Argentina ingresó de lleno en la segunda ola de Covid-19, con el agravamiento que implican las nuevas cepas que se diseminan a mayor velocidad. La cantidad de contagios aumentó de forma precipitada, lo cual podría poner en tensión al sistema médico. En los primeros días de abril, había aproximadamente 10 mil nuevos casos diarios. En los últimos 4 días esa cifra más que se duplicó: ayer el registro marcó la cifra récord de 24.130 nuevos contagios.

En un intento por contener la velocidad de los contagios, el gobierno adoptó mayores restricciones. Las nuevas disposiciones estarían vigentes hasta fines de abril, pero el escenario es imprevisible y nadie puede asegurar que así sea. Las medidas apuntan principalmente a prohibir la movilidad entre las 00.00 h y las 06.00 h y las reuniones sociales de más de diez personas. Sin embargo, serán los gobernadores y el jefe de gobierno porteño los que terminen definiendo la letra chica de las restricciones que se adoptarán en cada una de sus jurisdicciones.

El escenario se parece poco al del 2020: el gobierno nacional está desgastado por los errores cometidos durante la gestión de la pandemia y sufre la pérdida de autoridad debido a las contradicciones y a la desidia que mostró recurrentemente en el camino transcurrido hasta aquí: vacunas VIP, falta de organización en el velatorio de Diego Maradona, la marcha por el 17 de octubre, la movilización a favor de la legalización del aborto de la que participaron figuras del oficialismo, las imágenes de funcionarios incumpliendo las recomendaciones. Además, el margen de maniobra se ve acotado por la frágil situación económica y el agotamiento social. El problema no es exclusivo de la Argentina. En todo el mundo hay resistencias y cuestionamientos al confinamiento. Para ningún gobierno está siendo sencillo reimponer restricciones.

Por todo esto, a pesar de que este récord de contagios diarios está muy por encima de las cifras del 2020, las restricciones adoptadas terminaron siendo mucho más livianas de lo que originalmente hubiese preferido el gobierno. Incluso así, el nivel de acatamiento ya está puesto en duda. El jueves, el mismo día en el que salió publicado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con las nuevas restricciones, los movimientos sociales y grupos piqueteros que no responden al gobierno se movilizaron de forma masiva, lo cual pone de manifiesto el nivel de fragilidad de la situación económica y la falta de autoridad del gobierno nacional (incluyendo a sectores que tampoco se sentirían identificados con Juntos por el Cambio).

El debilitamiento del gobierno se aprecia en la evaluación que la ciudadanía hace respecto a su gestión. Según datos de D’Alessio IROL – Berensztein, el nivel de desaprobación alcanzó el mes pasado su máximo registro (la misma cifra que en enero 2021). El cuadro de situación en comparación a un año atrás es diametralmente opuesto. Por aquel entonces, cuando se adoptaron las primeras restricciones para contener al virus, un 59% de los encuestados consideraban a la gestión como buena o muy buena. Casi como un espejo, pero invertido, hoy el 58% la considera mala o muy mala.

En marzo 2020, incluso entre los votantes de Juntos por el Cambio había mejorado la consideración del gobierno y en mayo un cuarto de sus electores calificaba como buena o muy buena la gestión nacional. En la actualidad esa cifra es del 2%.

Incluso entre los propios simpatizantes se vislumbra el desgaste. El porcentaje de votantes del Frente de Todos que aprueba la gestión nacional paso del 96% en marzo 2020 al 79% en marzo 2021. Se trata todavía de un nivel de aprobación muy alto, pero la perdida de 17 puntos porcentuales es muy significativa.

Frente a las nuevas medidas, la oposición de Juntos por el Cambio cerró filas y emitió un comunicado rechazando la aplicación de restricciones “excesivas y mal calibradas”. Desde el gobierno salieron a confrontar con dureza, abriendo un foco de conflicto. La Cámpora sacó un comunicado afirmando que “semejante afirmación sólo puede partir de mentes perversas que buscan el colapso del sistema sanitario y usan el odio para dividir a la sociedad”. Y Alberto Fernández calificó de “imbéciles” a algunos dirigentes opositores (aunque no dio nombres).

El gobierno percibe su propio desgaste e intenta politizar la cuestión para deslegitimar toda crítica posible hacia el manejo de la pandemia y consolidar el 40% de apoyo que aún conserva (es cierto que el desgaste es significativo, pero un 40% de apoyo es una cifra nada despreciable que lo torna competitivo electoralmente). El Frente de Todos busca que su base de sustentación desconfié de las críticas que se le realiza a la gestión oficialista, desviando el foco de la cuestión, y llevándolas al barro de lo político. El resultado es una gestión sanitaria que cae en la grieta, dificultando la coordinación y confundiendo más a la ciudadanía.