El Tribunal Oral Federal 5 dejó hoy sin efecto la intervención judicial y devolvió la administración y recaudación de los bienes comprendidos en la causa Hotesur y Los Sauces a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien está acusada en ambas investigaciones por presunto lavado de dinero.

La decisión fue adoptada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, con disidencia de Adriana Palliotti, quienes hicieron lugar al pedido de la defensa de la Vicepresidenta de recuperar el control de la administración de Los Sauces y Hotesur, y el condominio de Máximo y Florencia Kirchner.

Obligado y Grunberg tomaron esa determinación pese a que el fiscal Diego Velasco sólo había avalado que se le devolviera el poder sobre aquellos bienes comprendidos en la causa Los Sauces.

Además, designaron veedores informantes así como imponer la inhibición general de bienes de los dos expedientes y el condominio de Máximo y Florencia Kirchner.

Ahora, los jueces le dan diez días a la defensa para que nombre a las personas que retomarán el control de las administraciones, y para hacer cesar a aquellas que estaban impuestas por decisión judicial desde hace más de 4 años.

"Es dable advertir que la gravosa medida cautelar aquí en estudio debido a su prolongada extensión temporal, entra plenamente en colisión con el goce del derecho de propiedad antes definido", sostuvieron los jueces.

En ese sentido, los jueces consideraron que la intervención judicial se ha "extendido por más de tres años" y, por eso, la decisión incluso de devolver los bienes de Hotesur, pese a que el fiscal Velasco había pedido mantenerla.

Grunberg y Obligado designaron veedores que "deberán vigilar la conservación del patrimonio, resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro, comprobar entradas y gastos de dinero, informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de la caja chica, y hacer saber a esta judicatura toda irregularidad que adviertan en la administración".

Por su parte, Palliotti votó en disidencia porque evaluó es el juicio, aún sin fecha de inicio, "el único escenario para establecer con certeza las consiguientes responsabilidades penales de los imputados y de esa manera definir el destino final del patrimonio cautelado".

"Las intervenciones judiciales que fueran dispuestas resultan adecuadas, proporcionadas y razonables, teniendo en consideración los objetivos tenidos en miras y el respaldo normativo específico, las que, además, fueron prorrogadas hasta la actualidad por este mismo tribunal", acotó.

Para la jueza, "la existencia de otras medidas menos gravosas, como podrían ser el embargo o la inhibición de bienes de los acusados o la designación de veedores, no resultan suficientemente abarcativas y eficientes, teniendo en consideración que se tratan de bienes que generan "frutos", que deben ser resguardados hasta que se defina la situación procesal de las personas involucradas en los hechos objeto de imputación".

"No puedo soslayar que se tratan de causas de una complejidad excepcional por el entramado societario presuntamente pergeñado, ex funcionarios públicos implicados, cantidades de inmuebles comprometidos, etc. que requieren, necesariamente, de medidas de preservación de los activos de la misma naturaleza", agregó la magistrada en su voto minoritario.