Nayid Bukele, el presidente salvadoreño que impulsó recientemente la destitución de cinco jueces de la Corte Suprema y un fiscal, es para muchos un líder que busca cambios para favorecer a los sectores más postergados de la sociedad, pero para otros es un gobernante que conspira contra la transparencia de la democracia en El Salvador.

Nacido en una familia de origen palestino, Bukele es un empresario y exalcalde de San Salvador que ganó la Presidencia con el 53,10% de los votos, mediante un discurso de "cambio" para el país, considerado uno de los más violentos del mundo.

El partido "Nuevas ideas", impulsado por el presidente, controla la unicameral Asamblea Legislativa salvadoreña, con 56 de los 84 legisladores.

El mandatario creó esta agrupación tras ser expulsado el 10 de octubre de 2017 del Frente Farabundo Martí para la Libración Nacional (FMLN).

Bukele, de 39 años, inició su mandato el primero de junio de 2019, tras llegar a la Presidencia con uno de sus mensajes de campaña que decía: "El dinero alcanza cuando nadie roba".

En marzo de 2021, "Nuevas Ideas" arrasó en las elecciones para la Asamblea Legislativa, lo que le permitió a Bukele aprobar varias leyes y presupuestos sin el apoyo de la oposición.

El 1 de mayo, poco después de instalarse el nuevo congreso, fueron destituidos cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, tras ser acusados de adoptar decisiones "arbitrarias".

También fue removido el fiscal general Raúl Melara, con el apoyo de 62 de los 84 legisladores de la Asamblea Legislativa, luego de que el Gobierno lo responsabilizara por sus vínculos con el partido opositor Arena (Alianza Republicana Nacionalista).

Varios organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazaron la destitución de los jueces y expresaron su preocupación por la situación política de este país centroamericano.

Para Roberto López Salazar, profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Bukele llegó a la presidencia con un mensaje de cambio que "buscaba sacar provecho del gran descontento que había en la mayoría de la población por el desempeño de los gobiernos anteriores, tanto de Arena como del FMLN".

En cuanto a la destitución de cinco miembros de la Corte Suprema y del fiscal general, Salazar dijo a la agencia de noticias Télam que los seguidores de Bukele "solamente se quedan con el anuncio de que era necesario hacerlo para facilitar el trabajo del Gobierno, sin cuestionarse si aquello fue legal, si reñía con lo que establece nuestra Constitución y si al final termina siendo o no un golpe al Estado de derecho".

El académico opinó que "evidentemente Bukele cree en la democracia electoral y procedimental, porque así es como resultó elegido como presidente. Pero la relativiza cuando se trata de actuar con transparencia, rendir cuentas sobre el uso de los recursos del Estado, reconocer y respetar los espacios de consulta ciudadana y mantener abiertos los canales institucionales de expresión para la oposición política".

De acuerdo a una encuesta reciente de la consultora CID Gallup, citada por la BBC de Londres, el 98% de los salvadoreños aprueba la gestión de la pandemia contra el coronavirus liderada por Bukele.

Sus detractores recuerdan que el 10 de febrero de 2020, el mandatario ingresó al Congreso salvadoreño, apoyado por un grupo de militares y policías con fusiles de asalto, con el fin de pedir a los legisladores que aprobaran un crédito de 109 millones de dólares para luchar contra las pandillas que asolan el país.

"Se lo ha catalogado como un ´nuevo Chávez´; pero también se lo puede señalar como un nuevo (Donald) Trump. Ha tenido una agenda de izquierda pero también de derecha, para llevar infraestructura y desarrollo a los sectores más postergados de la sociedad", dijo el analista Juan Alberto Rial.

Rial, secretario académico del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, resaltó que Bukele ha sostenido "el combate a las Maras y el control territorial, lo que le ha valido críticas por posibles violaciones a los derechos humanos".

Las Maras, considerada una "organización terrorista" por la justicia salvadoreña, es originaria de Estados Unidos. Pero también tiene ramificaciones en Honduras y Guatemala.

Según la Presidencia de Bukele, en 2020 hubo 1.322 homicidios, alrededor del 45 % menos de los que se registraron en 2019, lo que fue atribuido por el Gobierno a su plan de "control territorial", lanzado el pasado 20 de junio.