En las últimas horas, se conoció el procesamiento del juez federal con competencia electoral mendocino Walter Bento por ser, presuntamente, líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, luego de peritarse el teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del magistrado hoy imputado. El Dr. Bento fue uno de los tantos funcionarios judiciales que supieron colocarse al calor del poder, y se sumaron al colectivo de Justicia Legítima. 

Otro caso que merece ser nuevamente puesto de relieve, por sus notables puntos de contacto con el del juez mendocino, y del cual este medio ya se ocupó, es el del Fiscal General de Bahía Blanca en uso de licencia desde junio de 2018, y también conspicuo miembro de la agrupación judicial K, Alejandro Cantaro (foto portada). El 18 de julio de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Liliana Catucci, Rafael Riggi, y Juan Carlos Germiniani, rechazó un recurso de queja que había formulado su defensa y el representante del Ministerio Público deberá comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal por la grave acusación de encubrir a una banda narco, de la cual formaría parte un sobrino suyo.

Su designación como Fiscal General de Bahía Blanca en noviembre de 2012 generó resistencias hasta dentro del propio kirchnerismo. Sin embargo, la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner elevó su pliego al Senado y el mismo fue aprobado. Para tan veloz aprobación, fue decisivo el apoyo que tuvo por parte del ex intendente bahiense Jaime Linares. Había ganado el concurso por apenas 2,25 puntos, y según reconocen hasta enemigos suyos en la ciudad, se impuso en buena ley. Con el paso del tiempo, Alejandro Cantaro se convirtió en uno de los fiscales preferidos de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.

Tal es así, que el Fiscal fue designado en agosto de 2016 por Gils Carbó para investigar, junto a dos colegas suyos, el ataque a pedradas que sufrieran el ex Presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal en el barrio Belisario Roldán de la ciudad de Mar del Plata. Este hecho originó una grave acusación del Juez marplatense Alfredo López contra los Fiscales de Justicia Legítima Daniel Adler y Laura Mazzaferri por obstruir la investigación. Aquella pesquisa, aunque pocos la recuerdan, quedó en la nada, pese a que fuentes judiciales marplatenses aseguraron que el hecho fue más grave de lo que se cree, y que pudo derivar en una desgracia. Durante el año 2017, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, a cargo por entonces de Graciela Caamaño, había citado a diversos funcionarios a dar su testimonio para analizar el accionar de Alejandra Gils Carbó. Uno de los citados fue Alejandro Cantaro, quien defendió fervientemente a su jefa.

 La causa contra Cantaro

El 7 de febrero de 2020, poco antes de la irrupción del coronavirus y las cuarentenas, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del Fiscal por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de encubrimiento en sus modalidades de favorecimiento personal por ayuda y por omisión de denuncia, agravado por ser el delito especialmente grave-tráfico de estupefacientes-“. En otras palabras, se lo acusa de proteger una banda dedicada al narcotráfico. Uno de los integrantes de los narcos es su propio sobrino, Sebastián Gauna San Millán, quien se hallaba en ese momento prófugo de la justicia. En octubre de 2019, Cantaro había sido procesado en primera instancia por el Juez Walter López Da Silva.

Finalmente, en noviembre de 2020, su sobrino Gauna San Millán fue detenido en Córdoba, donde se había alojado con otra identidad. Según fuentes de la investigación, vivía en una pensión del centro de la ciudad y aparentemente continuaba ligado al negocio de las drogas. Además, destacaron que hallaron un cuaderno con datos para identificar los vehículos encubiertos que usa la Policía Federal. En el operativo, los policías secuestraron hongos alucinógenos, LSD, cogollos de marihuana, frascos y balanzas de precisión. Ahora, irá a juicio junto a su tío.

El expediente 13552/2018 se inició el 7 de mayo de 2018 como un desprendimiento de la causa 9736/2016 que investigaba el accionar de una presunta banda narco. En el marco de dichas actuaciones, surgieron escuchas telefónicas legales, realizadas por la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina, que relacionaban al fiscal más importante de Bahía con algunos miembros de la organización delictiva, más precisamente con su mencionado sobrino y con Facundo Texido. También se comprobó una posible filtración de información relacionada con la investigación hacia los imputados, que salía desde la propia Fiscalía que debía investigar. El 5 de febrero de 2020, la justicia condenó a 7 de los integrantes del grupo a penas de prisión de entre 4 y 5 años. En la ciudad, se la conoció como “La banda del éxtasis”.

“Se le imputa a Alejandro Cantaro haber prestado colaboración con los imputados para que eludan las investigaciones, omitiendo en su carácter de Fiscal General, la realización de la correspondiente denuncia y/o haber aportado datos de interés correspondientes a la perpetración de los delitos investigados”, afirmó en su resolución el Juez Walter López Da Silva. Y agrega para que no queden dudas: “Cantaro ayudó a Gauna San Millán y Texido a eludir la investigación”. Durante la misma, se estableció que uno de los automóviles en los que se desplazaban ambos, pertenecía al Fiscal.

También se descubrió que Cantaro, a cargo desde 2016 del seguimiento a la presunta banda narco, ordenó la intervención telefónica de Facundo Texido, pero no así de su sobrino. En una de las escuchas dispuestas por el Juez, quien decidió reasumir la instrucción del sumario al no mostrar avances, se captó una conversación entre Gauna San Millán y su madre, tras un allanamiento practicado en su vivienda. En dicha oportunidad, el nombrado le pregunta qué se buscó durante el procedimiento y la interlocutora aclara que lo buscado era material estupafeciente. A lo que el entonces prófugo dice que “no entiendo por qué me siguen si no hago nada”, y su madre responde: “A Alejandro lo habían llamado, no lo habían llamado para decirle?”. Gauna San Millán responde que “sí, bueno”. Todo hace suponer que se refieren a Alejandro Cantaro.

En paralelo, en ocasión de otro allanamiento a la vivienda de Facundo Texido, tanto un testigo presencial como una Oficial Ayudante de la Prefectura, declararon que Texido, refiriéndose a San Millán, afirmó que “Su Tío era Fiscal General y que le había avisado que estaba investigado”.  Por otra parte, del análisis de las comunicaciones interceptadas, se desprende un trato familiar y de íntima confianza entre Cantaro con su sobrino y con Texido, traducido en frecuentes comunicaciones y negocios en común. Según surge de la causa, el Fiscal le había instalado un negocio de distribución de cerveza artesanal a su sobrino, quien aparentemente era el encargado y Texido, su empleado.

Inclusive, se desliza la posibilidad que la presunta connivencia entre ellos “excedía la situación de la mera compra de estupafecientes para consumo, de la que Cantaro parece no mantenerse ajeno”. En relación a este álgido punto, de una de las conversaciones captadas surge que “Texido retira una cajita con dinero del buzón del domicilio de Cantaro y le deja una bolsa de nylon negra”.

Dicha acción, sostiene la resolución judicial, “autoriza a presumir que se trataba de sustancia estupefaciente” lo que habría dentro de la bolsa. Y afirma tajante: “No sólo es dable presumir que existían razones para que Cantaro les avisara de la existencia de una investigación con el ánimo de protegerlos de las eventuales consecuencias de una causa penal, sino también que conocía la actividad ilícita que ambos desplegaban”.

Como dato de color, cabe recordar que el 5 de abril de 2020, Alejandro Cantaro fue detenido (Foto) en la ciudad de La Plata, junto a la funcionaria judicial Guillermina López Camelo, hija de un conocido juez bahiense, por violar la cuarentena obligatoria que regía por ese entonces en todo el país, cuando ambos se trasladaban a bordo de un Peugeot 208, sin contar con el permiso de circulación respectivo.