Altísima polución, quema de todo tipo de residuos, cientos de miles de cuevas activas de roedores, pilas en desuso, pañales, desechos sanitarios, y presencia de animales muertos, son apenas una muestra del desastre que está generando en la ciudad de Necochea desde el año 2001 un basural a cielo abierto ocasionando un gravísimo daño al medio ambiente que inexorablemente impactará en la salud de la población. La cuestión se agrava aún más cuando el predio utilizado para la disposición de la basura fue virtualmente usurpado por la empresa con la anuencia de la Municipalidad.

El basural dado en concesión con autorización municipal, ubicado a casi 6 km de Necochea, ocupa una superficie de 12 hectáreas y recepta todo tipo de residuos sin tratamiento de ningún tipo, sin resguardo ambiental, en continua descomposición y sin contar con la infraestructura necesaria para la disposición final de la basura, lo que torna la contaminación muy peligrosa para la salud, el suelo, el agua, y la atmósfera, violando de este modo la ley 24051 de “Residuos Peligrosos”.

Pero además de ello, los terrenos utilizados por las empresas concesionarias pertenecen desde 1900 a un campo de la familia al Sr. Carlos Esbensen, que la dio en concesión pero nunca recibió pago alguno. La primera firma que tuvo a cargo la recolección de basura en el distrito fue Servicios Ambientales Necochea SA, a través de la ordenanza 4599/01 del 1 de noviembre de 2001, cuando el Intendente era el peronista Julio Municoy, quien gobernó la ciudad entre 1995 y 2003.

“La mencionada empresa, en contra de la voluntad del suscripto, continuó utilizando el predio sin abonar alquiler o precio alguno, incumpliendo con la normativa nacional, provincial, municipal y con el pliego de bases y condiciones, en cuanto se refiera al marco del predio de disposición final y el tratamiento de residuos”, afirma una demanda iniciada por Esbensen tanto contra el Municipio como contra la OPDS, organismo provincial que debería velar por el medio ambiente, el 23 de abril de 2015 presentada ante la justicia provincial.

Como la misma no prosperó, recientemente el abogado marplatense Julio Razona amplió una denuncia hecha por el particular ante sede policial, solicitando así mismo la competencia de la justicia federal, por la comisión de delitos ambientales. Finalmente, la UFI 3 de Necochea resolvió favorablemente al pedido y se hará cargo de la causa el Juez Federal Bernardo Bibel y el Fiscal Juan Manuel Portela. En aquella ampliación, el letrado solicita una “Investigación Penal Preparatoria, contra quienes resulten autores responsables, partícipes y encubridores del vertido al ambiente de desechos que contienen sustancias tóxicas, ecotóxicas e infecciosas”.

La demanda de 2015 se presentó días antes que se celebrara un nuevo llamado a licitación para la concesión del “Servicio Público de Higiene Urbana”, aprobado por mayoría el 12 de mayo de aquel año por el Concejo Deliberante, confirmando a la firma “Recolección y Limpieza Ambiental S.A.” (RELISA) para hacerse cargo del trabajo. Esto ocurrió a pesar que la acción judicial iniciada por el dueño del predio solicitaba a la justicia que se disponga una medida cautelar, ordenándole al Intendente y a los ediles que se abstengan de contratar y/o aprobar las ofertas. El Jefe Comunal era el también justicialista José Luis Vidal. Relisa fue la única oferente, que se conformó menos de tres años antes, el 5 de septiembre de 2012.

Por su parte, la empresa saliente, Servicios Ambientales Necochea SA, hacía años que no abonaba el cánon correspondiente a Carlos Esbensen, y a pesar de las acciones iniciadas por el titular del predio, los distintos gobiernos locales poco hicieron para asumir su responsabilidad. “La legitimación pasiva de la Municipalidad de Necochea tiene lugar en su carácter de titular y concedente del servicio de recolección y disposición final, y su omisión en el control de cumplimiento del pliego”, señala la demanda de 2015, agregando que dicho servicio “fue otorgado a la empresa en una situación de emergencia”, siendo prorrogado un y otra vez durante 14 años, configurando “una contratación directa” en los hechos, “vedada por la normativa vigente”.

También la acción judicial presentada oportunamente ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo había apuntado contra el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que es nada menos que la autoridad de aplicación de la normativa ambiental bonaerense. El demandante asegura que la responsabilidad de la OPDS “se desprende del actuar negligente ante la perpetuación del daño” a la propiedad de Esbensen, y a “los daños producidos en la zona del predio de disposición, a pesar de que había un expediente en que ella había sido advertida”. Dicha afirmación demuestra los insistentes pedidos que se habían realizado desde al menos 12 años atrás.

Pero no sólo Carlos Esbsensen y su familia fueron y son perjudicados, sino también la comunidad de Necochea y Quequén. En la demanda de hace 6 años, se afirmaba que “la presente acción se relaciona también con el derecho que poseen los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado”, que está consagrado por la Constitución Nacional. La zona donde está emplazado el basural es eminentemente rural, en la cual sus suelos poseen gran capacidad de almacenar agua y reciben el lixiviado que produce el mismo. El lixiviado es un líquido que se produce cuando los residuos sufren el proceso de descomposición. De sus napas proviene el agua para consumo humano, que corre por toda la ciudad, ya que, como se dijo, el predio está ubicado al noroeste de Necochea, aguas arriba de la cabecera del Distrito.

Pero la contaminación también se genera en el aire. El Dr. Julio Razona afirma en su ampliación de denuncia que “la quema casi permanente de residuos de todo tipo y sin tratamiento se produce tanto de día como de noche, con emisión de sustancias tóxicas derivadas de la incineración de plásticos y neumáticos, que por acción de los vientos llega incluso a las rutas que circundan el basural”. En otro párrafo de su escrito, señala que “la contaminación de las aguas y la atmósfera afecta gravemente la salud de la población, ocasionando gravísimos perjuicios”.

El 29 de abril de 2021 se tomaron muestras certificadas por Escribano Público, Acta Notarial 53, a cargo de Rosario Zabala. Las mismas se extrajeron de agua del Canal Ricci, que cruza zonas con sembrados, y de la zanja lindera que bordea el basural, arrojando resultados contundentes. Las muestras fueron analizadas por el prestigioso Laboratorio Cedeac, detectándose gas amonical, presencia de nitrógeno 31,5 veces más de lo permitido, un PH muy por encima de lo admisible, advirtiéndose un desbalance y un color claramente indicativos de “contaminación”.

A su vez, se observó una alta concentración de sulfatos, junto a la existencia de sólidos y una elevada turbidez, que sugiere que las aguas deben ser previamente tratadas para su consumo. Por último, el informe corrobora el impacto del basural en el ambiente al comprobar la presencia de iones de flúor, arsénico y nitratos en el agua subterránea de la cuenca del río Quequén. “El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes para la salud pública”, sostiene Julio Razona.

“Esta situación posee la capacidad de producir enfermedades cutáneas, anomalías respiratorias, problemas intestinales, desórdenes dentales, infecciones de oídos y de ojos, alergias, afectaciones neuronales, trastornos sanguíneos, cáncer de hígado, entre otros”, asegura el escrito judicial. Y no duda en poner el foco en las diferentes autoridades: “Los responsables del funcionamiento del basural a cielo abierto y en evidente estado de abandono son los funcionarios municipales y la empresa concesionaria”, subrayando que se trata de un “delito continuado”. El actual Intendente de Necochea es Arturo Rojas, del Partido Fe, quien asumió en diciembre de 2019, sucediendo a Facundo López, del Frente Renovador de Sergio Massa.

Así mismo, Razona recordó que los pliegos de concesión del predio incluyeron siempre la creación de una planta para el tratamiento de los residuos que nunca terminó de construirse en ninguna de las administraciones municipales desde 2001. En la demanda de 2015, Carlos Esbensen señalaba que “se ha venido utilizando para la disposición de residuos un predio ajeno, que nunca fue autorizado para dicha actividad, donde se ha removido tierra y se lo ha rellenado de basura”. Esta situación, además de generar los perjuicios antes descriptos para toda la comunidad, le produjo al dueño de los terrenos gravísimos problemas, como la falta de agua potable y un alto impacto en su labor diaria.

Cabe consignar que Esbensen vivía en una vivienda lindera con el predio, debiendo mudarse años después. “Vivo al lado del basural, lo que es un dato central para comprender mis padeceres”, señalaba el demandante en 2015, agregando que “las condiciones de habitabilidad de lo que es mi casa, lindero mediante alambrado al basural se ha visto deteriorado, sin contar los malos tratos que hemos recibido durante años por el personal de la empresa”.

En aquel escrito, la víctima detallaba aspectos escalofriantes, pese a lo cual nada se hizo desde la Municipalidad: “Se quita tosca del terreno de mi propiedad y me veo imposibilitado de prohibirlo, se deposita cualquier tipo de residuo sin control alguno, inclusive los patogénicos de las clínicas, ya que Necochea no cuenta con un predio con tratamiento especial, vivimos rodeados de ratas y aves, soportamos el humo delos incendios, tenemos que escuchar las explosiones”, señalando que además “hago denuncias por ello y cartas al Municipio que nunca fueron respondidas”. Cabe recordar que dicha presentación se recibida por la Justicia Provincial el 22 de mayo de 2015. Es decir, hace más de 6 años.

En junio de 2020, distintas ONG ya denunciaban el impacto ambiental que genera el tratamiento actual de los residuos, “considerando que en el contrato de concesión del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ambas partes asumen responsabilidades,el Estado debe controlar la prestación del servicio y pagar acorde a éste y la empresa debe prestar el servicio cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones impuestas en el contrato vigente desde 2015”.

Así mismo, el comunicado marcaba que “la empresa está incumpliendo el objeto de la concesión (determinado en la cláusula primera del contrato) que es la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Esto incluye el servicio de recolección, transporte y descarga de los residuos, así como su tratamiento (inciso h) para lo que la empresa está obligada a construir unaPlanta de Tratamiento (inciso i). El incumplimiento en este punto está a la vista: cualquiera puede observar que la empresa solo recolecta y deposita en un basural a cielo abierto todos los residuos domiciliarios que se generan en la ciudad”.

En momentos en que el mundo discute nuevas técnicas para el tratamiento de la basura, y cuando la Argentina produce 21 mil toneladas por día, y en Neeochea 3 mil por mes, que exista una situación como la que está ocurriendo en Necochea parece extraído de una película de terror.