Los cambios en el Poder Judicial transcurren siempre en cámara lenta. Esa característica se acentúa en la Corte Suprema. Sin embargo, en los últimos tiempos varios factores están acelerando una transfiguración. La renuncia de Elena Highton de Nolasco acaba de sumarse a esa secuencia. Hay países donde estas modificaciones resultarían indiferentes para la opinión pública. No es el caso de la Argentina. Los niveles de corrupción de una parte importante de la dirigencia, sobre todo la del kirchnerismo, combinados con los grados de manipulación política a la que están sometidos muchos tribunales, hacen que las novedades en la Justicia tengan un impacto inmediato en las disputas de poder.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández ofrecieron ayer una prueba de esta desproporción. A pesar de estar incomunicados entre ellos, se reencontraron en Twitter para hostigar a sus dos blancos preferidos: los jueces y los periodistas. A propósito de un título de Clarín, que interpretaba que con la salida de Highton “el Gobierno perdió su único voto en la Corte”, el Presidente se declaró sorprendido y preguntó de quién eran los otros cuatro votos. La vicepresidenta retuiteó. El ataque a terceros puede ser un camino que los reconcilie. Eso sí: la animadversión es tan grande que haría falta una muchedumbre de terceros.

Más allá de lo que haya significado la presencia de Highton en la Corte, su alejamiento opera como un resaltador de varios conflictos y realineamientos que hoy se cursan en la Justicia. Highton fue siempre una jueza cercana a Alberto Fernández, quien recomendó su designación a Néstor Kirchner. Anteayer se habría verificado una vez más esa cercanía, si es verdad que la magistrada almorzó con el Presidente para presentarle en persona su renuncia.

Que Highton fuera próxima a Fernández no quiere decir que fuera una jueza favorable al kirchnerismo. En este desfasaje anida uno de los problemas de la relación entre el Presidente y la señora de Kirchner: no está tan claro que la solución de las pesadillas judiciales de ella y de su grupo esté entre las prioridades del primer mandatario. Highton defraudó las expectativas kirchneristas en causas como las de Milagro Sala, Amado Boudou o la catástrofe ferroviaria de Once. ¿Defraudó también las expectativas de Fernández?

El alejamiento de la jueza es comprensible. Además de los achaques de salud, estaba mortificada por una causa penal que investiga si, cuando presentó un recurso de amparo para seguir en la magistratura más allá de los 75 años, se apresuró, a sabiendas de que la Corte iba a fallar en sentido contrario en el caso del camarista Leopoldo Schiffrin. Es decir, ¿utilizó información privilegiada para ponerse a salvo de esa sentencia? Alberto Fernández y Cristina Kirchner lastimaron varias veces la sensible piel de Highton criticándola por haber superado el límite de edad. Con ella fuera de la Corte, la cuestión carece de sentido.

El último episodio protagonizado por la jueza fue la inasistencia al acuerdo en el que se votó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como nuevas autoridades de la Corte. Se plegó así a la conducta de Ricardo Lorenzetti, quien hizo todo lo que estaba a su alcance para impedir el ascenso de Rosatti. Inclusive, ofrecer a Rosenkrantz su voto y el de Highton para asegurarle la reelección. Por lo visto, a Lorenzetti no le hubiera molestado que Rosenkrantz se eligiera a sí mismo. Algo que ahora condena en el caso de Rosatti y del propio Rosenkrantz. Como sentenció el filósofo Díaz Martínez, “en política la ética suele ser un procedimiento para aplicar al adversario”.

Highton se retirará el 1 de noviembre. Por lo tanto, en los próximos tres acuerdos la Corte tratará causas en las que ella ya haya votado. Su ausencia tendrá una consecuencia interesante de orden práctico. El tribunal volverá a sus reuniones presenciales, ya que solo ella solicitaba hacerlo por vía virtual. Los primeros encuentros prometen ser electrizantes. Sobre todo para Rosenkrantz, aplicado alumno de la escuela de boxeo que lidera Alejandro Rosso en el Club Universitario de Buenos Aires, donde al jurista se lo identifica con el inesperado apodo de “Rocky Rosenkrantz”.

El motivo de la tensión es que Lorenzetti ha irritado a los tres colegas que le quedan: Rosatti, Rosenkrantz y, sobre todo, el pacífico Juan Carlos Maqueda. La primera incomodidad surgió con el frustrado proyecto de ley que, con la firma de Emiliano Yacobitti y Cristian Ritondo, proponía un modo de designación del presidente de la Corte que, en teoría, daría ventaja a Lorenzetti. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda interpretaron que su colega había ido a buscar apoyo externo para torcer la voluntad del propio tribunal. La estrategia consiguió lo contrario que se proponía: convertir a esos jueces en un trío. Para que esa alianza se vuelva más sólida, Lorenzetti intentó, con la colaboración de Highton, corroer la renovación de autoridades ausentándose del acuerdo. Dio un paso más: explicó ante la prensa que lo que habían hecho sus colegas era inmoral. El recorrido mediático siguió en las últimas horas: Lorenzetti sostuvo que, desde que él dejó la presidencia, la Corte ha perdido calidad y se ha hundido en una crisis.

Lorenzetti mantiene un contacto frecuente con Gerónimo Ustarroz, el delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Tiene un vínculo estrechísimo con Nicolás Fernández, el exsenador por Santa Cruz gracias a quien él llegó a la Corte. Más allá del diálogo esporádico que mantenga con Alberto Fernández, entre los dos existe un puente muy activo: el juez Ariel Lijo, quien procesó a varios de los responsables del financiamiento de la campaña de 2007 a través de droguerías ligadas al tráfico de efedrina, pero excluyó al jefe de campaña: el actual Presidente.

Sería un error, sin embargo, derivar de estas conexiones alguna complicidad de Lorenzetti con el Gobierno en sus diatribas contra los colegas de la Corte. Sobre todo porque no está claro que Cristina Kirchner haya corregido su juicio sobre él. Le reprocha haber intentado conducir un lava jato contra ella. Dicho de otro modo: lo considera el padre del declamado lawfare. Aunque esa apreciación podría haber cambiado: hace 30 días el aguerrido abogado del Presidente y de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, reclamó que Lorenzetti fuera repuesto al frente de la Corte. Conclusión: la embestida de Lorenzetti contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda es un servicio del juez al kirchnerismo. Un servicio, quizás, involuntario.

No es lo único que el magistrado hace contra su propia voluntad. Lorenzetti está por lograr lo que se creía imposible: que los otros tres ministros conformen una mayoría más o menos estable. Habrá que ver cómo evolucionan los pronunciamientos. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda querrán evitar, en un comienzo, materias en las que tengan grandes disidencias. Si no consiguen formar una mayoría, deberán convocar a conjueces. Es inevitable, como sucedió entre 2015 y 2016, por el fallecimiento de Enrique Petracchi y la renuncia de Carlos Fayt, que el dinamismo de la Corte se vaya aletargando. En el plano político, la lentitud afecta, sobre todo, a la señora de Kirchner, quien sigue esperando pronunciamientos en varios casos claves.

En los temas de administración del Poder Judicial, es posible que el trío opere con mayor celeridad. Las decisiones se toman con la siguiente prelación: presidente (Rosatti), vicepresidente (Rosenkrantz), decano (Maqueda) y, al final, Lorenzetti. Cuando los expedientes lleguen al disidente Lorenzetti, las cuestiones estarán, quizá, resueltas. Los jueces inferiores son muy sensibles a esta dinámica que los afecta en su vida cotidiana. Así se explica que todos los magistrados de Comodoro Py ya hayan tomado contacto con Rosatti. Todos, salvo uno.

El ambiente jurídico se va sembrando de especulaciones sobre posibles reemplazantes de Highton. Se presume que será una mujer. ¿Mónica Pinto? ¿Laura Monti? ¿La salteña Mariana Catalano? Ahora que Tucumán ganó espacio en el Gobierno se menciona a Claudia Sbdar, de la Corte de esa provincia. Miembro de la “Comisión Beraldi”, Sdbar tiene un trato distante con Manzur. Y, a pesar de sus antecedentes académicos, debe remontar un reparo opositor: ser la madre de un fugaz secretario privado de José Alperovich.

Manzur aspira a ser un actor en el debate. Aunque carga un antecedente que en el kirchnerismo resulta negativo: algunos allegados a la vicepresidenta recuerdan el viaje del actual jefe de Gabinete a Washington, en septiembre de 2019, cuando funcionarios del Departamento de Estado e inversores interesados en el país le escucharon asegurar, ante la pregunta por la situación judicial de la señora de Kirchner, que “no habrá impunidad para nadie”. En ese viaje había otros mandatarios, como el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el vicegobernador de Santiago del Estero, José Neder; además del agente de negocios Gustavo Cinosi, que los introdujo en la OEA. La versión llegó, veloz, a los oídos de la interesada.

La danza de los nombres de candidatas es un ejercicio abstracto. El contexto político conspira contra cualquier designación. El límite más evidente es que el Gobierno debería conseguir dos tercios en el Senado para cubrir una vacante. Pero antes aparece un obstáculo que, hoy por hoy, parece más rebelde: deberían ponerse de acuerdo Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

En el actual clima político, conseguir que la oposición coincida en algún nombre también es impensable. Existe una tendencia, que el constitucionalista Martín Oyhanarte describió en un artículo publicado por la Washington University Global Studies Law Review, por la cual la conducta más racional de las oposiciones consiste en ejercer una resistencia irracional a cualquier designación, para elevar la calidad de los candidatos.

En la política local, esta lógica se ve acentuada por otra: en una escena polarizada, el único entendimiento posible es el entendimiento entre los extremos. En otras palabras, nadie tiene un estímulo a negociar con la otra parte si eso acarrea el costo de ser denunciado por traidor por el ala más intransigente de su propio grupo. En concreto: el único pacto eficaz sería un pacto entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

El expresidente ha sido llevado al centro de la escena por el juez de Dolores Martín Bava, quien lo citó a declaración indagatoria para hoy. Bava emitió una resolución en la que prohibió a Macri salir del país, ignorando lo que en esas horas publicaban los diarios: que Macri estaba dando conferencias en los Estados Unidos. Los abogados del exmandatario refirieron que su cliente no había sido notificado. Bava ordenó ayer a la Policía Federal citarlo en varios domicilios. Por la vía del absurdo, la convocatoria en plena campaña electoral y esas distracciones procesales, acaso beneficien a Macri. Distraen respecto del motivo de la declaración: que la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, según reconoció la propia Majdalani, espiaba de manera clandestina a las familias de los fallecidos por el hundimiento del submarino ARA San Juan. La investigación podría tener conexión con otra, que quedó en el olvido: el entonces subsecretario de Relaciones Internacionales para la Defensa, José Luis Vila, había denunciado el 18 de mayo ante la Justicia ordinaria perturbaciones en su teléfono, contemporáneas a las que se registraron entre los familiares de las víctimas del naufragio. Sobre todo, algunas comunicaciones por chat con Noel Costa, la directora de Inteligencia del Ministerio. Costa era el contacto de Madjalani en Defensa. Un mes y medio después de la denuncia, el 6 de julio, en el domicilio de Vila apareció un aparato explosivo en cuya instalación aparecen involucrados, según infinidad de pruebas, agentes de la AFI. Sería muy saludable que el juez Bava sea riguroso, no politice sus resoluciones, ofrezca todas las garantías necesarias: solo así una trama tan oscura podría obtener alguna claridad (Diario La Nación).