorizada” será “adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo”. Tras la salida de Ginés, la nueva Ministro de Salud, Carla Vizzoti, redefinió el concepto, afirmando que ingresan dentro de esa categoría aquellos “funcionarios que desarrollen gestiones necesarias y relevantes para el adecuado funcionamiento del Estado”. Demasiado impreciso. El reciente caso de Purita, la chica de 18 años vacunada en Avellaneda, es un claro ejemplo de ello.

El 29 de diciembre llegó a General Alvarado el primer cargamento de vacunas Sputnik compuesto por 450 dosis, lote 486081120R, con fecha de vencimiento 31 de mayo de 2021. En la denuncia presentada en las últimas horas, se afirma que “ante el sobrante de vacunas destinadas para el personal de salud que eventualmente decidió no vacunarse, se determinó ampliar el protocolo, según criterio del Ejecutivo Municipal”, al que no duda en definir como “poco transparente”, agregando que el mismo no se sabe con precisión “de qué se trata”, y que “solo menciona que se vacunará a personal estratégico”. Y remata: “La realidad es que esas dosis de la vacuna Sputnik se podrían haber reservado para grupos de riesgo específicos”, habida cuenta que vencían recién a fines de mayo.

Así mismo, la edil reafirma que ha “recibido múltiples comentarios sobre ciudadanos que no se encontrarían comprendidos en ninguna actividad particular y/o grupos de riesgo que recibieron la vacuna”. Por último, hace referencia a un tema sensible: “En la respuesta del Ejecutivo se hace mención que se aplicaron vacunas a personal que se desempeña en farmacias, ello en el marco de un convenio entre el Municipio y el Colegio de Farmacéuticos local, aunque no aporta los detalles de dicho acuerdo, el cual además se habría dejado sin efecto parcialmente debido a la trascendencia pública que tomara la decisión”.

El Convenio mencionado fue imposible localizarlo, cuando el mismo debiera ser público. La Concejal Farías, en diálogo con este medio, señala que “puntualmente lo que queremos saber es qué sucedió con las partidas del primer lote del 29 de diciembre, y la ampliación del protocolo con el sobrante de aquel. Quién consideró esenciales, por ejemplo, a personal municipal y trabajadores de farmacias que se vacunaron con menos de 30 años”. Y concluye también preguntando: “Por qué no se guardaron las dosis para la gente que lo necesitaba?”.

Cabe recordar que en General Pueyrredón, jurisdicción de la que depende General Alvarado, el pasado 22 de febrero, el Ayudante Fiscal Javier Pettigiani, representante del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata una denuncia penal solicitando que se informe adecuadamente y en detalle la cantidad y la identidad de las personas vacunadas contra el coronavirus en el Distrito. Los destinatarios del petitorio fueron la Región Sanitaria VIII y el PAMI local.

El territorio bonaerense está dividido en 12 zonas sanitarias. Cada una de ellas posee un Director que depende del gobierno provincial, y abarca diferentes municipios. Mar del Plata y General Alvarado pertenecen a la Región VIII, cuya máxima autoridad es el Dr. Gastón Vargas. Según el descargo que hiciera el gobierno de Sebastián Lanantuony, fue dicha Zona Sanitaria la que decidió la inoculación con el primer lote a personal estratégico.

Según pudo saber este medio, la Justicia se mostró bastante reticente a la hora de recepcionar la denuncia. Los ediles de Juntos por el Cambio vienen batallando hace al menos 15 días para poder realizar la presentación judicial, que recién fue presentada a las 11 hs del 23 de marzo. Apenas iniciaron las gestiones, la Fiscalía les solicitó que hicieran la denuncia vía online, a lo que los concejales se negaron debido a la trascendencia del asunto, tildando de “irrespetuosa” la sugerencia.

Pero eso no fue todo. Luego de ello, la Fiscalía les prometió que los iba a convocar para poder hacer la presentación. Pero además de dilatar el llamado, cuando lo hizo, adujo que la misma debía ser radicada en el fuero federal. Finalmente, accedió al pedido.

La denuncia del Auxiliar Fiscal Javier Pettigiani, radicada en Mar del Plata, que también ofrece llamativas demoras en su tramitación, asegura que “las vacunas, además de resultar bienes públicos, de momento resultan escasas y por ende deviene necesaria una administración racional, equitativa, científica, estratégica, y por supuesto moral”. Algunos de estos preceptos brillan por su ausencia.

Al 23 de marzo, hay en el Partido de General Alvarado 3502 personas vacunadas, 2536 con la primera dosis y apenas 966 con ambas.