“Es urgencia republicana inmediata que el actual Poder Judicial de la Nación sea declarado en comisión por el Estado Democrático, con un hiato jurídico de entre seis y dieciocho meses durante los cuales se creará una Nueva Judicatura en todo el país y en todos los fueros. La declaración en comisión que postulamos se refiere específicamente al funcionariado superior, en particular jueces y fiscales”.

La crisis política que atravesó -y aún atraviesa- el Gobierno Nacional inmediatamente después de la fuerte derrota en las PASO del pasado 12 de septiembre, derivó, al menos hasta el momento, en un pequeño recambio ministerial encabezado por el flamante Jefe de Gabinete y actual Gobernador de Tucumán en uso de licencia, Juan Manzur. Sin embargo, y más allá de los resultados electorales, hay cuestiones que no deberían desatenderse.

Aquellas palabras iniciales pertenecen al “Ideario General para la Refundación de la Patria”, publicado por diferentes figuras fuertemente identificadas con el kirchnerismo el 25 de enero de 2019, conformando el “Manifiesto Argentino”. El documento pomposamente llamado de aquel modo proponía una serie de medidas en caso que la actual Vicepresidenta Cristina Kirchner volviera al poder, lo que finalmente sucedió. Y a pesar de la derrota en las PASO, la ex mandataria parece ostentar más poder dentro de la administración que antes del 12 de septiembre. Por ello convendría repasar las propuestas allí esgrimidas, especialmente las destinadas a la Justicia y a la luz de la designación de Manzur como nuevo hombre fuerte del Gobierno.

“Una Reforma Judicial absoluta, tendiente a sustituir el corrompido e incorregible Poder Judicial vigente por un Sistema de Justicia transparente y ágil al Servicio de la Nación”, proseguía el texto firmado, entre otros, por Mempo Giardinelli. Y añadía que “el sistema judicial independiente”, debe ser “controlado por el Poder Legislativo con monitoreo vinculante de las organizaciones de la sociedad civil”, a través de “una sostenida campaña nacional de educación cívica, orientada a que la sociedad sepa ejercer control y fiscalización”.

Cabe mencionar que el último 31 de julio, el Presidente Alberto Fernández había propuesto públicamente “generar un debate para discutir” la duración de los jueces en sus cargos: “No digo que lo discutamos ahora, pero creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos”, señaló el Jefe de Estado.

El Manifiesto Argentino iba más allá, al establecer que “la nueva Corte Suprema de Justicia será reorganizada con por lo menos 9 miembros (N. de la R.: hoy tiene 5) elegidos por votación popular y con desempeño de funciones durante un máximo de 10 años, no renovables”, a la vez que “la organización, control y eficacia del nuevo Sistema Judicial será supervisado por esta nueva Corte Suprema, y el Congreso de la Nación apoyará y controlará esta revolución judicial democrática con leyes y medidas excepcionales para superar la emergencia durante ese lapso y dejar encarrilada una nueva Administración de Justicia”. Y remataba: “La reorganización total del Sistema Judicial y de la carrera judicial deberá ser aprobada finalmente en plebiscito nacional, previa intensa y pedagógica campaña cívica popular”.

El 5 de noviembre de 2020, el Senado controlado por Cristina Kirchner aprobó el pliego del entonces juez federal de Tucumán Daniel Bejas como integrante de la estratégica Cámara Nacional Electoral (CNE), cargo que finalmente asumió el 3 de diciembre del mismo año. El Tribunal encargado de controlar los comicios nacionales lo completan Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.

El hoy camarista fue apoderado del Partido Justicialista tucumano entre 1984 y 1996, para luego convertirse en 2003 en asesor legal de un conglomerado de empresas del ex gobernador de la provincia y actual senador en uso de licencia José Alperovich y su esposa, la ex senadora Beatriz Rojkés. En 2007, Bejas fue designado juez subrogante del TOF de Tucumán, y a fines de 2010 fue nombrado titular del Juzgado Federal 1, con competencia electoral en todo el territorio tucumano, por la entonces Presidenta Cristina Kirchner. Pero además de ello, es conocido que el magistrado mantiene una relación muy cercana con el nuevo Jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El 14 de junio de 2014, el Dr. Daniel Bejas sobreseyó al entonces ministro de Salud de la Nación, en una causa por enriquecimiento ilícito que se le seguía al actual gobernador tucumano a partir de una denuncia de un abogado particular, por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial, que había sido expuesta por un artículo del diario “La Nación”. Manzur siempre fue uno de los funcionarios más ricos de la administración kirchnerista. Al poco tiempo de aquel sobreseímiento, se convirtió en 2015 en gobernador, cargo que todavía ostenta al ser reelecto en 2019. Cabe consignar que en las recientes PASO, Tucumán fue una de las pocas provincias en donde ganó el peronismo.

Así mismo, Bejas permitió que Manzur transitara sin sobresaltos sus mandatos, ya que se desprendió de dos graves denuncias de corrupción que salpicaban al mandatario provincial: un caso sobre supuestas irregularidades en obras públicas municipales financiadas con el programa nacional Más Cerca, y otro relativo a erogaciones de la Legislatura provincial por alrededor de $ 615 millones, según informa el sitio Chequeado.

La designación de Manzur como Jefe de Gabinete no puede desvincularse de aquella movida. De hecho, quien propuso a Bejas como integrante de la Cámara Electoral fue el Presidente Fernández, y el entonces gobernador tucumano ejerció mucha presión al respecto. A esta altura, vale recordar que el 10 de febrero de 2021, el Senado también aprobó el pliego de Alejo Ramos Padilla como titular del estratégico Juzgado Federal Electoral de la Plata.

En enero de 2019, cuando comenzaba a transitarse lo que iba a ser el último año del Gobierno de Mauricio Macri, el citado Manifiesto Argentino definía al Poder Judicial como “un feudo corporativo, un arma de sometimiento, un sistema arbitrario y barrabravista, lento, caro, patriarcal y racista”.

La embestida K contra la Justicia no se hizo esperar. Hay que recordar que en febrero de este año, la ANSES comandada por la camporista Fernanda Raverta, una de las funcionarias que amagó con renunciar pero que finalmente continúa en su cargo, comenzó a enviar una resolución a cerca de 200 jueces y fiscales con el trámite de jubilación ya iniciado para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo, o de lo contrario se iba a rever la situación de cada uno de ellos.

Dicha intimación fue posible gracias que el 13 de marzo de 202, cuando la agenda pública estaba dominada por la pandemia de coronavirus, el Senado aprobó la reforma jubilatoria judicial, que eleva gradualmente la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años en 2025, y si bien se continúan exigiendo 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes, al mismo tiempo se establecen tres requisitos adicionales: un desempeño mínimo de 20 años en el Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público; al menos 10 años continuos o 15 discontinuos en alguno de los cargos específicos citados en el anexo de la ley y por último y el cese definitivo en el ejercicio de su actividad. También se estipula el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años y se aumenta en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%.

Pero el Manifiesto Argentino no se quedaba solo en los aspectos judiciales. “El Estado Democrático establecerá con urgencia una nueva Política de Medios de Comunicación, que prohíba e impida los monopolios mediante el acotamiento legal de los llamados multimedios a fin de que sólo les sea permitido expandirse en forma no monopólica”, sostenía. Y reafirmaba que “se cumplirá estrictamente la llamada Ley de Medios, y se mejorará de manera concreta y real su aplicación en beneficio de sistemas de radio y televisión comunitarios y alternativos, garantizando la pluralidad informativa y la libertad de expresión”.

Para finalizar diciendo que “el Estado fortalecerá la radio y la televisión públicas no gubernamentales, con directivos surgidos de concursos transparentes y públicos en base a antecedentes profesionales, con gestión temporalmente limitada y con programaciones y gestión sometidos a control ciudadano”. En otro párrafo, señalaba que en “la República Argentina la salud, la educación y la previsión social son asuntos de responsabilidad del Estado Democrático y por lo tanto son irrenunciables, indelegables e innegociables”.

Tal vez se esté en presencia de la hoja de ruta y del rumbo que tomará el Gobierno hasta el 14 de noviembre. Y también más allá de esa lejana y cercana fecha.