“Observo que a lo largo de toda la pesquisa, desde sus albores, el acento de la línea investigativa ha sido puesto en Lázaro Báez, a través de Austral Construcciones, edificándose toda la teoría del caso sobre su posible participación en los hechos”, lo que “ha llevado a construir una imputación desde perspectivas desacertadas que condujo a resultados inaceptables, forzando los hechos y las imputaciones para que encajen en la hipótesis investigativa”.

El fallo de la Cámara de Bahía Blanca que revocó el procesamiento de Lázaro Báez en la causa de las facturas truchas, el último 19 de agosto, sigue teniendo fuertes repercusiones. En las últimas horas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), decidió no apelar aquella resolución, por lo que el presunto testaferro de los Kirchner, y la propia Vicepresidenta Cristina Fernández, tienen un motivo menos para preocuparse. El autor intelectual de la decisión de la Alzada fue el juez Pablo Candisano Mera. El otro camarista firmante, Leandro Picado, sólo adhirió a lo sostenido por aquel.

La designación de Candisano estuvo rodeada de polémicas. Mediante el Decreto 1898, fue nombrado juez de Cámara el 21 de noviembre de 2011 por la ex presidenta Cristina Kirchner, por entonces recientemente reelecta con el 54% de los votos, y por el ex Ministro de Justicia, Julio Alak. Ese mismo día el gobierno kirchnerista nombró 30 magistrados, entre ellos a Santiago Inchausti, titular del juzgado federal 3 de Mar del Plata, y desde 2015 subrogante del 1. En una clara demostración de las deficiencias del sistema, se trata del único juez penal de la ciudad, la sexta más grande del país.

Si bien Candisano Mera inició su carrera judicial en 1997, al momento de su designación se desempeñaba como Secretario de Delitos Tributarios del Juzgado Federal 2 de Bahía, uno de los escalafones más bajos en la justicia, por lo que pasó directamente de dicho cargo al de camarista, sin escalas previas. “No es conveniente que un funcionario pase desde el escalón más bajo de la carrera judicial hasta el más alto. Eso sería un escándalo institucional”, aseguró en aquel entonces su competidor, el entonces Fiscal Nicolás María De la Cruz.

Pero el problema no radicó tanto allí sino en que el representante del Ministerio Público obtuvo mayor puntaje que el hoy camarista, obteniendo el primer lugar en el concurso en el Consejo de la Magistratura. Pero no solo ello, sino que además Candisano Mera terminó tercero, también detrás del abogado Gustavo Becerra González. Pese a que el Dr. De la Cruz impugnó su elección, el 5 de noviembre de 2011, la Comisión de Acuerdos del Senado aprobó el pliego del camarista y desestimó las impugnaciones del Fiscal.

Aunque en su momento se dijo que quien tuvo mucha influencia en la designación de Candisano fue el entonces Ministro del Interior, y hoy precandidato opositor, Florencio Randazzo, lo cierto es que fue la ex diputada Diana Conti quien operó fuertemente para bloquear el nombramiento de Nicolás De la Cruz. Conti, autora de la famosa frase “Cristina eterna”, fue integrante del Consejo en aquellos años, y llegó a presidir la estratégica Comisión de Disciplina y Acusación. Cabe recordar que el 31 de julio de 2009 declaró que el organismo que selecciona y sanciona a los jueces “no es absolutamente necesario” y que “alcanzaría con un consejo asesor y los ciudadanos opinando, pero mientras la Constitución lo tenga, debe existir”. Y remató: “Si fuera por mi, reformaría la Constitución y volvería al sistema anterior de elección de jueces”, es decir, mediante lobby y contactos.

Si bien el artículo 99 de la Carta Magna establece que el Presidente de la Nación tiene la atribución de elegir a cualquiera de los tres postulantes, teniendo en cuenta “la idoneidad de los candidatos”, la razón por la que Nicolás De la Cruz no fue elegido fue por un clásico kirchnerista: el Fiscal había sido secretario civil del ex juez Guillermo Madueño durante la dictadura. Pero lo cierto es que aquello sonaba a excusa, ya que uno de los jueces más protegidos por el kirchnerismo fue Jorge Ferro, quien fuera designado titular del Juzgado Federal de Azul el 27 de agosto de 1982, a través del Decreto 445 firmado porel ex presidente de facto Reynaldo Bignone. Cabe agregar que el propio Ferro supo integrar por pocos meses la propia Cámara de Bahía como subrogante nombrado por la mayoría k del Consejo en 2015, además de subrogar el TOF de la ciudad.

De acuerdo a sondeos realizados por este medio en la comunidad judicial bahiense, el Dr. Pablo Candisano Mera nunca participó de la agrupación judicial k, Justicia Legítima. Pero las mismas fuentes consignan que se trata de un hombre extremadamente hábil para moverse, colocando gente propia en las Relatorías, y “operando en las sombras”. Y las conexiones con funcionarios judiciales cercanos al kirchnerismo son muy estrechas.

El Tribunal de Alzada de Bahía, además de Leandro Picado y Candisano Mera, también está integrado por Silvia Fariña, Pablo Larriera y Roberto Amabile. Este último supo formar parte de la famosa Lista Celeste, un frustrado intento por parte de Justicia Legítima en 2014 de imponerse en las elecciones de la Asociación de Magistrados de aquel año, mientras que Larriera, además de ser un hombre muy cercano al titular de la agrupación judicial en Mar del Plata, el Fiscal Daniel Adler, es íntimo amigo del propio Candisano.

Luego de la Acordada 9/ 2020 de la Cámara Federal de Casación del 13 de abril de aquel año, que recomendó que “los tribunales de la jurisdicción adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, a las personas en prisión preventiva por delitos no violentos”, y que sean considerados como “grupos de riesgo” por la pandemia de coronavirus, el Dr. Pablo Larriera dispuso al menos 5 excarcelaciones bastante controvertidas como integrante del Tribunal Oral.

La situación del TOF de Bahía Blanca es un claro ejemplo del fuerte atraso en la designación de jueces de algunos tribunales del país. Larriera debió subrogarlo ya que hasta comienzos de este año no tuvo integrantes titulares, cuando fue designado el 9 de febrero el Dr. Sebastián Foglia. En noviembre de 2018, el Gobierno de Mauricio Macri presentó a los tres candidatos para ocupar dichos puestos, pero los pliegos nunca se trataron y la actual administración los retiró en su totalidad para su revisión.

Previo a su designación como camarista en Bahía, el 21 de junio de 2018, Larriera había concursado para Juez Federal de Entre Ríos. Venía de ser Fiscal subrogante en Tandil, y previo a ello, más precisamente entre el 10 de noviembre de 2011 y el 5 de agosto de 2015, también subrogó la Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata.

Retomando las excarcelaciones del magistrado, colega de Candisano Mera en la Cámara, una de ellas resultó muy llamativa porque se trató de dos hermanos pertenecientes a la llamada “Banda del Éxtasis”, dedicada al tráfico de droga, cuyos miembros fueron condenados el 5 de febrero de 2020 a penas entre 4 y 5 años de prisión. Los integrantes del grupo narco, beneficiados con el arresto domiciliario dispuesto por el Dr. Larriera, fueron los hermanos Pablo y Gustavo Nogales, condenados a 4 años y 6 meses y 4 años de prisión, respectivamente. Por este último, de 45 años, se alegó que padece “asma y epoc”, por lo que se encuentra “sin dudas entre los grupos considerados de riesgo”. Gustavo Nogales ya había sido condenado a prisión por otro caso vinculado al narcotráfico en 2003. Por su parte, su hermano, Pablo Nogales, también de mediana edad, según dijo el fallo del juez, “es una persona con graves problemas respiratorios y bronquiales”, y reseña las fechas en las que debió ser atendido en centros de salud.

Las conexiones continúan. Como ya informara este medio, por dicho caso se encuentra procesado nada menos que el Fiscal general de Bahía Blanca y miembro de Justicia Legítima, Alejandro Cantaro, en uso de licencia desde junio de 2018. En octubre de 2019, el Juez Walter López Da Silva lo procesó por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de encubrimiento en sus modalidades de favorecimiento personal por ayuda y por omisión de denuncia, agravado por ser el delito especialmente grave-tráfico de estupefacientes-“. En otras palabras, se lo acusa de proteger una banda dedicada al narcotráfico. Uno de los integrantes de los narcos es su propio sobrino, Sebastián Gauna San Millán.

“Se le imputa a Alejandro Cantaro haber prestado colaboración con los imputados para que eludan las investigaciones, omitiendo en su carácter de Fiscal General, la realización de la correspondiente denuncia y/o haber aportado datos de interés correspondientes a la perpetración de los delitos investigados”, afirmó en su resolución el Dr. López Da Silva.

Durante el comienzo de la investigación de la causa de las facturas truchas, en 2014, la actuación del Fiscal Cantaro fue muy morosa y pasiva, a pesar de tratarse de un caso demasiado sensible para el kirchnerismo, que conecta con trascendentes expedientes como “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”. Casi 7 años después, la Cámara, casi con el exclusivo voto del Dr. Pablo Candisano Mera, decidió revocar el procesamiento de Lázaro Báez, alegando que “en la causa no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías locales haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio, extremo que los desvincula de esta investigación”.