«La víctima fue objeto de golpes en sus piernas y costillas, tantas veces que preguntaba el motivo de su detención o pedía que se le permitiera llamar a su familia para decir que estaba vivo». Eso fue lo que denunció Víctor Augusto Nuñez Vázquez en nombre de Raúl Martins. Y fue por eso que el fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra acusó a los dos elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) que arrestaron al espía. Pero el juez Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, con fundamentos, rechazó el amparo. Encripdata pudo saber que el fiscal apeló la decisión sin pruebas nuevas, pero con el objetivo de retrasar aún más el lento camino de Martins a la Argentina para sentarse en el banquillo de los acusados por trata de personas.

La fantasía de que Martins fue víctima de tortura solo estuvo en la cabeza del fiscal. Ni siquiera en la del espía, que si algo sabe es operar para crear escenarios favorables, como aprendió en su época en la Secretaría de Inteligencia (antes SIDE, ahora AFI), pero que aquel 4 de octubre de 2019 nada dijo sobre los supuestos vejámenes sufridos desde que fue atrapado por los servidores públicos.

Martins sabía que su final estaba cerca: la Interpol lo buscaba desde hacía un mes por orden de la jueza federal María Servini. Los delitos: «explotación del ejercicio de la prostitución ajena y lavado de activos». Por eso, aquel 4 de octubre, se puso anteojos y peluca, entró a una casa de fotografía y pidió sacarse un par para tramitar su pasaporte a nombre de «Guillermo». Pero no pudo: los elementos del INM lo retuvieron a la salida.

Por protocolo, varios funcionarios públicos de diversas instituciones lo revisaron: la primera, una vez que fue entregado a los agentes de Interpol, ese mismo día en el aeropuerto de Cancún y la segunda, al día siguiente, al ingresar a la cárcel de Ciudad de México. Ambos peritos coincidieron: Martins no tenía lesiones visibles ni denunció apremios ilegales.

No solo eso: luego de presentar uno de los primeros amparos para evitar su extradición, una actuaria del Juzgado Décimo Segundo en Amparo Penal de Ciudad de México lo entrevistó en el Reclusorio Norte. En esta nueva ocasión, tampoco se quejó de golpe alguno. El final de Martins estaba cerca.

Pero, como en las películas de espías, hubo giro inesperado: una enigmática mujer realizó la primera denuncia por maltratos al detenido. Para eso aportó un dictamen producido por tres peritos de parte: en Psicología, en Fotografía y en Medicina Forense. Pero el juez aclaró que no tomó en cuenta ese informe porque la mujer no era defensora de Martins y ni siquiera estaba registrada como abogada en México.

En consecuencia, el juez Ávila Gutiérrez resolvió el 21 de abril no vincular a proceso a Octavio ‘N’ y Juan Pablo ‘N’, los dos elementos del INM que atraparon a Martins en Cancún. Sin embargo, como era previsible, su abogado Nuñez Vázquez apeló la medida.

El fiscal Cervantes Saavedra apeló incluso con más insistencia que el propio defensor de Martins aunque sin pruebas nuevas: «Interpongo recurso de apelación y expresión de agravios que causa a la Institución del Ministerio Público el auto de no vinculación a proceso del 19 de abril».

El fiscal sostuvo que la no vinculación a proceso a los dos elmentos del INM «causó agravio a la sociedad en general». A Martíns, justamente, lo reclama la Argentina por cosas de las más agraviantes para toda sociedad: creerse dueño de las mujeres y hacer de sus cuerpos un negocio.