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Denuncian falta de documentación en la Dirección de la Niñez de la Ciudad de Buenos Aires

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La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires indicó que no hay registros que respalden los convenios con ocho organizaciones no gubernamentales para insertar a jóvenes en el mundo laboral. Los acuerdos se hicieron en 2008
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires indicó que no hay registros que respalden los convenios con ocho organizaciones no gubernamentales para insertar a jóvenes en el mundo laboral. Los acuerdos se hicieron en 2008

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) realizó un informe sobre la Dirección General de Niñez y Adolescencia, con el objetivo de evaluar aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del programa de fortalecimiento de vínculos. En el trabajo se hallaron inconsistencias en los montos transferidos producto, en parte, de la falta de documentación respaldatoria. 

 

En 2018, año observado por la AGCBA, el gobierno porteño desarrolló convenios con ocho organizaciones no gubernamentales para llevar adelante el programa. Sobre esto, el organismo de control pidió información sobre las transferencias monetarias realizadas en aquel período y encontró que, a pesar de haber enviado $2.203.633,20 (21,9% del monto total de transferencias), el ente auditado no acreditó vínculo con las ONGs.

Según el portal El Auditor, la Dirección, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, tampoco remitió documentación sobre la cantidad de beneficiarios, los montos otorgados y las fechas de percepción. Todo esto se dio a raíz de que no puso a disposición del organismo de control la copia de los respectivos convenios firmados. 

Además, la AGCBA encontró que siete de las ONGs a las que se les transfirió dinero estaban inscritas dentro del Registro de Organizaciones No Gubernamentales, tal y como lo solicita el artículo 74 de la Ley 114. Pero una, la parroquia Nuestra Señora de Caacupé no estaba anotada y recibió fondos, “lo que constituye una inobservancia a la norma”, según la Auditoría.

Por otro lado, la Dirección también mostró debilidades en el control interno respecto a la guarda de documentación. Concretamente, no pudo remitir archivos que respalden la correcta utilización de los recursos, al punto que de las transferencias de 2018 -por $10.070.424,2- sólo brindó información por el 12,3%. Para la AGCBA esta debilidad “vulnera los principios de rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública”.

 

Reconstruyendo lazos

En el año 2011 se creó el Programa Cooperación para la Producción y Aprendizaje (CooPA), destinado a adolescentes de entre 14 y 18 años de los barrios Rivadavia I y II, Villa Padre Ricciardelli (ex 1-11-14), Barrio Illia I y II. De la iniciativa forma parte “Reconstruyendo lazos”, una práctica socioeducativa laboral para jóvenes entre 16 y 21 años en situación de vulnerabilidad social.

En ese marco se firmaron convenios con organizaciones de la sociedad civil que no implicaban la transferencia de fondos. Siete de los 32 acuerdos no fueron puestos a disposición del organismo de control. De los otros 25 analizados siete no se encuentran en el Registro de las entidades que trabajan sobre cuestiones relacionadas de manera directa e indirecta con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tal y como exige el artículo 74 de la Ley 114.

En 2018, según la información proporcionada por el organismo auditado, el Programa Proyecto por Nosotros/as - Reconstruyendo Lazos (SIC) recibió una transferencia por $1.234.525. Sin embargo los auditores señalaron que esto se trata “de una incorrecta imputación presupuestaria”, dado que el programa no pertenece a la actividad presupuestaria 12000. Es decir, no figura como una de las prácticas socioeducativas laborales del programa Fortalecimiento de Vínculos

Además, el equipo de auditoría cotejó esa cifra informada con la información que brinda el sistema integrado de administración financiera de la CABA (SIGAF)  y se verificó que la suma ascendía a $7.866.791. Tal situación implica “una inconsistencia en la información proporcionada por el auditado que impide el acceso a la información adecuada, oportuna y confiable respecto a la ejecución de los programas”, señala AGCBA.

 

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