Un tribunal de Columbia sentenciará en febrero de 2022 a Gerardo González Valencia por un viejo caso de tráfico de cocaína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos, pero de este lado del continente americano se siguen descubriendo las cosas que hizo en su paso por la Argentina y Uruguay. Hasta ahora se sabía que el número dos de los «Cuinis», brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había lavado 1,8 millones de dólares en Buenos Aires y 2,6 millones más en Punta del Este. Encripdata tuvo acceso en exclusiva a pruebas nuevas que sugieren que el capo mexicano ingresó a través de terceras personas 2 millones de dólares a los últimos dos blanqueos de capitales que los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri lanzaron en busca de fondos a como dé lugar para fortalecer el mercado de divisas.

Nemesio Oseguera Cervantes fundó el CJNG luego de que sus «Torcidos» se impusieran entre 2009 y 2010 a «La Resistencia» en una guerra a sangre y fuego por el control de lo que quedaba del Cártel del Milenio. «Mencho», casado con Rosalinda González Valencia, obtuvo la aprobación de su suegro Armando Valencia Cornelio, alias «Maradona», fundador del Milenio. A sus cuñados, los Valencia o «Cuinis», les delegó la administración de los activos del cártel.

Eso llevó a Gerardo, alias «Lalo», «Flaco», «Silver», «Silverio», «Eduardo» o «Laline», a instalarse primero en la Argentina y después en Uruguay.

En la Argentina, Gerardo vivió con su familia en Puerto Madero. Allí abrió una tienda con la que lavó 1,8 millones de dólares. Por este caso, el juez Néstor Barral y el fiscal Sebastián Basso pidieron la captura internacional de los mexicanos Pedro Merced Medina Lizarraga, Julio César Alegre Ortega, Francisco Marzio Medina González y Rodrigo Lepe Uribe. Marcelo Arias, un taxista que prestó su nombre para la maniobra, y Oscar Calvete, que gerenció el negocio, irán a juicio.

De un día para otro, «Lalo» se fue del país.

O eso parecía hasta ahora.

En Uruguay, González Valencia compró el chalet Quincho Grande en Punta del Este por 2 millones de dólares. Lo hizo a través de una empresa a nombre de su esposa Wendy Dalaithy Amaral Arévalo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) la rastreó a partir de los Panamá Papers. También adquirió tres terrenos en Punta Ballena por 550 mil y autos de alta gama por 100 mil más.

Por este caso, estuvieron presos su suegro Héctoral Amaral y un cambista que operaba en Piriápolis. También un matrimonio de uruguayos que trabajaban como jardinero y empleada doméstica, acusados por «asistencia al lavado de activos».

Gerardo, una vez detenido en 2016, amenazó con matar a un funcionario.

Uruguay se sacó el problema de encima: lo entregó en 2020 a Estados Unidos.

Pruebas nuevas a las que accedió Encripdata indican que la empleada doméstica de González Valencia hizo varios depósitos en efectivo para una caja de ahorros que tenía un empresario argentino en Uruguay. Fueron alrededor de 890 mil dólares entre 2011 y 2015. En la cuenta recibió en total 1,9 millones. La mujer cobraba 500 dólares por mes por trabajar tres horas diarias para el capo. El marido recibía mil dólares por ocuparse del jardín del chalet.

El empresario argentino, que para ese entonces llevaba años investigado en este país por evasión tributaria, aprovechó la Ley 26.860 de Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior para suscribir en diciembre de 2015 certificados de depósitos para inversión (cedines) por un millón de dólares. El Gobierno de Kirchner prorrogó el blanqueo innumerables veces porque nunca consiguió la meta prevista de 4 mil millones.

En marzo de 2017, el empresario volvió a exteriorizar activos que poseía tanto en la Argentina como en Uruguay por 17,3 millones de pesos, que para el cambio de la época equivalían a 1,1 millones de dólares, en esta oportunidad a través de la Ley 27.260 de Sinceramiento fiscal y reparación histórica para jubilados y pensionados. El Gobierno de Macri informó que los residentes en el país blanquearon 116.800 millones de dólares en los ocho meses que estuvo vigente.

González Valencia siempre aseguró ser un empresario que vivía de la renta de un complejo de oficinas y estacionamientos en México. En su paso por la Argentina y Uruguay, como pudo reconstruir Encripdata, movió 6,4 millones de dólares más los gastos diarios de su familia, pero nunca declaró actividad comercial alguna.

El exfiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció en 2017 que el CJNG, para el que aquel operaba, era «una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas en la faz de la Tierra». En aquel momento, el cártel del «Mencho» ya tenía presencia en el 75% de México. No por nada, la Drug Enforcement Administration (DEA) pagará hasta 10 millones de dólares a quien entregue al cuñado de Gerardo.

Parte de las ganancias del trasiego de droga del CJNG a Estados Unidos y Europa pasó por la empleada doméstica uruguaya y terminó en manos del evasor argentino. De eso no hay dudas. La mujer no tenía, ni por asomo, esa capacidad económica. Nadie sabe, sin embargo, cuál era el plan del jefe cuini para recuperar esos fondos que el empresario local ingresó a los blanqueos de capitales del kirchnerismo y el macrismo.

Tras su extradición, el capo mexicano se llevó el enigma a otra parte.

Hasta la próxima vez que el CJNG vuelva a operar en la Argentina.