La jueza María Romilda Servini viene hostigando a periodistas de este portal desde hace un tiempo largo. Pareciera que lo hace en respuesta a algún pedido de funcionarios del kirchnerismo.

Lo más virulento se vio en las últimas semanas en el contexto del triple crimen de General Rodríguez de 2008. Expediente que tramita desde hace unos años la propia Servini.

En uno de sus últimos fallos, la jueza expuso conversaciones privadas del director de este portal, Christian Sanz, con algunas de sus fuentes de información.

Cuestión grave si las hay, que nada tenía que ver con la resolución en la cual aparecían esas charlas: se trató de la falta de mérito respecto de la figura del narco Ibar Esteban Pérez Corradi, complicado por ser el autor ideológico del asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Servini empezó a despegar a los responsables del triple crimen y, al mismo tiempo, decidió exponer a los pocos que investigaron ese tema de manera independiente. Como es el caso de Sanz.

Ahora, en situación similar a la mencionada, ha llegado a la redacción de Tribuna de Periodistas una cédula judicial que pide cercenar dos notas periodísticas que revelaron la filtración de actas secretas por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

Sucedió en septiembre del año pasado, cuando este portal dio a conocer esa novedad, gravísima, que dejó expuesta la identidad de varias docenas de espías argentinos. Algunos de los cuales trabajan fuera del país de manera secreta.

Sus nombres aparecen escritos en las actas del Libro de Protocolo de Resoluciones de la exSIDE y fueron dejados “a la vista” por la propia Caamaño. En un hecho realmente inédito y nunca antes visto en el país.

Ello le valió una presentación judicial por parte de puntuales agentes de la AFI. Entre otros, María Laura Días, Sergio Iván Pistone, Pablo Sergio Damián y Eduardo Alberto Sandoz.

Sobre la base de esa denuncia y, argumentando que las notas de este portal violan la Ley de Inteligencia argentina (25.520), Servini ordenó que se “recorte” parte del contenido de las mismas. En un acto de censura hecho y derecho.

La avanzada de la jueza empieza a preocupar, sobre todo a los que trabajamos en este portal. Motivada por algo que ya parece obvio: la independencia con la que hacemos periodismo. Eso parece que no se perdona.