Para el gobierno de Alberto Fernández, el panorama está repleto de conflictos. Algunos de ellos son nuevos y otros ya se han vuelto una constante de la realidad argentina, sin que esta administración haya hecho mucho por solucionarlos. Por el contrario, en la mayoría de los casos se ha encargado de profundizar las causas de la conflictividad. Este escenario turbulento le provoca al gobierno un desgaste constante, por el cuestionamiento y la disconformidad de los múltiples actores que se ven involucrados.

El principal problema que preocupa a los argentinos es la inflación, la cual afecta principalmente a los sectores de menos recursos (ya que destinan una mayor porción de sus ingresos al consumo). En el último tiempo, en el que se aceleró la inflación en alimentos, esta regla trágica se agravó; por eso el malestar creciente de muchas organizaciones sociales y grupos piqueteros. En la multitudinaria movilización que realizaron el jueves frente al Ministerio de Desarrollo Social, el principal reclamo fue precisamente el aumento en el precio de los alimentos, un fenómeno que el gobierno interpreta de forma ideológica y sesgada, lo que reproduce a su vez otros conflictos.

La inflación se ha transformado hoy en la base de la discordia que existe entre las empresas y el gobierno. La administración de Alberto Fernández sigue sin mostrar un plan consistente e intenta contener la inflación implementando medidas arbitrarias y de corto plazo que, tal como se ha comprobado, no solucionan ningún problema de fondo. Para detener los aumentos de los alimentos, estableció un programa de precios máximos que genera desabastecimiento en algunos productos. La Secretaría de Comercio Interior respondió con una resolución en la que intima a las empresas a producir a su máxima capacidad. Se trata de una serie de parches que no brindan soluciones reales, desalientan la inversión privada e incrementan la desconfianza entre el sector productivo y el Estado.

Lo mismo sucede con el aumento de la carne, ya que el gobierno demuestra no tener otro menú antiinflacionario más que las amenazas, la coerción y las restricciones. El viernes, la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, reconoció que consideran cerrar la exportación si continúan en aumento los precios. La confrontación con el campo y los ganaderos podría escalar si finalmente se confirma dicha prohibición. El distanciamiento con el campo genera la sensación de que la Argentina por momentos queda atrapada en un “loop” de conflictos recurrentes.

Presión impositiva

La excesiva presión impositiva es otro motivo de conflicto con el empresariado, pero también con los trabajadores asalariados. La reforma en el impuesto a las Ganancias para los trabajadores, que eleva el mínimo no imponible, es un alivio tributario positivo.

Sin embargo, en un régimen de alta inflacion, solo puede representar un alivio transitorio. ¿Cuándo tardará la inflacion en licuar el alivio recibido? Cualquier reducción en la recaudación que no viene acompañada de una disminución en el gasto público deberá financiarse a través de otros mecanismos: emisión monetaria (mayor inflación) o aumentos de otros impuestos (Ingresos Brutos están volviendo a subir en las provincias). De una forma u otra, el alivio en el bolsillo del trabajador se termina esfumando.

Inseguridad creciente

El segundo problema que más preocupa a los argentinos, después de la inflación, es la inseguridad, lo cual genera un clima de conflictividad que se recrudece principalmente en el conurbano bonaerense y en Rosario. Allí, aunque las marchas de vecinos para exigir seguridad son moneda corriente desde hace varios años, el clamor del reclamo aumentó como consecuencia de la ola delictiva (potenciada por la indignación que causaron los últimos femicidios y la liberación de presos durante la pandemia).

Lo particular es que la inseguridad también es un foco de conflicto hacia el interior del Frente de Todos, con la disputa abierta que existe entre Sergio Berni y Sabina Frederic. El ministro bonaerense señala a su par nacional como parte del problema y no de la solución.

Nuevos conflictos

Han surgido a partir de las nuevas restricciones que impuso el gobierno para contener la segunda ola del Covid-19. Se trata de sectores particularmente afectados, como los gastronómicos, dueños de salones de fiestas, hoteleros o productores teatrales. Estos fueron los últimos en retomar sus actividades luego de las restricciones del 2020 (con aforos reducidos y horarios acotados) y están siendo los primeros en verse afectados por las nuevas medidas.

Muchas PYMES de estos rubros debieron cerrar definitivamente, y aquellos que batallaron por sobrevivir perciben que esta vez no podrán evitarlo. Peor aún, a diferencia del 2020, el gobierno no ha continuado con las mismas ayudas estatales. Además, aunque las nuevas disposiciones estarían vigentes hasta fines de abril, el escenario es imprevisible y nadie puede asegurar que así sea. En parte, esto es así por las contradicciones que mostró el gobierno durante la gestión de la pandemia, lo cual deslegitima su discurso. Los retrasos en el plan de vacunación tampoco ayudan a generar un escenario más previsible.

La conflictividad es inherente a la política y siempre resulta imposible erradicarla por completo. Sin embargo, el escenario argentino es especialmente turbulento. Todos estos problemas, las fuentes de una conflictividad excesiva, tienen por detrás una raíz común: la ineficiencia de la gestión.

La mala praxis y la preponderancia que se le otorga a los objetivos electorales por sobre las necesidades a largo plazo de la Argentina terminan por configurar este entorno de fuerte agitación. Mientras no se aborden los problemas de fondo a través de diagnósticos acertados, el gobierno deberá seguir navegando en un océano de conflictos.