Algo había que hacer, coinciden todos en pensar cuando el gobierno acaba de implementar restricciones extremas similares a las que teníamos hace justo un año atrás, con la diferencia de que hoy hay medio millar de muertos por día y casi 40 mil contagios diarios. Pero la contundencia de esos números no es suficiente para convencer no solo a quienes se hartaron en 2020 de vivir encerrados, sino sobre todo a los que casi se fundieron entonces y tras esa experiencia no quieren saber nada de este deja vu.

Casi no había objeciones cuando se dejó trascender que el encierro se circunscribiría a los fines de semana, pero súbitamente reapareció el fantasma tan temido de la vuelta del ASPO, aunque más no sea por un período acotado. Sorprendió, sobre todo, cuando apenas dos días antes el Presidente había descartado de plano un regreso a fase 1: “No, no… Ahí voy a tener un problema sociológico; la gente no lo resiste, esa es la verdad”, dejó claro entonces el Presidente en uno de los reportajes que concedió en la semana a Radio 10.

Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.

Coincidentemente con lo que pensaba el Presidente el martes pasado, en este mismo espacio dijimos una y otra vez que no había posibilidades de regresar al aislamiento extremo; no porque no fuese necesario, sino porque simplemente las cuentas oficiales no estaban en condiciones de volver a cerrar la economía. El propio gobierno lo documentó el año pasado al elaborar un Presupuesto en el que no figuraba ningún tipo de compensaciones para eventuales restricciones.

Habrá que inferir que eso obedeció a la exagerada confianza oficial en las vacunas. Se entenderá que cuando el Presidente anticipaba una y otra vez la inminente llegada de millones de dosis, lo decía realmente convencido.

Pero los números de la pandemia han sido tan contundentes y amenazantes como para corporizar los peores fantasmas. Sobre todo en materia de muertos. Siempre hemos dicho que la cantidad de víctimas fatales diarias nunca dejó de ser elevada, con un promedio de unos 200 muertos diarios que no ha descendido ni cuando se aplanó la curva. Hoy 200 es un número bajo, al paso que vamos. Y si bien también impresiona el número de contagios, eso es muy relativo, pues obedece a un nivel de testeos que nunca ha sido el adecuado. Con un porcentaje de positividad superior al 35%, los especialistas coinciden en que el número de testeos diarios debería ser de 300 mil, y estamos en un tercio de esa cifra.

Los expertos también concuerdan en el temor a que esta disparada de casos vaya a saturar en breve las unidades de terapia intensiva y que en el término de dos meses o antes eleve el número de muertos al millar diario.

Sin necesidad de llegar a ese extremo perfectamente alcanzable, un simple cálculo matemático permite inferir que para antes de mediados de julio la Argentina podría llegar a los cien mil muertos por Covid. Una cifra redonda y terrorífica que remite a una de las tantas frases célebres que expresó durante esta pandemia Alberto Fernández: “Prefiero que haya 10% más de pobres y no cien mil muertos”. Lo primero ya sucedió; lo segundo está en camino.

Semejante panorama decepcionante es lo que debe haber movido a Alicia Castro a escribir los lapidarios tuits del miércoles pasado. Exembajadora en Venezuela y el Reino Unido, y fallida postulante para ese mismo cargo ante Moscú, la exazafata no estuvo muy diplomática cuando afirmó que “tenemos el récord más triste de la historia”. Alicia Castro comparó los resultados epidemiológicos argentinos con los de Bolsonaro -“en un año, Brasil multiplicó por 10 las muertes y Argentina, que tenía entonces 1.200 fallecidos, por 70”, dijo- y llamó entonces al gobierno a no ser “negacionista”, reclamándole “medidas eficaces”.

Ese “fuego amigo” llegó al día siguiente del rechazo de AF a la vuelta a fase 1, de ahí que no sorprenda el súbito viraje. Sobre todo si se tiene en cuenta que la suya es una voz muy escuchada en el Instituto Patria. Algunos aventuran incluso que expresa el pensamiento de la vicepresidenta de la Nación.

Como sea, Alberto Fernández terminó anunciando medidas que van mucho más en el sentido reclamado desde La Plata que lo que deseaban en Olivos y el Palacio de Hacienda.

Parecido fue lo que sucedió con las exportaciones de carne, cerradas por un mes por el gobierno nacional, desatando un previsible paro del campo que entre otras cosas hizo incrementar los precios. Terminó prevaleciendo la postura de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que es lo mismo que decir Axel Kicillof, cada vez más influyente en todos los ámbitos oficiales, y preocupado por una inflación que lejos de ceder va dejando mes a mes una presión mayor para el mes siguiente. 

El gobierno volvió así al pasado. Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.

Quienes ponen reparos a esta medida le recuerdan al gobierno actual las consecuencias de esa decisión adoptada por el primer gobierno kirchnerista: se perdieron 12 millones de cabezas de ganado; se fundieron 16 mil productores; cerró un centenar de frigoríficos; y pasamos de tener el 10% del comercio mundial de carne a menos del 2% en 2014. En ese lapso pasamos del tercer lugar en el comercio de carne al 13°. Por efecto de estas medidas la Argentina dejó de ganar 10 mil millones de dólares y se perdieron 15 mil puestos de trabajo.

El gobierno pareciera no aprender de sus errores. Para muchos, el año pasado el caso Vicentin fue el inicio de la pérdida de imagen de Alberto Fernández, que había escalado a números inmensos por la pandemia. Ese episodio dejó para muchos la sensación de que gobernaba Cristina Kirchner y eso se trasladó inmediatamente a las encuestas de imagen. Hoy esa sensación está mucho más enraizada, y conforme los antecedentes, los resultados no prometen ser más efectivos.

Hay un ejemplo muy presente que podría tener en cuenta el gobierno: la fuerte embestida en el Congreso para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal. Desde el oficialismo le había llegado el dato a la principal oposición de que ya tenían el número para convertir en ley el proyecto que desde noviembre pasado cuenta con media sanción del Senado. Por eso Juntos por el Cambio lanzó una acelerada y fuerte campaña exponiendo los nombres de los 23 diputados “del medio” -los que no son oficialistas, ni de JxC-, para que el Frente de Todos no pudiera encontrar allí los 12 votos que necesita para asegurarse la ley. En esa movida, Juntos por el Cambio salpicó a unos y otros, invirtiendo la carga de la prueba: expuestos, todos tuvieron que aclarar su postura de cara a una eventual sesión, aun aquellos como los lavagnistas que siempre habían dicho que no votarían esa ley.

Como sea, la estrategia tuvo los resultados esperados para Juntos por el Cambio, pues quedó claro que al oficialismo le faltan por lo menos cinco votos para sacar la ley que les permitirá desplazar al procurador Eduardo Casal, principal destinatario de semejante embestida. Muchos se preguntan aún de donde surgió la versión de que se habían alcanzado las voluntades necesarias, y todas las miradas apuntan al ministro Martín Soria, cuya capacidad para buscar consensos no parece ser una de sus características salientes.

Con todo, el proyecto ya tiene dictamen. Lo consiguió en el marco de un prolongado debate que se extendió hasta pasada la medianoche. Así las cosas, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en cualquier momento en el recinto, y ese es un elemento de presión del oficialismo, que no pierde las esperanzas de dar una sorpresa en cualquier momento con eso.

Ante ello la oposición está atenta incluso a no perder legisladores propios. Hace pocos días el oficialismo hizo toda una movida para desplazar a la diputada correntina Estela Regidor, acusada de pedirles el 50% del salario a sus asesores. Quieren que renuncie, como hizo Juan Ameri cuando protagonizó un escándalo al exhibir una escena íntima en el zoom. La diputada radical presentó un pedido de licencia por 90 días, que no alcanzó a ser tratado en la última sesión, pero el oficialismo iría por más. Si así sucede, en JxC tienen preparada una contraofensiva, reclamando un trato similar con los diputados oficialistas involucrados en el “vacunatorio VIP”. Por eso habrían suscripto con Sergio Massa un pacto de no agresión. Por si acaso, Juntos por el Cambio tiene de aquí en más como consigna una vieja premisa de Marcelo Gallardo: mantenerse con la guardia alta.